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Dom, Sep

Política

Pese a que la inflación acumulada en 2018 ya es del 44 por ciento, las empresas energéticas ofrecieron a los trabajadores del sector un incremento del 20 por ciento. “En un contexto inflacionario y de precarización laboral, las empresas del sector energético se niegan a negociar paritarias que permitan recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores”, señalaron desde el gremio en un comunicado de prensa.

El modelo económico del macrismo está dejando un tendal de perjudicados: trabajadores, pequeñas y medianas empresas, economías regionales, comerciantes. En la vereda opuesta, se encuentran los grandes ganadores de la política económica: exportadores, bancos y fondos de inversión y empresas prestadoras de servicios públicos.

Entre éste último grupo se encuentran las empresas energéticas las cuales se vienen beneficiando con los tarifazos. Los aumentos en el sector, superan el 1600 por ciento. En ese marco, las empresas energéticas ofrecieron en la reunión paritaria un aumento salarial del 20 por ciento para los próximos 12 meses: entre un 25 y 30 por ciento por debajo de la inflación.

A esta altura deja de ser llamativo. A pesar de ser uno de los pocos sectores de la economía con balances más que positivos, ofrecen un incremento salarial muy por debajo, incluso, de las paritarias que lograron cerrar algunos gremios que, con cláusulas gatillos y revisiones, lograron acercarse al orden del 40 por ciento en el peor año de la economía argentina desde 2002.

Si las empresas prestadoras de servicios públicos se ubican entre los máximos ganadores de la política económica del macrismo, las energéticas, componen un grupo privilegiado. Los tarifazos, junto al endeudamiento externo masivo, componen uno de los pilares fundamentales de la política económica de la derecha del país: gracias a ellos, el poder adquisitivo del salario se desplomó, logrando así reducir significativamente el salario real. Sólo en el 2018 y teniendo en cuenta el ritmo de la economía sólo hasta septiembre, la caída del salario real es del 14 por ciento. Para los trabajadores de las energéticas, en el caso de que se imponga la voluntad del sector patronal, la disminución rondará el 27 por ciento.


Corren con ventaja

Esto no es azaroso. Entre los propietarios de empresas como Edenor y Edesur se encuentran los amigos más íntimos del presidente y, por ende, parte de los empresarios favoritos del modelo: Marcelo Mindlin, Nicolás Caputo y Joe Lewis.

Las empresas del sector energético, tanto generadoras como transportadoras y distribuidoras, son las que mayor tajada vienen sacando en el proceso de transferencia de recursos que el gobierno opera desde que asumió en diciembre de 2015.

Las ganancias siderales de las energéticas se deben a la cantidad impresionante de recursos que recibieron durante el último año y medio gracias a dos medidas trascendentales del gobierno: los tarifazos -con tarifas especiales para las empresas electrointensivas- y la condonación de deuda por parte de Cammesa -Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A- a distribuidoras como Edenor, Edesur y Edelap.

Cammesa condonó en 2016 19 mil millones de pesos a las empresas eléctricas, pese a prosperar los tarifazos. Así las cosas, a Edenor se le condonaron 1229 millones de pesos, a Edesur 429 y a Edelap 1798. Lo que resulta claro que para el oficialismo la política tarifaria se centra en la reducción de subsidios a los consumidores mientras se amplían los beneficios para las empresas de energía.

Esta condonación de deuda fue fundamentada con un artículo ridículo incluido en el presupuesto 2017: según el artículo 15 se le reconocía a las empresas provinciales estatales y privadas del sector la diferencia de dos años entre tarifa congelada y los nuevos precios tras los tarifazos. Es decir, surgió de un cálculo de diferencia entre lo que cobraron y lo que hipotéticamente podrían haber cobrado. Para los cálculos alcanzó con declaraciones juradas de los grupos económicos y no se exigió ninguna documentación que avale y justifique los números presentados.

