Los taxistas se quejan por el aumento de los combustibles. Un plan, dos proyectos y la urgencia de definir qué se quiere hacer con YPF. Mientras tanto el ejecutivo prorrogará el régimen de biocombustibles.
Por medio de una declaración que firman su titular y secretario, Luis Fernández y Alberto Rodríguez, la Asociación de Taxistas de Capital (ATC), hizo público su rechazo al aumento del precio de los combustibles y pidió que el ejecutivo nacional la reciba para discutir el tema.
ATC explica que con el nuevo incremento, en una jornada de trabajo sólo en concepto de combustible, el gasto de los taxistas pasa de 660 a 770 pesos, por lo que “una parte importante de nuestros ingresos, entre 17 mil y veinte mil pesos mensuales, va a ir a parar a los bolsillos de las petroleras, en su inmensa mayoría multinacionales”.
Después recalca que esta medida no aporta a la recuperación del mercado interno ni a una distribución más equitativa de la riqueza, ya que “sólo beneficia a grupos concentrados a quienes no se les controla suficientemente sus costos de producción y sus enormes márgenes de ganancia por un bien que está en nuestro subsuelo y es, o debiera ser, patrimonio de todos los argentinos”.
Por lo que señala que “da la sensación que Aranguren sigue estando aún en la Secretaría de Energía, pues las políticas aplicadas no difieren de las que éste llevó a la práctica, consciente de los efectos negativos que producía en el resto de la actividad económica”.
Y recuerda que oportunamente, “le habíamos hecho llegar públicamente al Gobierno Nacional, una solicitud de rebaja del GNC para la actividad taxista del treinta por ciento, como paliativo a la gravísima situación de crisis que atraviesa nuestra actividad”, tras lo que lamenta que, “paradójicamente, la respuesta es el monto del aumento decretado”.
Vale recordar que durante el semestre inicial de este año, YPF dispuso un esquema de aumentos de tres etapas que, según explicó es parte del financiamiento del plan de inversiones que tiene previsto desarrollar. La empresa adelantó que después de esto, no va a volver a aumentar sus combustibles durante lo que resta del año.
Y explicó que el plan de inversiones para 2021, contempla la inyección de 2.700 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 73 por ciento respecto del año anterior y coloca a la petrolera como la empresa líder en inversiones en el país.
Producir y desdolarizar
La idea del plan de inversiones va a acollarada a dos proyectos que anunció Alberto Fernández durante su mensaje a la Asamblea Legislativa, pero que al parecer, todavía se cuecen a fuego muy lento.
Una es la iniciativa que prevé la desdolarización definitiva de tarifas, comenzando por la pesificación de contratos suscriptos en moneda estadounidense, como aquellos de compra-venta de energía (PPA) que Cammesa firmó para proyectos de generación de electricidad.
El otro es el proyecto de ley de hidrocarburos que, según se dejó trascender, ya tiene un par de borradores que analizan el Ministerio de Economía, la Secretaría de Energía y la propia YPF.
El recorrido de esta iniciativa es sinuoso. A poco de asumir, Fernández junto a Guillermo Nielsen, a quien designó al frente de YPF, se impulsó una mirada que pivotaba sobre Vaca Muerta, algo que establecía cierta continuidad con la que tuvo el Gobierno Cambiemos y también la Presidencia de Cristina Fernández.
Pero la idea de basar el esfuerzo y, por ende el proyecto, en los recursos no convencionales, varió a partir de la llegada de Darío Martínez a la Secretaría de Energía y la posterior asunción de Pablo González como presidente de YPF.
Desde entonces se deja entrever que lo que se busca es avanzar en un diseño que, sin desatender Vaca Muerta, permita potenciar la explotación de recursos hidrocarburíferos convencionales.
La lectura que se hace desde La Rosada, es que la capacidad multiplicadora de trabajo que tiene apostar a los recursos convencionales es muy superior a la que brindaría hacerlo con los no convencionales. En las nueve provincias petroleras, hay alrededor de 48 mil familias que viven de esta actividad, a lo que hay que sumarle los puestos indirectos que genera.
Así, el circuito económico que esto favorecería, también ayudaría a que la inversión se amortice más rápidamente. Y, al respecto, hay una comparación que es clave: mientras Vaca Muerta mueve trabajo y dinero en una provincia, la explotación de hidrocarburos convencionales lo hace en nueve. Por otro lado, la producción hidrocarburíferas convencional requiere de una menor inversión que aquella no convencional.
Esto también es un dato clave que se tiene en cuenta en los borradores del proyecto de ley de hidrocarburos, ya que la inversión se vuelve más atractiva si hay mayor capacidad de una rápida amortización. Y, en este sentido, se sabe que el texto prevé beneficios para la exportación y para tentar potenciales inversores en los dos campos.
Claro que esto es una moneda de dos caras. Durante el Gobierno Cambiemos se hizo mucha propaganda, sobre el esfuerzo que se hacía para fomentar la inversión privada en Vaca Muerta.
“Después de muchos años de producción decreciente de gas en el país logramos revertir la tendencia y la producción de gas volvió a crecer”, se jactaba Mauricio Macri al presentar el Plan Gas. Pero lo cierto es que quien se benefició casi exclusivamente con esa iniciativa, fue Tecpetrol, la empresa del rubro del Grupo Techint que, en sólo dos años, recibió casi cuarenta mil millones de dólares de subsidios por parte del Estado por su actividad en Vaca Muerta.
Pese a esto y a que durante cuatro años contó con tarifas dolarizadas, la gestión de la Presidencia Macri, hizo que la producción gasífera de YPF no creciera e incluso que cayera levemente por debajo de la existente durante 2015.
Durante esos años la cosa tampoco le fue bien a la exploración y explotación de crudo. Durante 2019 la inversión total que hizo YPF para esto registra una caída del 46 por ciento respecto a 2015.
Pero a la hora de analizar esta problemática, también vale la pena mirar qué pasa con el régimen de promoción de biocombustibles. La Ley que lo rige vence la semana que viene y el ejecutivo anunció que va a prorrogar el régimen durante sesenta días en los que espera poder saldar las diferencias que existen entre la extensión de la ley vigente por seis años más que aprobó el Senado y la iniciativa que promueve el oficialismo en Diputados.
Vale recordar que desde 2010, cada vez que se carga el tanque con gasoil, se está poniendo un diez por ciento de biodiesel, mientras que en el caso de la nafta el corte es del doce por ciento.
Así las cosas, va a ser determinante que se le saque muy bien la punta al lápiz para redactar el proyecto de ley de hidrocarburos, sobre todo, a la hora de definir qué papel se espera que tenga YPF, para garantizar que sea motor de producción, crecimiento, abastecimiento y trabajo, pero asimismo para que los subsidios que aporta el Estado sirvan a que trabajadores como los taxistas, puedan acceder a un insumo elemental de su actividad como es el combustible, a precios razonables. Y que esos subsidios dejen de ir a engordar los bolsillos de un holding como Techint que envía sus remesas a su sede que, por cierto, radicó en la cloaca fiscal de Luxemburgo.
