A poco de que EE.UU. le sacara la visa, un grupo especial de la Policía secuestró al fiscal Mariaca, que es quien investiga la causa que tiene preso por intento de femicidio al fundador de La Derecha Diario en Bolivia. Mientras tanto, el gobierno de Rodrigo Paz avanza con el estado de excepción, el ajuste y la dependencia con el FMI.
Durante las últimas 72 horas la situación en Bolivia empeoró considerablemente a raíz de una sucesión de hechos que comenzaron cuando la administración Trump hizo pública la lista de diecisiete ciudadanos bolivianos, que incluye a funcionarios de la Fiscalía de ese país, a quienes acusa de ser integrantes de bandas narco. Por lo tanto, se les retira a los acusados la visa que los habilitaba para poder ingresar a territorio estadounidense.
En esa nómina aparece casualmente el titular de la Fiscalía General del Estado, Roger Mariaca, que es quien encabeza la investigación en la causa que puso tras las rejas a Fernando Cerimedo, alojado en el penal de Chonchocoro y acusado de ser el autor intelectual del intento de femicidio de su ex pareja y colaboradora, Nadia Beller, quien en agosto pasado fue víctima de un atentado contra su vida en Santa Cruz de la Sierra.
Ante esto, el miércoles, el propio fiscal Mariaca brindó una conferencia de prensa en la que se lo vio flanqueado por otros funcionarios judiciales y donde dijo que “sabemos que ciertas investigaciones tienen implicaciones que trascienden las fronteras nacionales”. Añadió que eso pasa con “el denominado Caso Cerimedo, que ha generado preocupación y repercusiones en diferentes ámbitos políticos”. De todas formas, aclaró, “ninguna presión política nacional o internacional puede convertirse en un impedimento para esclarecer hechos que deben esclarecerse”.
Como para que quede claro que Mariaca no se equivocaba Mariaca cuando aludía al retiro de las visas como una forma de presión, hoy jueves, en las primeras horas de la mañana fue secuestrado por personal del Centro Especial de Inteligencia Policial que también irrumpió violentamente en la sede de la Fiscalía, de donde se llevó a otros funcionarios judiciales.
Esto no fue todo, ya que por la tarde comenzó a tomar cuerpo la versión de que Estados Unidos pediría al gobierno que encabeza Rodrigo Paz la extradición de Mariaca, en un contexto en el que el Departamento de Estado yanqui sostuvo que el fiscal General del Estado “pone en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo”, al tiempo que “socava las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante del programa Escudo de las Américas, busca fortalecer”. Neocolonismo explícito.
Desde el momento mismo en que Nadia Beller denunció que detrás del intento de asesinarla estaba Cerimedo, comenzaron a quedar expuestos varios eslabones de una trama que tiene en el centro al fundador de La Derecha Diario y consultor político de referntes ultraderechistas para su mentada “batalla cultural”. Con sólo rascar un poco la superficie, aparecen claros hilos conductores con agencias como la DEA y la CIA, así como vínculos con gobiernos como el de Noboa y Milei, y campañas de desestabilización como las emprendidas contra Lula y no hace mucho, contra Petro, quien calificó al argentino preso en Bolivia como “el constructor de la Mátrix de la mentira en América Latina”.
Esos eslabones también ubican a Cerimedo como un actor central en el esquema sobre el que descansa el gobierno que encabeza Paz, ya que de acuerdo a los testimonios que brindó la propia Beller, entre otras cosas el (¿ex?) asesor de Milei controla una red que incluye a las fuerzas policiales que son las que, significativamente, tuvieron a su cargo el operativo en el que fue secuestrado el fiscal Mariaca, sobre quien ahora pesa la amenaza de acabar como Nicolás Maduro y Cilia Flores: preso en EE.UU. bajo la acusación de pertenecer a una banda narco. Total con acusar, ya alcanza para eso.
En este punto cabe decir que no es casual que este episodio comenzara con el Departamento de Estado yanqui poniendo a Mariaca en una lista que lo caracteriza como “corrupto”, adviertiendo que sus acciones socavan algunas cosas que el Escudo de las Américas “busca fortalecer”. Y que esto lo haga durante la previa de las Presidenciales de Brasil tampoco es casual. Este nuevo capítulo de ofensiva imperialista, también se inscribe en momentos en los que regímenes funcionales a Washington como el de Noboa extiende el estado de excepción a más provincias con el argumento de que Ecuador vive “un conflicto armado interno”. En tanto que Milei insiste con su gestión es víctima del accionar “terrorista” y que, ante ello, pretende imponer la creación del Consejo de Seguridad Nacional, al tiempo que se apresta a recibir en nuestro país al vicepresidente yanqui, JD Vance.
Estado de excepción
Lo cierto es que la detención de Mariaca se inscribe en un clima de deterioro institucional tan peligroso como acelerado, que también está caracterizado por la profundización de la represión social que se objetiva, principalmente, contra el movimiento indígena-campesino y obrero. La masiva movilización popular por el control soberano sobre recursos estratégicos, contra el aumento del combustible y por salarios dignos surgió con el gobierno derechista recién asumido, fue sumando distintias reivindicaciones sectoriales y mutó pronto en una verdadera rebelión social para exigir la renuncia del presidente y cuya llama todavía no se apaga. El saldo trágico, según confirmaciones oficiales, es de veintidós personas asesinadas, 88 manifestantes heridos y 573 detenidos a manos del accionar policial durante las jornadas de movilización popular que se profundizaron en mayo y junio para protestar contra el programa de ajuste y entrega que impone la Presidencia Paz y que en estas últimas semanas volvieron a asomar a las calles.
