La comandante del Comando Sur de los EE.UU. también estuvo en Brasil. Desde el Partido Comunista se alertó que se tiene que suprimir el arrendamiento’ de base militares colombianas al ejército estadounidense.
“Debe suprimirse el ‘arrendamiento’ de base militares colombianas al ejército de EE.UU. y revisarse la función de los ‘asesores’ y la ‘ayuda militar’ para la contrainsurgencia”, recalcó el titular del Partido Comunista Colombiano, Jaime Caycedo Turriago, tras lo que advirtió que “la paz total como propuesta exige establecer estos cambios en pro de la soberanía y la autodeterminación de Colombia”.
Lo hizo en un contexto en el que la comandante del Comando Sur de los EE.UU., Laura Richardson, llevó a cabo una visita por Brasil y Colombia, donde fue recibida por el presidente Gustavo Petro, “para analizar la cooperación en materia de seguridad”, así como para “fortalecer los lazos y la cooperación entre ambos países”.
En Bogotá, Richardson sostuvo entrevistas con el ministro de Defensa Iván Velásquez y con el máximo responsable militar de Colombia, el general del Ejército Helder Giraldo, así como con otros altos mandos y participó en una ceremonia de entrega de premios en la que la general estadounidense fue galardonada con la medalla Fe en la Causa, “por sus esfuerzos en el fortalecimiento de la asociación de seguridad entre los EE.UU. y Colombia”.
Así las cosas, Caycedo cuestionó la idea atribuida al presidente Petro de proponer a la jefe del Comando Sur de EE.UU. la creación de una fuerza militar, que estaría destinada a “proteger la Amazonía de los incendios forestales” y alertó que “de tiempo atrás”, Washington persigue la idea de controlar esa zona “y el espacio estratégico ecuatorial de varias naciones, entre ellas Colombia, con propósitos de dominio y control”.
Y hace hincapié en que esto se vincula directamente con intentos de implantar el modelo extractivista y particularmente el fracking “como mecanismo de extracción petrolera secundaria con las consecuencias de contaminación de las aguas, la remoción en masa, el desplazamiento de pobladores y la contaminación de la naturaleza”. Pero también con la política contrainsurgente diseñada por EE.UU. el paramilitarismo y la exportación de narcóticos.
En este contexto resaltó que “son saludables las decisiones del actual Ministerio de Defensa y el gobierno con nuevas reglas para la acción de la fuerza pública: no más bombardeos, volver a la sustitución concertada con el campesinado, apoyar los planes de desarrollo con enfoque territorial y las medidas de reforma rural, respaldar y empoderar a las comunidades en las regiones críticas y utilizar la inteligencia militar en la lucha contra la corrupción”.
Tras lo que sostuvo que el Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016, debe ser “una guía principal de articulación del nuevo plan de desarrollo 2022-2026 en conjugación con el programa del Pacto Histórico” que tiene que incluir “una política de garantías de seguridad para la vida y la actividad sociopolítica de ex combatientes, líderes sociales, defensores de derechos humanos y activistas amenazados”.
Pero para esto, alertó, “se requiere desvincular la costosa presencia militar de la protección de los megaproyectos extractivistas y portuarios, que incuban y naturalizan el paramilitarismo como parte integral del ‘modelo’ neoliberal de privatización de los bienes comunes y del Estado, modelo que promueve el control, la expulsión, despojo y desplazamiento de las y los productores directos”.