José Luis Livolti, dirigente del PCA y referente del movimiento campesino, valoró como positivo el aumento de las retenciones que va a proponer el gobierno y afirmó que va en consonancia con la nueva política económica en el país
A días de la apertura del año legislativo en el Congreso de la Nación, en el que el presidente Alberto Fernández profundizará sobre algunos de los proyectos más importantes para este año, el gobierno se encuentra trabajando en el aumento de las retenciones a la exportación de soja y en una segmentación de la alícuota en otros productos, tal como fue aprobado en la Ley de Emergencia Económica de diciembre último.
En ese sentido José Luis Livolti, dirigente del PCA y referente del Movimiento Campesino de Liberación, enfatizó que “el gobierno está cumpliendo con lo que prometió en campaña electoral, luego rubricado en la Ley de Emergencia Económica, sancionada en diciembre” y remarcó que “estamos totalmente de acuerdo con que se aumenten las retenciones, en tanto y en cuanto la recaudación que de allí provenga se destine a la emergencia social”.
La decisión del gobierno, en caso de confirmarse, de subir las retenciones a la soja del 30 al 33 por ciento, reivindica el derecho del Estado a intervenir en el comercio exterior de granos. Al respecto, Livolti dijo que “desde una perspectiva estructural, si bien el mecanismo de retenciones no es lo ideal que nosotros planteamos, ya que apuntamos a la reforma agraria, es cierto que va en dirección a reivindicar la intervención del Estado y eso para nosotros es muy importante y deja la puerta abierta para seguir avanzando en ese sentido”.
Además, puntualizó que “junto a otras organizaciones agrarias, políticas, sociales y sindicales estamos trabajando en la publicación de una solicitada a favor del aumento de las retenciones y en un comunicado al que adhieren militantes políticos y culturales, en apoyo a las medidas que el gobierno está implementado”. El objetivo de estas acciones, “es contrarrestar la oposición de la Mesa de Enlace a la política agropecuaria del gobierno”, como parte de un programa de oposición de la derecha que pretende movilizar a sectores agrarios y reeditar un 2008.
En este punto, Livolti remarcó que “hoy las condiciones son distintas por lo que es difícil que la Mesa de Enlace pueda reeditar aquel lockout patronal”. En la actualidad, “la Federación Agraria Argentina está partida, no solo por la ruptura que concretamos los que nos autodenominamos 'los federados en rebeldía', sino porque existen diferencias internas en la actual conducción de la entidad”. Incluso, la oficialidad de la Federación está negociando con el gobierno la segmentación de las retenciones para los pequeños productores.
Hoy, desde el punto de vista de la composición de la mesa de enlace, “el escenario no es monolítico como en el 2008”. Además, “las organizaciones estamos participando, dentro y fuera del ministerio de Agricultura, de este proceso de discusión sobre la política agropecuaria, por lo que los grados de consenso son mayores”.
Respecto a la segmentación de las retenciones, Livolti remarcó que “es una política correcta, incluso para los pequeños productores sojeros”. En efecto, se está en vías de establecer una diferenciación de alícuota por productos, como por ejemplo el arroz y otros relacionados a la alimentación. “En este caso, es correcto que estos productos paguen menos retenciones”, sentenció.
Por otro lado, el dirigente del PC remarcó que “más allá de la cuestión de las retenciones y la segmentación, los pequeños y medianos productores tienen que comenzar a discutir su propia reconversión, esto es, salirse de la producción bajo el modelo del paquete tecnológico impulsado por Monsanto y avanzar en un modelo agroecológico sustentado en las economías regionales, la agricultura familiar, etc”. Para ello, se está trabajando en la conformación de una Dirección Nacional de Agroecología (al interior del Ministerio de Agricultura), cuyo trabajo será junto a intendencias de todas las localidades donde se produce especialmente soja, trigo y maíz transgénicos, “para impulsar la reconversión en las zonas periurbanas desde el modelo agrotóxico a un modelo ecológico”.
Por último, remarcó que “todas las medidas que vayan en un sentido de mayor intervención del Estado en la economía son saludables para la economía argentina”. Mucho más, remarcó Livolti, cuando “aún queda pendiente la resolución del conflicto abierto con Vicentín, ante lo cual los comunistas sostenemos que la solución es la estatización de la empresa”. Así, pues, remarcó que “el Estado tiene la obligación de evitar mediante su estatización, la caída de la empresa, ya que las consecuencias de una quiebra o cierre de Vicentín para la empresa de Santa Fe serían catastróficas”. Especialmente, debido al efecto dominó que esto generaría sobre otras empresas del sector alimentario y de las economías regionales.