Ante esa situación, al promediar junio, a instancias de sus pares bolivianos, una Misión Internacional de Derechos Humanos viajó desde Argentina hacia La Paz, con la idea de llevar adelante tareas de observación y recepción de denuncias inherentes a la situación represiva. Pero sus integrantes no pudieron salir de la zona internacional del Aeropuerto de El Alto porque la Policía se los impidió, pese a que contaban con todos los requisitos migratorios exigidos. Un mes más tarde la Defensoría del Pueblo de Bolivia emitió un informe sobre lo acontecido durante los hechos de mayo y junio que, desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos, una de las integrantes de aquella delegación, la abogada Andrea Reile no dudó en calificar como “falaz”.
A mediados de septiembre el presidente Paz extendió hasta diciembre el estado de excepción, medida que fue inicialmente decretada el 20 de junio, y que le otorga a su gobierno carta blanca para poder desplazar fuerzas militares dentro del país para actuar contra manifestaciones, entre otras atribuciones. Casi en simultaneo, Bolivia aprobó con el FMI un acuerdo por 1.900 millones de dólares, cuya entrega está atada al compromiso que asumió Paz de de eliminar la subvención a los combustibles a partir del año venidero, reducir el déficit fiscal y elevar las reservas internacionales, por lo que se espera que aquello que se avecina no sea otra cosa que más y peor ajuste.
“Paz dictó este estado de excepción para mantener la protesta pisada en su intento para que el pueblo boliviano no se levante, tal como lo hace ante situaciones de tanto empobrecimiento como la que sufre en este momento”, recalcó la abogada Reile y recordó que conforme la Constitución de aquel país el estado de excepción se puede dictar por noventa días, “pero no se puede ampliar con posterioridad, salvo si esa medida va a acompañada por la presentación al Congreso de un informe que avale su pertinencia”.
Antes de que venciera el plazo y sin que medie presentación alguna, “el Congreso boliviano sacó un nuevo estado de excepción sin presentar ningún análisis que explique si corresponde o no” y, menos aún, “si las acciones que llevó a cabo Paz en ese contexto fueron ajustadas a derecho y respetaron los tratados internacionales suscriptos por Bolivia”. De forma tal que, denunció la abogada de la LADH, el Legislativo “autoriza que Paz continúe con esta situación en la que pone de manifiesto toda la crueldad de su aparato represivo, puesto al servicio de intentar acallar todas las protestas sociales que hay en su país”.
¿Pero es que acaso se le puede pedir apego a las leyes y tratados internacionales a Paz después de que quedó muy manchado por su relación con Cerimedo y los vínculos obscenos montados por el aparato de Inteligencia estadounidense y su Presidencia? “Todo lo que fue imposible ocultar después de la detención de Cerimedo, dejó en claro cómo se utiliza la manipulación que perpetra el Imperio Norteamericano en nuestros países”, subrayó Andrea Reile. Al respecto de las distintas y combinadas formas imperialistas de dominación, puntualizó que “también está el FMI y para darle a Paz un préstamo, el Fondo puso como exigencia que saliera el Decreto 5676 que impone entre otras condiciones que se retiren las subvenciones al diesel y también demandó que ‘contenga’ la protesta social”.
De ahí se desprende a las claras que “la criminalización de la protesta, la persecución política a líderes y liderezas sociales, sindicales y campesinas, la misma que pesa sobre Evo Morales, viene de la mano de la injerencia de los Estados Unidos, del poder económico foráneo sobre nuestros países”.
Todo en medio de un panorama “de crisis que el propio gobierno de Paz ha desatado por medio de las medidas económicas y sociales que viene llevando adelante desde el mismo momento en que asumió”, resaltó la abogada de la Liga y reflexionó que “esta es una historia que se repite en cada país de la región que está subordinado al Imperio: ajuste, recortes de derechos, protestas, más represión y una legislación para que el gobierno del momento pueda volver a endeudar a su pueblo con fondos extranjeros que son los que, inmediatamente, pasan a controlar los resortes que permiten legislar en beneficio propio con más ajuste sobre la Canasta Básica, la Educación, la Salud, sueldos y jubilaciones”.
Es por eso que, insistió, Andrea Reile, “precisan que el pueblo esté desmovilizado, que deje de protestar”. Esto grafica muy bien el por qué de que Bolivia viva en medio de “este Estado de excepción, mientras se prende fuego el país y se dispara el precio del dólar que impacta en una severa pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora urbana y del campesinado”.
Este escenario adverso, pero con una disputa abierta y conducida fundamentalmente en este contexto por la Central Obrera Boliviana, redunda “en un empobrecimiento que se pronuncia más a raíz de la suba del precio de los alimentos y de las tarifas de los servicios públicos”. Frente a lo cual, Reile culminó alertando que “para que el modelo cierre, precisan más represión…y para poder reprimir sin ningún tipo de control echan mano al Estado de excepción”. Pero por sobre todas las cosas, hizo hincapié en que “confiamos en la capacidad que tenemos los pueblos de Nuestra América para salir de esta situación en la que vivimos”.
