“Cuando ya se le pone la etiqueta de delincuente a una persona es mucho más difícil que pueda conseguir trabajo y tener alguna salida mínimamente digna y si eso se hace con un chico ya ni siquiera en edad para comenzar a trabajar, no va a ser una solución la baja de la edad de imputabilidad sino que va a ser empeorar el problema”, advirtió el vicepresidente de la liga, Gerardo Etcheverry.
Las dos CTA están llevando a cabo la campaña No a la Baja de Edad de Punibilidad, en la que también intervienen otras organizaciones congregadas en la Mesa de Articulación, que días atrás hicieron público su reclamo ante las puertas del Anexo del Congreso Nacional bajo la consigna “¡Bajar la edad de punibilidad no es la solución!”.
Lo hacen en un contexto en el que la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación analiza un proyecto de ley penal juvenil que enviado por el gobierno que encabeza Javier Milei, sobre el que la abogada magister en Criminología, Claudia Cesaroni, fue clara al decir que “es peor que la ley vigente de Videla, ya que baja más aún la edad que en el año 80 en que la bajaba a catorce años”. Si prospera la actual iniciativa, la edad se va a bajar a trece con penas de hasta veinte años “y lamentablemente la mayoría de los proyectos presentados por legisladores, también apuntan a la baja de la edad de punibilidad”.
Por lo que fue puntualizó que aunque se trata de “una batalla bastante difícil seguimos como desde hace muchos años oponiéndonos a encerrar chicos cada vez más chicos”, sostuvo y añadió que resulta una hipocresía que mientras achica el Estado y ajusta a la sociedad, la Presidencia Milei pretenda “agrandar el estado penal”.
Por su parte, desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos, su vicepresidente, el abogado Gerardo Etcheverry, recordó que “hay unos pocos delitos cometidos por jóvenes que tienen tan poca edad que son inimputables y de esos un porcentaje muy pequeño son delitos graves, pero se toma eso para avanzar contra toda una cantidad de jóvenes muy jóvenes que en realidad ni siquiera están en condiciones de evaluar claramente qué hacen de sus vidas”. Por lo cual, “por un lado se están violando sus derechos, porque está aceptado internacionalmente que una persona de catorce años no puede tener las mismas condiciones para dirigir su vida que una persona adulta y por otra parte lo que se está haciendo es llevarlos antes a las cárceles que por lo general sólo sirven para que las personas salgan peor todavía de lo que entraron”.
De ahí que, sin dudarlo, hizo hincapié en que “todos estos proyectos tienen como cuestión central aumentar la persecución hacia los jóvenes, por supuesto que sobre los que son pobres, porque los jóvenes ricos siempre van a zafar de alguna u otra manera como zafan los adultos ricos”. Y añadió que “estas presiones hacia los jóvenes pobres sirven como chivo expiatorio”.
De todos modos aclaró que “esto no quiere decir que no haya que hacer nada con los pobres jóvenes que cometen delitos con menos de dieciséis años, que es la edad a partir de la cual se pueden llegar a aplicar penas en caso de delitos graves” y remarcó que “de ninguna manera se los puede tratar como adultos…la solución no son penas más graves, lo que hay que hacer como sociedad es pensar qué podemos hacer para que tomen conciencia de lo que hicieron, que no lo vuelvan a repetir y ayudarlos a darles otra vida”.
Porque, insistió, “cuando ya se le pone la etiqueta de delincuente a una persona, es mucho más difícil que pueda conseguir trabajo y tener alguna salida mínimamente digna y si eso se hace con un chico ya ni siquiera en edad para comenzar a trabajar, no va a ser una solución la baja de la edad de imputabilidad sino que va a ser empeorar el problema”.
