En medio de la crisis económica, agravada por la pandemia, la derecha e incluso integrantes del Frente de Todos cuestionan las tomas de tierra por parte de miles de trabajadores absolutamente desplazados por el sistema. Frente a la falta de respuestas, de las tomas seguirán naciendo barrios populares
Entre el punitivismo y la falta de medidas estructurales para solucionar una problemática que es inherente al capitalismo y que afecta especialmente a los sectores más precarizados de la clase trabajadora, las tomas de tierras en la provincia de Buenos Aires y Río Negro vuelven a poner sobre la mesa la cuestión del déficit habitacional y la propiedad de la tierra en la Argentina.
En Argentina el déficit habitacional afecta a más de cuatro millones de personas, si solo se tienen en cuenta las viviendas precarias y las condiciones sociosanitarias. Si a ello se le agrega las personas que están obligadas a alquilar, casi siempre en relaciones leoninas impuestas por inmobiliarias y/o propietarios, la cantidad crece considerablemente. Se trata de una problemática que afecta no solo a los habitantes de centros urbanos y sus periferias, sino también a los habitantes de zonas rurales, como dejó en claro la UTT en su última protesta en Plaza de Mayo, cuando reclamó por la sanción de una una ley de acceso a la tierra, un plan de viviendas y políticas de fomento a la agroecología.
En sintonía con algunas políticas del Ministerio de Hábitat y Vivienda de la nación, que recientemente lanzó una nueva fase del Procrear, la UTT reclama por la creación de un “Procrear Rural” que permita a los trabajadores de la tierra acceder a una vivienda digna y a una parcela para trabajar. A su vez, los movimientos sociales, entre los que se incluye el MTL, reclamaron en un documento entregado recientemente a Alberto Fernández, que es preciso que se concrete la integración social y urbana de los 4.416 barrios populares y la creación de doscientos mil lotes con servicios para las jóvenes familias humildes, entre otras demandas relacionadas con la problemática habitacional.
Ambos reclamos, que sintetizan las demandas de los trabajadores del campo y de la ciudad explican en gran medida las tomas de tierras que son noticias por estas horas en los medios de comunicación, pero que bajo ningún punto de vista son nuevas. En la provincia de Buenos Aires como en otros puntos del país, la disputa por el loteo de terrenos fiscales abandonados o tierras privadas improductivas tiene historia. Decenas de barrios populares nacieron en el marco de la lucha popular por el derecho a la tierra y la vivienda, y años más tarde, también gracias a la lucha popular, muchos de esos barrios lograron la urbanización, lo que supone una mejora sustancial para la calidad de vida de sus habitantes.
Lucha por la tierra y contra la represión
Quien bien conoce esta historia y por eso sus declaraciones no sorprenden, es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, que haciendo gala de su discurso xenófobo y punitivista, afirmó que "el que toma tierras en la provincia de Buenos Aires irá preso". Incluso, fue más allá que Alex Campbell, diputado provincial de Juntos por el Cambio y exfuncionario de Vidal, implicado en las causas por espionaje a dirigentes políticos y militantes sociales, que presentó un proyecto en la legislatura bonaerense para que las personas que usurpen tierras en este territorio pierdan las asignaciones y los beneficios sociales.
Berni también dijo que “en la provincia de Buenos Aires el derecho a la vida y a la propiedad privada son dos cosas que no se discuten”, aunque el derecho a la vida pareciera ser selectivo en su gestión al frente del Ministerio de Seguridad. Durante la pandemia y el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), la policía bonaerense está implicada en las muertes de Facundo Castro, Brandon Romero y Lucas Verón, y en casos gravísimos de violencia institucional contra Daniel Montes y un menor de 17 años en La Plata, que incluso fue picaneado.
Lo que queda claro es que en los últimos meses a causa de la pandemia la problemática habitacional se agudizó vertiginosamente. Pero no hay que engañarse, no es un problema que la pandemia haya provocado; en todo caso, la situación sanitaria y sus consecuencias económicas aceleran la crisis económico-social que afecta al país debido a su doble debilidad: tener como antecedente inmediato cuatro años de gobierno neoliberal como el de Mauricio Macri y la de haber ensayado alternativas capitalistas durante más de una década, en un contexto de crisis internacional que deja en claro que no hay solución real y efectiva dentro de los marcos del sistema.
Por todo eso, en el caso del acceso a la vivienda, en lo que va del año solo en la provincia de Buenos Aires se produjeron tomas de tierras en La Plata, La Matanza, Tres de Febrero, Merlo, José C. Paz, Partido de La Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Moreno, Presidente Perón, Malvinas Argentinas, Quilmes, Avellaneda, Pilar, Tigre, Cañuelas, Florencio Varela, Bahía Blanca, San Martín, Almirante Brown, Lanús, Ezeiza, Hurlingham, Ituzaingó, Zárate, Junín, San Fernando.
En muchas de estas tomas la organización popular, contra la represión policial y la falta de políticas públicas urbanización y construcción de viviendas, transformará esas tierras en barrios populares, que se sumarán a los más de cuatro mil que existen actualmente en todo el país, según el censo elaborado por el Registro Nacional de Barrios Populares en 2018.
