Represión y otra vez la muerte

Rodolfo Orellana tenía 33 años y murió en un contexto de represión policial, pero no sólo eso. El episodio se precipitó porque los responsables políticos de la Policía bonaerense, ordenaron reprimir a un grupo de alrededor de cien personas que buscaban establecerse en un predio que el Estado no utiliza.

Queda claro que está desesperado quien expone su vida por lograr vivir en un lugar descampado, sin servicios y anegable como el de Villa Celina que, ayer, fue el escenario de este hecho.

Desde la Ctep, organización social que integraba, denuncian que Orellana fue fusilado por la Policía. Hoy, el procurador general de la Provincia, Julio Conte Grand, confirmó que el militante de la OLP-Ctep que fue asesinado y que un disparo de bala entró por su espalda y salió por el rostro.

Este dato descarta la versión que ayer salió de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática Homicidios del Departamento Judicial La Matanza, que hablaba de una herida producida por un objeto cortante.

Pese a la evidencia, Conte Grand abrió el paraguas cuando aseveró que por el momento “no se pude determinar el calibre” del proyectil “y va a ser difícil” saber desde qué tipo de arma fue disparado.

Lo cierto es que Orellana fue ultimado por ser pobre, en un contexto de represión institucional y en un país -y una provincia- donde cada vez hay más pobres, la desigualdad se profundiza hasta rozar límites nunca antes vistos.

Ante esto, la respuesta del Estado es la represión de los pobres que él mismo genera, pero también la de todo aquel sujeto que alce su voz contra la desigualdad.

Al día siguiente de que se viralizaran imágenes de integrantes de la Policía de la Ciudad, corridos por una patota tas el partido entre All Boys y Atlanta, miembros de esa misma fuerza emprendieron una brutal represión contra quienes se manifestaban ante la Legislatura por la sanción que da luz verde a la Unicaba.

Claro, esta vez en lugar de barrabravas, lo que tenían adelante eran estudiantes y profesores, una presa fácil para los agentes del único sector de la administración pública que el Gobierno Cambiemos no recorta. Y para justificarlo, la Cumbre del G-20 le vino como anillo al dedo.

Así, de cara al 30 de noviembre la Inteligencia del Estado sigue haciendo de las suyas en busca de terroristas. En este camino ya detuvo a los jóvenes Axel y Kevin Abraham Salomon, en casa de cuyos padres encontraron algunas pocas armas vetustas que habían sido de su bisabuelo y estaban declaradas. Todo después de una denuncia anónima, que vaya a saber quién hizo once meses atrás.

El Estado los acusó de pertenecer a Hezbollah, partido político que integra el gobierno de El Líbano, país con el que Argentina tiene relaciones diplomáticas.

En esta saga, el juez Alberto Santamarina abrió otra causa, en este caso a Hassan Adnan Hamze, ciudadano argentino que tiene familia en El Líbano. Las sospechas sobre esta persona, recaen porque pidió –telefónicamente- un kilo de helado a la dirección donde detuvieron a Axel y Kevin Abraham Salomon, de quienes es pariente.

Otros hallazgos que hicieron los pesquisas de Patricia Bullrich durante los últimos días, son una bolsa con sábanas y un pollo en un paquete. Todo en la búsqueda de terroristas.

Pero mientras el ejecutivo pone tanto énfasis en esta tarea, se desentiende a la hora de actuar en favor de la búsqueda de la verdad en el juicio que se sustancia por el encubrimiento del atentado perpetrado contra la sede de la Amia, en julio de 1994. Esto es, el encubrimiento del que -junto al de la Embajada de Israel- es uno de los atentados terroristas perpetrados en Argentina durante el siglo 20.

¿Quien dice esto? Alguien de intachable reputación para el gobierno. El ex titular de la Unidad Especial Amia, Mario Cimadevilla, recalcó a principios de este mes que “el ministro de Justicia, Germán Garavano, ayudó a garantizar la impunidad de los acusados por encubrir el atentado”.

Por su parte, desde la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la Amia (Apemia), Laura Ginsberg, fue clara cuando, en referencia a la decisión que debe tomar el Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad, señaló que “no tenemos la más mínima expectativa de que se haga justicia”.

