Se retrocedió con la decisión del Tribunal Constitucional de Perú de ordenar que se libere al ex presidente de Perú, tras un pedido de organismos de Derechos Humanos.
Finalmente se retrocedió con la decisión del Tribunal Constitucional de Perú de ordenar que se libere a Alberto Fujimori quien fue condenado por ser culpable de perpetrar crímenes de lesa humanidad, en un fallo que fue anulado hace más de tres años.
Como se recordara Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión en la causa abierta por los casos Barrios Altos y La Cantuta. En noviembre de 1991 quince personas que se habían reunido para una fiesta, entre ellas un niño de ocho años, fueron acribilladas por un destacamento del ejército que ingresó a una vivienda ubicada en la zona Barrios Altos, en el centro de Lima.
Al año siguiente, integrantes del mismo destacamento conocido como Grupo Colina que actuaba como un escuadrón de la muerte protegido por Fujimori, secuestró y asesinó a nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta.
Con este telón de fondo, la decisión del Tribunal Constitucional no pasó desapercibida para diferentes organismos de derechos humanos de la región, entre ellos la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh), que solicitaron la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
Concretamente pidieron que anule la sentencia del Tribunal Constitucional y recordaron que junto a las causas Barrios Altos y La Cantuta, pesan sobre Fujimori otras cuatro condenas de entre seis y ocho años cada una por diversos delitos de peculado doloso, corrupción y usurpación de funciones.
“Esta serie de crímenes tuvieron lugar durante una época de gran inestabilidad política en el país, en el marco del autogolpe de Estado de Fujimori, bajo el que se cometieron serias violaciones a los derechos humanos, a través de crímenes como secuestros, esterilizaciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales”, añaden los organismos.
Tras lo que recuerdan que la Cidh emitió una resolución en la supervisión de cumplimiento de sentencia de los casos de Barrios Altos y La Cantuta, por lo que la ejecución de la condena forma parte del derecho de las víctimas al acceso a la justicia.
Junto a la Ladh suscribieron la Federación Internacional por los Derechos humanos, Acción Ecológica de Ecuador,
Centro de Capacitación Social de Panamá, Centro de Derechos y Desarrollo y el de Políticas Públicas y Derechos Humanos, ambos de Perú, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos de Guatemala y desde EE.UU., el Center for Justice and Accountability, entre otras.