Las facilidades a las que pudieron acceder las empresas distribuidoras de energía son la contracara de las dificultades que encontraron los usuarios para hacer frente a los nuevos costos de los servicios públicos. Al ser estos esenciales, la población tuvo que hacer frente a los incrementos en un contexto de galopante inflación y paritarias a la baja. 

Una vez más el ejemplo más paradigmático es el de Pampa Energía, empresa propietaria de Edenor, cuyos principales accionistas son Lewis y Mindlin. Pampa declaró ganancias por 2.539 millones de pesos.  Estos guarismos implican un 241por ciento por encima de la rentabilidad obtenida durante el mismo período del 2016 cuando registró 673 millones.

Otro amigo del presidente que reconoció ganancias extraordinarias fue Nicolás Caputo que, con la constructora Mirgor ganó 325.456 millones, lo que significó un crecimiento de 62,12 por ciento respecto a los 200.740 millones del año pasado.


Nuevos jugadores

Gracias a las facilidades que otorga el gobierno, los principales grupos económicos con intereses en el país apuestan al sector energético. Según la subsecretaria de Energías Renovables dependiente del Ministerio de Energía y Minería, durante el 2016 fueron varias las empresas nacionales e internacionales que se acercaron al mercado energético para sacar tajada.

Entre ellas se destacan Geneia, propiedad del Grupo Brito, la Corporación América de Eduardo Eurnekian, socio de la estatal Invap y del gobierno de Río Negro para desarrollar un parque eólico en esa provincia, el ya mencionado Grupo Pampa Energía del empresario Marcelo Mindlin dueño de Edenor y Petrobras Argentina y el Grupo IMPSA de Enrique Pescarmona.

A esas empresas locales se sumaron rápidamente corporaciones transnacionales tales como Enel Green Power -principal operador de generación hídrica y eólica de América latina-, la italiana IES Biogás que junto Adecoagro crearon una empresa para participar del negocio de biogás en Santa Fe y Dow Región Sur de América Latina que se encuentra incursionando en el negocio del agua y la energía.

 

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Esta es la pregunta que hacen los trabajadores de Luz y Fuerza que demandan que el gobernador, Martín Llaryora, diga por qué busca que la Empresa Provincial de Energía de Córdoba emita obligaciones negociables por cincuenta millones de dólares. “Epec no debe convertirse en una caja negra para el gobierno o los empresarios amigos del poder”, advirtió desde la CoNAT Rodolfo Leyría.

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Con esta consigna se volverá a movilizar para protestar contra la privatización del noventa por ciento de las acciones de AySA. El gobierno prevé que el martes 15 de septiembre se abran las ofertas. “Si se avanza en esto el agua va a dejar de ser un derecho humano para convertirse en una mercancía”, advirtió Emanuel Ríos, Subsecretario de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable de Suteba. La firma israelí Mekort, que ingresó con fuerza a nuestro país durante el gobierno del Frente de Todos, asesora el proceso de privatización de esta empresa nacional estratégica.

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La semana pasada pararon durante una jornada en Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa. “Es una necesidad que los profesionales de la medicina estén bien pagos”, sostuvo desde el Partido Comunista pampeano Edgar Soria, quien reclamó que “se democratice nuestra obra social pero también la Anses, con la plena participación de los jubilados en la administración y el control de esas instituciones”.

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La historia del comunista Filippo Di Benedetto religa migración, trabajo, militancia sindical, lucha contra la dictadura y cuidado compañero. Su participación en redes clandestinas de solidaridad y protección revela una política fundada en el cuidado de la existencia. Su recuerdo nos interpela: ¿qué implica organizarse cuando el campo nacional y popular carece de una ética vinculada a una política de transformación radical? Por Rocco Carbone (*)

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El puerto de Ushuaia está intervenido por el gobierno nacional y ahí recaló el petrolero británico VS Promise. Mientras, la israelí Navitas avanza con el proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. Las concesiones del mileísmo son argumentos en contra de nuestros permanentes reclamos de soberanía sobre las Islas Malvinas. Por Horacio López (*)

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