Así definió el Partido Comunista de Ecuador a la consulta popular prevista por el Gobierno, que si prospera va a permitir que las Fuerzas Armadas, lleven a cabo tareas de seguridad interna.
El Partido Comunista de Ecuador (PCE) advirtió que gobierno que encabeza Guillermo Lasso, “ha fabricado una trampa política a la que hacen pasar por consulta popular al pueblo ecuatoriano, consistente en ocho preguntas que aspiran dar un respiro político a su desprestigiada actuación”.
Así se refirió a la decisión del ejecutivo de avanzar hacia una consulta popular, prevista para 2023, sobre temas como seguridad, fortalecimiento de la democracia, involucramiento de las Fuerzas Armadas en la lucha del crimen organizado y reducción del número de diputados en el Congreso. Si prospera le va a dar al gobierno la herramienta que precisa para realizar enmiendas a la Constitución.
“Pretenden engañar al pueblo apelando a su sensibilidad ante la dura realidad por la que se encuentra pasando en todo lo que se refiere al crecimiento constante de la criminalidad en las principales ciudades del país, las masacres en las penitenciarias, la miseria extrema, la desocupación permanente, salarios de miseria y la amenaza de una ley que permita la contratación laboral sin garantías ni derechos tipificados en la Constitución y el Código del Trabajo”.
Tras lo que advirtió que la consulta que propone el gobierno, no responde a ninguna de las exigencias populares, pero violando la Constitución pretende “legalizar la unidad de policías y militares para apoyarse en la represión popular con el pretexto del terrorismo y el narcotráfico”, entre otras ideas funcionales a los intereses “del gobierno reaccionario y neoliberal de los banqueros liderado por Lasso”.
La propuesta gubernamental le abriría la puerta a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, pero también a la extradición de ecuatorianos implicados en delitos trasnacionales y que la Fiscalía se encargue de sancionar a funcionarios judiciales que incurran en faltas.
Y propone que el Legislativo pase de tener 137 “a un número cercano a cien”, así como que se recorten facultades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana creado durante el gobierno de Rafael Correa