En Paraguay y a instancias del Presidente Abdo Benítez, se sancionó una Ley que duplica la pena para quienes ocupen tierras. “Los usurpadores son la gran minoría de terratenientes ganaderos y sojeros”, denunció el PCP.
“Los usurpadores e invasores de tierras son la gran minoría de terratenientes ganaderos y sojeros, y para confundir y seguir dividiendo a las mayorías trabajadoras, mienten diciendo que organizaciones campesinas vinculadas a la izquierda son quienes invaden la propiedad privada”, recalcó el partido Comunista Paraguayo (PCP), al referirse a la Ley promulgada el jueves pasado por el presidente, Mario Abdo Benítez, que eleva a las condenas a quienes protagonicen ocupación de predios.
La norma que había sido votada sólo un día antes por el Congreso, establece penas de hasta diez años de cárcel “para quienes invadan tierras privadas”, es una Ley hecha a la medida de la criminalización de campesinos e indígenas que protestan contra el avance de la frontera sojera y el latifundio.
Por eso, fueron precisamente colectivos de indígenas y campesinos, junto a organizaciones sociales, de Derechos Humanos y políticas, entre ellas el PCP, las que durante la jornada de la votación legislativa, cercaron el Congreso en una vigilia en la que manifestaron su oposición a la iniciativa.
Esa vez fueron reprimidos por personal policial y el proyecto se convirtió en Ley, por lo que ahora se duplicó la pena estipulada para la “invasión de inmueble ajeno” y se estableció que sea de cumplimiento efectivo.
Todo esto, en un país en el que el Estado jamás investigó las denuncias que oportunamente hicieran la ONU y la Comisión de la Verdad, que dan cuenta de que durante la dictadura que encabezó Alfredo Stroessner, casi el cuarenta por ciento de las tierras rurales útiles, fueron entregadas irregularmente a militares, legisladores y empresarios.
Invasores
“Quienes desde hace décadas vienen invadiendo tierras, quieren maquillar su ilegal posesión con nuevas leyes”, advirtió el PCP y recordó que se trata de familias “que se volvieron millonarias evadiendo impuestos, apoyando al terrorismo de Estado, la corrupción y el saqueo del stronismo, explotando a trabajadores sin pagarles lo que plantea el Código Laboral”.
Tras lo que hizo hincapié en que “en el país con la mayor desigualdad en la distribución de tierras del continente, no se puede seguir apelando a la represión, criminalización y encarcelamiento de la gente como respuesta estatal frente a esa extendida problemática”.
Y, sin dudarlo, resaltó que “la enorme concentración de tierras en manos de terratenientes, nacionales y extranjeros, crea un sistema latifundista que priva a miles de familias campesinas, indígenas y de población urbana de un lugar donde vivir, trabajar y producir”.
Algo que constituye una “privación injusta e inhumana, en un país donde si hay algo que abunda son las tierras, por la baja densidad poblacional, pero por el acaparamiento egoísta de los grupos de poder económico, se ha vuelto inaccesible para miles de familias de escasos recursos del campo y de las zonas urbanas”.
Pero, pese a esto, aclaró que “los trabajadores del Paraguay, tenemos mayor claridad ahora”, ya que “sabemos que los invasores de tierras son las familias millonarias”, mientras que “el Estado paraguayo es sostenido por millones de obreros y campesinos, pero funciona para los ricos”.