Tras perder las elecciones presidenciales frente a Lula, Flávio Bolsonaro escapó de Brasil por Puerto Iguazú con la colaboración de una trama mafiosa que involucra a los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump. El escandaloso papel de Santiago Caputo y la utilización de recursos del Estado argentino ponen de relieve la articulación internacional de una ultraderecha que, bajo el amparo de Washington, vuelve a amenazar la soberanía y la democracia de los pueblos latinoamericanos.
La fuga de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos, apenas dos días después de su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva, constituye un nuevo y gravísimo episodio de la ofensiva imperialista contra los pueblos de América Latina. El excandidato de la ultraderecha brasileña, sobre quien pesaba una prohibición judicial de abandonar su país, escapó a través de la Argentina en una operación que contó con el respaldo político de Donald Trump y que, según distintas reconstrucciones periodísticas, fue coordinada desde nuestro país por Santiago Caputo, el principal operador político de Javier Milei. El episodio vuelve a mostrar hasta dónde están dispuestos a llegar los cruzados del neofascismo para desconocer la voluntad popular y proteger a los suyos de la acción de la Justicia.
La maniobra se concretó durante la noche de ayer, cuando Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas atravesaron desde Foz do Iguazu el puente internacional Tancredo Neves e ingresaron a Puerto Iguazú. Allí los esperaba desde hacía más de veinticuatro horas un avión privado Gulfstream G400, matrícula argentina LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly. La familia llegó al aeropuerto en una camioneta que, según los registros periodísticos, ingresó con escolta de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Poco después de la medianoche, la aeronave despegó hacia Guayaquil, Ecuador, desde donde continuó su recorrido hasta Miami, evitando en todo momento sobrevolar territorio brasileño.
La Dirección Nacional de Migraciones confirmó el ingreso de Bolsonaro a las 22.50 del martes 27 y aseguró que había utilizado documentación habilitante, sin impedimentos registrados para entrar a nuestro país. Pero semejante explicación burocrática resulta inadmisible frente a la gravedad política del episodio. La Justicia brasileña había ordenado la entrega de los pasaportes del excandidato, investigado por presunto lavado de dinero, corrupción y evasión fiscal. Bolsonaro utilizó un pasaporte italiano para concretar su escape. La ausencia de una alerta migratoria internacional no despeja las responsabilidades de quienes pudieron haber facilitado una operación destinada a eludir una decisión judicial de un país vecino.
Más escandaloso y preocupante todavía es el papel de Santiago Caputo. El asesor presidencial y virtual jefe de la Side, que carece cualquier cargo formal en la estructura del Gobierno, estuvo en Puerto Iguazú durante el operativo y, de acuerdo con informaciones atribuidas a fuentes de la propia Casa Rosada, intervino en la coordinación del traslado junto con contactos vinculados al gobierno estadounidense. ¿En nombre de quién actuó? ¿Quién autorizó la participación de organismos y recursos del Estado argentino? ¿Con qué atribuciones un operador político interviene en una maniobra internacional de semejante envergadura? Si se confirma su responsabilidad en el uso de esos recursos para facilitar la fuga, no estaremos frente a un simple exceso de funciones, sino ante una actuación paraestatal de características profundamente antidemocráticas, cercana a la lógica de los aparatos paramilitares. Caputo aparece así como un cruzado del neofascismo continental, dispuesto a subordinar las instituciones públicas a los intereses de su facción política y bajo las órdenes del imperialismo yanqui.
Por supuesto, resulta imposible separar esta maniobra de la complicidad política de Javier Milei y de la protección brindada desde Washington. Mientras la Casa Rosada negaba conocer los movimientos de Bolsonaro, el Departamento de Estado norteamericano anunciaba que concedería visas al excandidato y a su familia. Trump, consultado sobre su llegada a Estados Unidos, respondió que los recibiría porque eran “buena gente”. La operación confirma que, para el imperialismo, el respeto a las instituciones y la democracia constituye una formalidad prescindible cuando sus aliados pierden elecciones o deben responder ante la Justicia. Pero lo ocurrido no constituye un episodio aislado. Forma parte de una secuencia histórica de intervenciones destinadas a disciplinar a los gobiernos latinoamericanos que no se subordinan a los intereses de Washington. El golpe parlamentario contra Dilma Rousseff en 2016, la persecución judicial contra Lula mediante el lawfare, el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia en 2019 y las sucesivas operaciones de desestabilización contra los procesos populares de la región expresan distintas modalidades de una misma estrategia de dominación. Una estrategia que este año alcanzó un extremo de brutalidad con el bombardeo estadounidense sobre Caracas y el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, trasladados por la fuerza a Estados Unidos tras una operación militar que pisoteó la soberanía venezolana y el derecho internacional.
La CIA tiene una extensa historia de intervención clandestina, organización de golpes y sostén de fuerzas reaccionarias en América Latina. La eventual participación directa de sus estructuras en la fuga de Bolsonaro exige una investigación, pero el respaldo político estadounidense a la maniobra ya resulta inocultable. Lo verdaderamente alarmante es la consolidación de una articulación transnacional de la ultraderecha que dispone de gobiernos, operadores políticos, recursos económicos y conexiones con los aparatos de inteligencia y seguridad. Su propósito no es defender la democracia, sino preservar los intereses del capital y del imperialismo aun cuando para ello deban violentarse las decisiones soberanas de los pueblos.
La coincidencia con otra noticia de este miércoles resulta particularmente significativa. La Asamblea General de las Naciones Unidas volvió a pronunciarse contra el criminal bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos mantiene sobre Cuba desde hace más de seis décadas. La resolución obtuvo 130 votos favorables, 17 contrarios y 25 abstenciones, pese a las presiones de Washington. Entre los gobiernos que votaron contra el levantamiento del bloqueo estuvo nuevamente el de Javier Milei, alineado con Estados Unidos e Israel. La votación volvió a demostrar que, aun en condiciones de creciente presión imperialista, una mayoría de países continúa reclamando el fin de esa política de asfixia contra el pueblo cubano.
La fuga de Bolsonaro, facilitada desde territorio argentino, constituye por eso mucho más que un escándalo diplomático. Deja al desnudo la degradación institucional de un gobierno que ha convertido el servilismo frente a Estados Unidos en política de Estado y que parece dispuesto a comprometer la soberanía nacional para proteger a sus aliados ideológicos. Corresponde exigir una investigación exhaustiva de las responsabilidades de Milei, Caputo y los organismos públicos que intervinieron en el traslado. Pero, sobre todo, corresponde advertir que esta ofensiva neofascista no se detendrá por sí sola. Frente a quienes pretenden convertir nuevamente a América Latina en el patio trasero del imperialismo, la respuesta necesaria sigue siendo la unidad de los pueblos, la solidaridad internacionalista y la defensa irrestricta de la soberanía y la autodeterminación.
