Se trata de la tía de las niñas Lilian Mariana y María Carmen Villalba, que fueron asesinadas por integrantes de una fuerza especial del Ejército de Paraguay.
La Comisión Nacional para los Refugiados de Argentina (Conare), concedió refugio político a Myriam Villalba, quien es perseguida por el gobierno de Paraguay por su parentesco con Carmen Villalba, que está recluida hace casi 18 años en la cárcel del Buen Pastor, en la localidad misionera de Puerto Rico.
Myriam Villalba es tía de las niñas, Lilian Mariana y María Carmen Villalba, de once y catorce años, que fueron asesinadas por integrantes de una fuerza especial del Ejército de Paraguay, el 2 de setiembre de 2020.
El crimen fue perpetrado en la localidad paraguaya de Yby Yaú en un operativo en el que fue desaparecida otra niña de catorce años, Carmen Elizabeth.
Al respecto la abogada Laura Tafettani, quien llevó la representación de la familia Villalba ante la Conare, la decisión implica que “el Estado Argentino reconoce la persecución de la que es objeto la familia Villalba por parte del Gobierno del Paraguay”.
A sólo dos días del operativo en el que la Fuerza de Tarea Conjunta del Ejército de Paraguay (FTC) asesinada a las dos niñas, a quienes intentaron presentarlas como “guerrilleras abatidas en un enfrentamiento”, la Cancillería de Argentina demandó oficialmente al Gobierno paraguayo “el esclarecimiento y la identificación de responsables por la muerte de dos ciudadanas argentinas de once años de edad”.
Asimismo, hizo público su rechazo “de la manera más enérgica” a declaraciones que entonces hiciera el comandante de la FTC, Héctor Grau, quien acusó a nuestro país de ser una “guardería de soldados del Ejército del Pueblo Paraguayo”.
También la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, exigió el 5 febrero pasado que el presidente, Mario Abdo Benítez, busque “urgentemente” a Carmen Elizabeth. Y cuestionó que Paraguay haya desestimado llevar a cabo un examen forense completo antes de que las niñas fueran enterradas, así como la destrucción de pruebas fundamentales y la negativa del Gobierno de realizar un estudio forense independiente para el que se había propuesto al Equipo Argentino de Antropología Forense.
La Alta Comisionada también pidió al gobierno de Paraguay realice una investigación inmediata, “independiente y efectiva sobre las muchas preguntas sin respuesta en torno a sus muertes”.