Pero, pese a esto, recalcó que “quedó demostrado, tras este juicio, que el Estado argentino es responsable del atentado a la Amia, participó del crimen y luego lo encubrió”.

Y si todo esto resulta extraño, todavía lo es más el caso de los detenidos cuando explotó en sus manos una bomba de fabricación casera que intentaban dejar ante la tumba de Ramón Falcón.

Con pocas horas de diferencia, un artefacto -no queda claro de qué se trataba- apareció ante la vivienda del juez Claudio Bonadío. Hubo un detenido y allanamientos.

Todo tan confuso como los encapuchados ¿anarquistas? que impunemente aparecen en casi todas las marchas críticas al gobierno y, tras provocar desmanes, agredir a periodistas y manifestantes, se van sin que la policía haga detenciones.

Botín

También ayer se conocían algunos desagregados de los índices que el Indec elaboró sobre octubre. Los precios mayoristas –aquellos que empujan a los de las góndolas- acumulan 71,1 desde enero y 76,6 durante los últimos doce meses.

Pero la cosa no acaba aquí. En octubre, las canastas de pobreza e indigencia se encarecieron 7,5 por ciento, esto es, más que el Índice de Precios al Consumidor promedio. De esta forma, durante los últimos doce meses el índice de la inflación de la pobreza se catapultó 54,6 por ciento y, en el caso de la indigencia, 51,5.

Esto, lisa y llanamente, quiere decir que para los pobres la inflación es todavía peor que para los demás. Pero también habla de la criminalidad del mercado, en tanto momento de realización del capitalismo, que no duda en pegarle al que está tirado en el piso.

Para que quede claro: cuando se habla de estas canastas, se habla de productos basados en harinas, como fideos guiseros y pan, cuyos precios fueron aumentados por encima del 84 por ciento durante el último año.

En la otra cara de la moneda, los que sí tienen para festejar son los banqueros y financistas, tal como se desprende del reciente informe sobre bancos que confecciona el Central, que no oculta como el Gobierno Cambiemos favorece a la actividad financiera-especulativa.

Las ganancias por 12.899 millones de pesos que tuvieron en septiembre, consolidan un alza de 73,3 por ciento respecto del mismo mes del año pasado.

Para este sector, la bonanza parece ser infinita. Desde que comenzó 2018, ya acumuló beneficios por 118.724 millones de pesos, contra 63.738 millones de pesos registrados en el mismo período de 2017, lo que significa un crecimiento del 86,2 por ciento.

“Las medidas que se están tomando en la Argentina son difíciles, pero necesarias”, dijo la semana pasada la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, durante su fugaz visita a Buenos Aires donde elogió a Christine Lagarde y se entrevistó con María Eugenia Vidal y Carolina Stanley.

Además, puso como ejemplo a su país, donde “los españoles tuvieron que ajustarse muchísimo y los sueldos bajaron más de veinte por ciento, fue muy duro”. Duro sí ¿pero habrá sido así para todos?

La Banca Santander y la familia Botín son jugadores pesados del mercado financiero global. Pero también están entre los principales beneficiarios del paquetazo que, bajo la designación de “reformas”, se impuso en España bajo los gobiernos del socialdemócrata Rodríguez Zapatero y el de Mariano Rajoy.

Esas “reformas” supusieron el rescate de la banca que había jugado a la ruleta con los derivados de créditos hipotecarios, todo a costa de una formidable caída de los salarios.

Esta transferencia de riqueza se apuntaló en proyectos que se convirtieron en Ley -entre gallos y media noches- que provocaron la pérdida de derechos políticos, sociales, ciudadanos, humanos y laborales.

El Paquetazo se perpetró para favorecer a bancos privados, que habían quedado una situación de insolvencia como consecuencia de su delincuencial política crediticia, al tiempo que brindó mucha más capacidad de decisión a las principales empresas vinculadas al capital productivo, que tienen sólida imbricación con el capital financiero.

Como el que avanza con el Gobierno Cambiemos, el Paquetazo de España afectó letalmente a los sistemas de prestación universal y pública de Salud, Pensiones y Educación. Y rediseñó de forma regresiva a la relación entre los universos del trabajo y el capital, algo que cristalizó la transferencia regresiva de riqueza.

