El oficialismo quiere que el Senado trate una iniciativa de la senadora radical Carolina Losada por la que se busca agravar las penas por “denuncias falsas” en casos de violencia de género, proyecto que desalentaría a mujeres y feminidades a la hora de denunciar agresiones y abusos cometidos tanto contra ellas como contra sus hijxs.
“Esto no es otra cosa que uno más de los proyectos nefastos a los que nos tiene acostumbrados la derecha”, dijo la secretaria de Igualdad, Géneros y Diversidades del Suteba de San Vicente, Julieta Alonso, al referirse al proyecto de Carolina Losada que el Senado se apresta a tratar y que, si prospera, facilitaría que se agraven penas por supuestas “falsas denuncias” vinculadas con violencia de género, delitos contra menores de edad o contra la integridad sexual, algo que tal como coincidieron en advertir diferentes organizaciones feministas, busca desincentivar a las mujeres e identidades de la diversidad genética a denunciar situaciones de violencia contra ellas y sus hijxs.
El repudio del movimiento feminista y de distintos sectores de la sociedad hizo naufragar el intento mileísta de que el Senado incluyera en la sesión de hoy el debate sobre este proyecto. Sin embargo, su tratamiento sigue estando entre las prioridades de la agenda parlamentaria del gobierno. Al respecto, Alonso recordó que el Código Penal ya es claro cuando establece penas de uno a cuatro años de prisión para los casos de falsas denuncias que, según sea el caso, pueden extenderse hasta diez años. “Si bien hay falsas denuncias, estadísticamente queda claro que son muy poco frecuentes”, refirió y añadió que “por eso cabe preguntarse hacia dónde apunta este proyecto de Losada que es muy cuestionado desde los feminismos y desde los espacios de Derechos Humanos”, tal como lo expresaron “el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y hasta de la propia ONU”.
Asimismo, fue clara cuando recalcó que la aplicación de una ley como la que propone la senadora Carolina Losada de la UCR “sería contraproducente, porque ya es difícil dar el paso que implica hacer una denuncia, dado que la víctima suele encontrarse en medio de una fuerte presión psicológica y de la manipulación del agresor”, a lo que se suma un Poder Judicial “que muchas veces descree lo que dice la víctima, no actúa con celeridad y en consecuencia tarda en poner las cautelares que estos casos requieren”.
Con esa misma preocupación, la dirigente del Suteba subrayó que “también hay que pensar en el machismo imperante en nuestra sociedad y en el patriarcado que está instalado en los efectores de salud, como así también en el Poder Judicial y la cadena administrativa que debe actuar en cada uno de los lugares que debe atravesar una persona que fue violentada para poder llegar a denunciar el hecho”. Esto, como señaló la Secretaria de Géneros y Diversidades del Suteba de San Vicente, provoca que haya un subregistro de este tipo de casos, situación “que se incrementaría si se convierte en ley este proyecto que detrás tiene una protección a agresores sexuales y personas violentas”.
Por otra parte, Julieta Alonso cuestionó el enfoque del que parte esta iniciativa estigmatizante. “Nunca hablan de qué tipo de instrumentos debe construir el Estado para prevenir que continúe creciendo este tipo de violencias, de cómo hacemos para evitar que se llegue a este tipo de hechos”, ya que para eso “una de las principales claves sería profundizar el trabajo de prevención y planificación que se hace en la Educación Sexual Integral”, la que desde que Javier Milei es presidente es sistemáticamente desfinanciada.
