Miles de personas que integran comunidades indígenas del Brasil, se manifiestan en Brasilia mientras que la Corte Suprema decide en una causa que es clave para frenar el avance de la frontera del agronegocio sobre sus territorios ancestrales.
Diputados de la bancada del Partido Comunista do Brasil (PCdoB), hicieron público su apoyo a los integrantes de comunidades indígenas que desde el domingo pasado y hasta mañana sábado, acampan y se manifiestan en las inmediaciones del Palacio Judicial, en Brasilia.
Se trata de alrededor de seis mil personas pertenecientes a 170 pueblos para fijar su postura sobre una causa sobre la que se debe expedir la Corte Suprema, cuya decisión podría tener un impacto negativo directo sobre los derechos que tienen a sus tierras ancestrales. Si bien se esperaba que este Tribunal se expidiera ayer, los supremos prefirieron postergar su decisión hasta el primer día de septiembre.
Mientras tanto desde el campamento de la Lucha por la Vida, como denominan al epicentro de la manifestación, ataviados con sus atuendos tradicionales, los integrantes de los diferentes pueblos originarios se pronuncian sobre este proceso que va a tener efecto vinculante, ya que definirá el destino de tierras que tradicionalmente habitaron, pero que desde hace varios años, se encuentran bajo proceso de demarcación y bajo el avance de la expansión de la frontera agropecuaria, especialmente, por el auge de la soja.
Así las cosas, la decisión final de la Corte, va a servir de directriz para el Gobierno federal y todas las instancias del sistema de judicial que atienden causas similares. Y, en este sentido, Jair Bolsonaro ya se pronunció en un acto de abierta presión al Supremo Tribunal, cuando advirtió que si la decisión es favorable a la postura de los indígenas “se terminó el agronegocio en Brasil”.
Es que la Corte Suprema debe determinar la validez jurídica de la Tierra Indígena Ibirama La-Klãnõ, en el sureño estado de Santa Catarina, donde viven comunidades de los pueblos Xokleng, Kaingang y Guaraní.
El máximo tribunal tiene que evaluar el derecho que estos pueblos tienen sobre zonas que también reclama el gobierno estatal y ruralistas que defienden el llamado “marco temporal” que es un criterio jurídico que establece que las tierras indígenas, son sólo las que ocupaban estas comunidades el 5 de octubre de 1988. Y, en este sentido, les exige prueba de propiedad.
Pero lo que este “marco temporal” evita contemplar, es que los miembros de estas comunidades fueron expulsados por la fuerza de sus territorios antes de esa fecha, sobre todo, durante la dictadura militar que tomó por la fuerza el Gobierno entre 1964 y 1985.
Con este telón de fondo, diputados del bloque del PCdoB y otros vinculados al Frente Parlamentario Indígena, participaron de la marcha que tuvo lugar ayer hacia la sede del máximo tribunal.
“La vida de los pueblos indígenas no solo se da desde 1988”, recalcó ahí la diputada federal comunista, Perpétua Almeida, tras lo que destacó que “es importante que reconozca el derecho de los pueblos indígenas sobre sus territorios y que merecen seguir, de acuerdo con la Constitución, ocupando las tierras que originalmente fueron suyas ”.
Mientras que, desde la misma bancada, Alice Portugal, celebró que se trató de “la mayor movilización indígena de la historia” que exhibe “todo el poder y la diversidad de nuestros pueblos originarios”. Y alertó que, “si no hay justicia para los pueblos indígenas, no habrá ya paz para el gobierno”.