La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto presentado por la oposición que declara y extiende, hasta 2022, la emergencia alimentaria en el país. La iniciativa fue aprobada sin votos en contra y contó con el apoyo -a regañadientes- del oficialismo, en un claro reconocimiento de la grave crisis social que vive el país.
En el día de ayer la Cámara de Diputados dio media sanción, sin votos en contra y con tan solo una abstención, al proyecto presentado por la oposición para declarar la emergencia alimentaria en Argentina. La aprobación unánime en la cámara baja, que incluyó el acompañamiento hasta del oficialismo, es un reconocimiento a la profunda crisis social que atraviesa el país debido a las políticas económicas del gobierno nacional.
“Era un pedido a viva voz no solo de los movimientos sociales, sino de gran parte de la sociedad que hoy sufre hambre en la Argentina”, explicó José Chapu Urreli, Secretario de Actas de la CTA de los Trabajadores. Por su parte, Pedro Ponce, trabajador docente, dirigente de Suteba y Ctera, dijo que “la emergencia alimentaria era un pedido que veníamos haciendo desde hace tiempo porque veíamos en las escuelas que la situación se agravaba día a día”.
Ayer, un rato después del breve debate en el Congreso, el Indec daba a conocer los datos de la inflación de agosto que fue de un 4 por ciento. Con este número, el acumulado interanual llegó a 54,5 puntos y en lo que va del 2019 ya trepó al 30 por ciento, a falta de un cuatrimestre para que termine el año. El incremento más sensible se dio, una vez más, en el sector alimentos y bebidas: allí el incremento fue de 4,5 por ciento, medio punto por encima del promedio mensual. En este rubro, el más importante para los sectores populares y el que explica, en gran parte, la crisis alimentaria que vive el país, la inflación de los últimos doce meses es de 58,8 por ciento.
Uno de los principales problemas que explican estos incrementos en los alimentos es la devaluación en un sector que, por distintos motivos, encuentra cada vez sus precios más dolarizados. Incluso, en las últimas horas, muchos panaderos denunciaron que la empresa Molinos entregó mercadería, en su mayor parte harina, con facturas emitidas en dólares y exigiendo el pago de la materia prima en esta moneda. Este pequeño pero ilustrativo ejemplo, deja a las claras que la gravedad de la situación social en Argentina se explica por la política económica del gobierno. Ya no solo las tarifas están dolarizadas. Ahora también, el kilo de pan y las facturas. Por su parte, la contracara de esto es que en el último año cerraron más de 1.300 panaderías y se perdieron más de ochenta mil puestos de trabajo en el sector.
El gobierno niega
Pese a este escenario, “el gobierno sigue empecinado en negar la crisis”, explicó Ponce y agregó que “no hay salida ni solución posible bajo este modelo económico”. En sintonía, Urreli dijo que “esto comienza a cambiar en octubre con una contundente victoria del Frente de Todos en las elecciones”.
Mientras, los miembros del gabinete nacional niegan la crisis. A las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que había manifestado -en tono despectivo- que “si tienen hambre que vayan a los comedores” con relación con las personas que se manifestaban por la emergencia alimentaria, el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, manifestó que “nunca hubo en el país tanta contención social como en este Gobierno, ni presupuesto”. Sin embargo, no pudo explicar por qué, si esto es así, el hambre se convirtió en el principal problema del país.
En ese sentido, Urreli aseveró que “el gobierno no da respuestas y no puede darlas porque se lo impide el modelo económico y su origen de clase”. En tanto, Ponce añadió que “la política económica del gobierno nacional ha producido una verdadera catástrofe social entre los sectores populares”.
Esto se verifica en la realidad. Por un lado, el crecimiento de la pobreza -se estima que el gobierno dejará al cuarenta por ciento de la población en esta situación-, en un país que produce alimentos para cuatrocientos millones de habitantes y en el que, a pesar de ello, uno de cada dos niños está en situación de vulnerabilidad social.
Por el otro, “esta situación impacta directamente en las escuelas y, por ende, en un sistema educativo profundamente dañado por el macrismo”, explica Ponce.
Así, sin Paritaria Nacional Docente, con problemas edilicios que cuestan, por ejemplo, la vida de los trabajadores de la educación, como sucedió con Sandra y Rubén en Moreno, y con viandas escolares que no dan abasto para alimentar a los chicos y a sus familias. En la Argentina, la crisis alimentaria se transformó en el principal problema a resolver.