En el tendal quedó el sector pyme y se destruyó empleo, pero hubo ganadores: un reducido grupo de grandes propietarios -entre ellos los Botín- recuperaron posiciones que habían perdido por la crisis que ellos mismos provocaron, y quedaron mejor parados que antes.

Así es el capitalismo

En lo que va de Gobierno Cambiemos –al menos hasta septiembre-, el coeficiente de Gini del Ingreso por Adulto Equivalente (Ipae), creció 5,5 por ciento, ya que se catapultó de 41,7 a 44 puntos porcentuales, al tiempo que la distancia que separa a los deciles extremos en términos de distribución de ingresos, se incrementó 18,3 por ciento al pasar de 17,5 a 20,7. Todos estos datos se resumen en una palabra: desigualdad.

“La principal responsabilidad del gobierno es proteger a la minoría de los opulentos frente a la mayoría”, porque el sistema constitucional –según el autor de esta frase- debe construirse para que asegurar “los intereses permanentes del país como el derecho de propiedad”.

Quien lo dijo es James Madison, el cuarto presidente de EE.UU. y uno de los que diseñaron la Constitución de ese país, en cuyo espíritu se construyeron la mayoría de las constituciones de la región, entre ellas la argentina.

Desde Alexis de Tocqueville  hasta Adam Smith, la mirada liberal identifica los intereses del Estado Liberal Burgués (ELB) con los de la clase propietaria, burguesa o capitalista que son diferentes nombres para la misma cosa.

Es desde esta suerte de dirigismo elitista que el ELB construyó sus códigos Civil y Penal, que ponen a la propiedad privada como el principal bien a proteger, junto a la integridad individual.

Y aquí está la trampa: porque la clase capitalista tiene entonces un doble mecanismo de protección, como persona física pero –fundamentalmente- la que incumbe a sus propiedades y la potestad para estas minorías, de introducirlas libremente en el mercado.

Entonces, este orden burgués que nace para legitimar la desigualdad, se profundiza conforme avanza el desarrollo del sistema capitalista.

Para entender de qué va todo esto, sólo alcanza con mirar cómo opera la simbiosis del ELB con el poder corporativo, que tiene ahora una expresión deschavetada en el staff que ocupa La Rosada.

Al Código Penal y la especialización –cada vez más fuerte- de fuerzas policiales para defender este orden económico y sociopolítico, es apuntalada por los aparatos judicial y legislativo. Así, la mesa está servida para que se garanticen los intereses de una minoría cada vez más concentrada.

Entonces, lejos de ser natural, la propiedad y el derecho a ella, es producto de determinadas relaciones de fuerza y puja de intereses. Un proceso que va desde diferentes formas de propiedad, hacia la de tipo privado e individual.

El relato liberal-clásico y más aún su versión paroxística, el neoliberalismo, pone énfasis en que Estado debe ponerse al margen de la economía que -desde esa mirada- sería un territorio exclusivo del mercado. Pero, paradójicamente, es medular el papel que el ELB tuvo y tiene a la hora de aportar a la consolidación de la propiedad privada.

Así, el principal esfuerzo lo hace para evitar que las clases subalternas cuestionen y pongan en peligro el tipo de orden que se impone desde esa forma de propiedad.

Y esto es así porque, además de los beneficios concretos que esto otorga a una minoría, es en este tipo de proceso de construcción simbólica -el de la propiedad privada- donde reside una suerte de germen de la racionalidad de la ideología capitalista. Pero también de un proceso que sigue abierto.

De esto va la mercantilización, la privatización, la financierización y la delegación de soberanía hacia organismos multilaterales como el FMI, la profundización de la ronda de acumulación del capital, la imposición de formas cada vez más brutales de explotación y la apropiación de recursos naturales por parte de los propietarios del capital global.

Y, por eso, desde este universo simbólico y para justificar la represión que garantice el orden social, se objetiva como peligroso a quien simplemente reclama un lugar para vivir.

Por eso para los responsables de la represión de Villa Celina, algunas parcelas de tierra que nadie usa valen más que la vida de Orellana, pero también por eso es que en la antesala del G-20, el Gobierno Cambiemos precisa demonizar a alguien que entre en el estereotipo de lo que quiere señala como “terrorista”, aunque a fin de cuentas, sólo encuentro un pollo y algunas sábanas.