Casi en simultáneo la Corte Suprema de Justicia y la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal emitieron dos fallos que tienen entre sus verdaderos fundamentos esmerilar al gobierno del FdeT y favorecer al macrismo.
A la espera de una reforma judicial que ponga en caja a la corporación judicial, la justicia federal, el sector más comprometido de “la justicia” con los poderes económicos de la Argentina, continúa oficiando como escudera de las grandes empresas.
Por las mismas horas en las que la Corte Suprema de Justicia daba a conocer su fallo con el que declaró inconstitucional el DNU 241/2021, sancionado por el ejecutivo para mitigar la incidencia de los casos de coronavirus, la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal hacía lugar a una cautelar presentada por Telecom Argentina y suspendía los artículos del DNU 690/20 que declaran a los servicios de telecomunicación “esenciales”, en el marco de la pandemia y la crisis económica que atraviesa el país.
La decisión fue tomada por los jueces José Luis López Castineira y Luis María Marquez; la magistrada María Claudia Caputi votó en disidencia. Y, en el mismo sentido, la sala II suspendió diferentes resoluciones (1466/2020, 1467/2020 y 204/2021) del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), destinadas a implementar el DNU.
Entre las más importantes, se encuentra se encuentra aquella que había establecido en febrero pasado un aumento del 5 por ciento en el servicio de cable, telefonía e Internet, en contraposición al incremento del veinte por ciento que había facturado Fibertel, empresa del conglomerado Cablevisión-Clarín, sin autorización previa del Estado.
Ahora, gracias a la resolución de la sala II empresas como Fibertel-Cablevisión, Personal, Telecentro y Movistar podrán establecer aumentos en sus servicios. En concreto, el fallo de la sala II desautoriza la potestad del Estado para regular el precio de un servicio esencial en un contexto de crisis económica y sanitaria y avala el imperio consuetudinario del libre mercado en el sector.
El fallo de la Corte y de la sala II, forman parte de una batería de medidas tomadas por el poder judicial para proteger los intereses de los grandes grupos económicos, al tiempo que busca generar las mejores condiciones para formar una alternativa política de derecha con posibilidades de ganar las elecciones en 2023.
Internas aparte, cada día queda más en claro la necesidad que tiene un sector del bloque de poder en Argentina por explorar, dentro de una carta acotadísima, “alternativas viables” para recuperar la administración del Estado tras el escandaloso gobierno de Mauricio Macri, cuyo repudio en los sectores populares sigue firme.
Los fallos fueron leídos por esta línea en el Frente de Todos (FdeT). Ayer, en Ensenada, habló el presidente Alberto Fernández y dijo que "un juez tiene derecho a postular un presidente, tiene derecho a votarlo. Lo que no puede hacer es usar las sentencias para favorecer a los candidatos que les gustan", en clara alusión a Horacio Rodríguez Larreta.
En definitiva, se trata de la misma “justicia” que deberá llevar a cabo las investigaciones por el abandono de la empresa Arsat durante el gobierno de Macri, que buscó favorecer a las mismas empresas a las que benefició el fallo de la sala II.
Vale recordar que en febrero pasado la Oficina Anticorrupción (OA) denunció al exministro de Comunicaciones del Gobierno de Cambiemos, Oscar Aguad, y a los tres presidentes que esa gestión colocó en Arsat, entre ellos al ex Secretario de País Digital del Ministerio de Modernización, Raúl Martínez, por el abandono de esa firma, que le produjo daños al Estado.
Queda claro que los fallos casi en simultáneo de la Corte Suprema de Justicia y la sala II tienen entre sus verdaderos fundamentos esmerilar al gobierno del FdeT y favorecer al macrismo. El objetivo es erosionar la capacidad y la legitimidad del gobierno para sancionar medidas que, dado el contexto de crisis económica y sanitaria, regulen la actividad del mercado y protejan a la clase trabajadora.
