Diferentes organizaciones sociales, de Derechos Humanos, feministas y académicas chilenas, se pronunciaron ante los ataques que sufre el proceso constituyente.
Casi un centenar de organizaciones sociales, de Derechos Humanos, feministas y académicas chilenas, se pronunciaron en estado de alerta ante los ataques que sufre el proceso constituyente que sufrió un traspié con el resultado del plebiscito constitucional que fue celebrado el 4 de septiembre.
Lo hicieron por medio de una declaración en la que señalan su “preocupación en torno al impúdico intento de los sectores políticos conservadores de secuestrar el proceso constituyente en curso e impedir el libre ejercicio de la soberanía popular”.
Tras lo que destacan que “el único medio idóneo que puede permitir el libre ejercicio del derecho de libre determinación del pueblo chileno a definir su nueva Constitución, es a través de la elección de una instancia integrada por representantes elegidos directamente por la ciudadanía, de carácter paritaria, con escaños reservados, y con representantes del mundo independiente”.
Por lo que “cualquier intento por impedir la libre expresión de la voluntad popular, ya sea a través de la designación de un mal denominado Comité de Expertos ó la decisión de asignarle al Congreso la redacción de la nueva Constitución, contraría los principios más elementales de participación democrática aceptados por la comunidad internacional”.
Y, ante esta situación, instó a que el pueblo se movilice para “impedir que su derecho a decidir sea escamoteado por las fuerzas políticas conservadores que hoy no sólo desconocen abiertamente sus compromisos expresados en Campaña sino además, pretenden burlar la voluntad popular ya expresada mayoritariamente en el plebiscito de entrada, en cuanto sea una Convención Constitucional la que elabore una propuesta de nueva Constitución”.
Asimismo, recuerdan que el Estado de Chile contrajo obligaciones en materia de Derechos Humanos por medio de diversos tratados internacionales, por lo que “avanzar en materia de respeto y garantía de derechos sociales fundamentales, como la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda digna, entre otros, debe ser una tarea prioritaria para el Estado en su conjunto, y no pueden por tanto, ser objeto de negociación ni postergación alguna”.
Y por el mismo motivo, “la verdad, la justicia la debida reparación y la implementación de las garantías de no repetición respecto de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura y el denominado estallido social, no deben ser postergadas”.