“Reclamamos que cese la represión y que los gobiernos de Duque y Piñera respeten los derechos sociales y populares”, destaca una declaración de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos.
La Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos, hizo público su respaldo a “las luchas por la dignidad popular y nacional de los pueblos de Colombia y Chile, que en estos días realizan paros y marchas contra el continuismo de las políticas neoliberales y represivas de los presidentes Duque y Piñera”.
Vale recodar que este espacio es integrado por organismos de México, Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina, entre los que se encuentra la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
“Los organismos de Derechos Humanos que conformamos la Coordinadora llamamos al conjunto de fuerzas democráticas y humanistas de la región a reclamar que cese la represión y que los gobiernos de Duque y Piñera respeten los derechos sociales y populares”, destaca una declaración de este espacio.
Tras lo que recalcó que es preciso que “los organismos internacionales que exijan a estos gobiernos el cumplimiento de los pactos y convenios internacionales, en primer lugar aquellos que regulan el uso de armas letales y los que garantizan el libre ejercicio del derecho de organización y lucha por lo que se considera justo”.
Por otra parte, la Asociación Americana de Juristas, el ex juez español Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia solicitaron a la Corte Penal Internacional que investigue, acuse e inicie un juicio al presidente chileno Sebastián Piñera por la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Lo hicieron por medio de un escrito enviado a la fiscal general de esa Corte, la abogada Fatou Bensouda, en el que se hace hincapié que Piñera y a sus colaboradores civiles, militares y policiales deben ser juzgados por este tipo de delitos “cometidos de manera generalizada y sistemática” desde octubre de 2019 en el contexto de la represión del estallido social.
Asimismo, advierten sobre “la impunidad que se vive en Chile, donde se cerraron 3.050 causas por violencia institucional asociadas al estallido social” que fueron calificados como delitos comunes “de una manera errónea y deliberada”.
Tras lo que añade que por medio de esa maniobra se procura “sustraerlos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional” para provocar condiciones “que permitirían favorecer su posterior impunidad con la eventual aplicación de las reglas de la prescripción, o mediante la aplicación de posibles indultos, amnistías o leyes de punto final”.
Y se denuncia que los organismos del Estado encargados de investigar y juzgar, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, tuvieron una demora injustificada en la sustanciación de estos procesos y sus actuaciones no revisten la necesaria independencia e imparcialidad, así como el debido respeto por el principio de Igualdad ante la Ley.