Desde el universo financiero, el Poder Judicial y la Iglesia Católica envían señales que Javier Milei desoye, mientras juega sus fichas a que el FMI afloje ochocientos millones de dólares y el Senado le brinde su primera victoria legislativa con la sanción favorable del Proyecto de Ley Bases 2 en una jornada en la que el Congreso va a estar rodeado por una contundente movilización.
El Banco Central cerró la primera semana de junio comprando pocos dólares, pero vendió muchos por lo que sus reservas brutas cayeron en 119 millones de esa moneda, en un contexto en el que la cotización del blue subió para cerrar en 1.265 pesos para la venta, con lo que avanzó 3,27 por ciento, esto es, cuarenta pesos. También lo hicieron el dólar mayorista y los financieros, con lo que se ajustó al alza la brecha cambiaria, ya que se ubicó en todas sus variantes por encima del cuarenta por ciento.
Todo esto es esencialmente timba pura, con la que un reducido núcleo de la clase capitalista que actúa en el país sigue haciendo su veranito. Pero estos movimientos también tienen incidencia en otros precios de la economía que acaban impactando en la canasta de productos que consumen los trabajadores, al tiempo que presentan una dimensión política relevante ya que el frente financiero fue, hasta ahora, uno de los pocos en los que desde su lógica el gobierno pudo exhibir éxitos.
En este punto cabe recordar que tradicionalmente, durante el bimestre mayo-junio el Banco Central es comprador de dólares como consecuencia de la liquidación de quienes, por ahora, parecen seguir decididos a permanecer sentados sobre los silobolsa a la espera de una nueva devaluación. Es que, desde enero, el ingreso de divisas por este concepto es de un cuatro por ciento menos que el que se registró durante los primeros cinco meses de 2023 cuando el país atravesaba por una terrible sequía. Y ahora, cuando ya corre el reloj de la cosecha gruesa, los datos oficiales dan cuenta de que en mayo la liquidación exportaciones sufrió un retroceso del 37 por ciento respecto a idéntico mes del año pasado.
A esto se suma una semana en la que la baja de la cotización de casi todos los bonos emitidos por el Estado Nacional, coincidió con la caída de las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Streat (Ver El pescado se pudre por la cabeza).
¿De qué va todo esto? Se trata de una maniobra de presión devaluatoria, pero asimismo constituye un diagnóstico que hace una parte de la clase capitalista sobre el derrotero que está llevando la Presidencia Milei, que lo que dice es que no está muy convencida de que pueda salir al menos por el momento de la super recesión en la que sumerge a la economía nacional. Y esta evaluación es la que hizo que, durante la última semana, se catapultara el riesgo país que elabora JP Morgan que el jueves trepó hasta rozar los 1600 puntos.
¿Qué es lo que están señalando todos estos índices? Que existe desconfianza en “los mercados” respecto a la posibilidad de que el gobierno nacional pueda cumplir con todos los compromisos de pago de deuda que tiene que afrontar durante los próximos meses, pero también deslizan un manto de sospecha sobre el superávit fiscal que el Presidente muestra como la principal prueba de que lo que hace estaría yendo por un camino adecuado.
En este punto vale recordar que “los mercados”, no son otra cosa que personas concretas propietarias de capital privado organizado de distintas maneras, que en la actual fase de desarrollo del capitalismo se concentra crecientemente en conglomerados corporativos que articulan con instituciones públicas y financieras como el FMI y el Banco Mundial. Por eso lo que digan o hagan nada tiene de de aséptico.
¿Pero por qué desconfiarían si Milei no se cansa de repetir que “a diferencia de otros, que con ajustes de medio punto del PIB terminaron volando por los aires, nosotros hicimos un ajuste de siete puntos del PIB y estamos aquí parados y vamos a seguir dando la pelea”? Quizás sea porque advierten que el superávit fiscal del que se jacta el Presidente tiene los pies de barro, ya que está construido en base a un drástico ajuste del gasto que en un mediano plazo puede volverlo insostenible (Ver Sentado sobre una bomba).
Durante los primeros cuatro meses del año se invirtió interanualmente y en términos reales un 85 por ciento menos en obra pública, mientras que las transferencias del Estado Nacional hacia las provincias se derrumbaron un 76 por ciento, los subsidios a la energía un 34 y aquellos destinados al transporte casi un treinta por ciento. Por su parte, el ajuste que fue perpetrado sobre las jubilaciones y el esquema de asistencia social cayó alrededor un veinticinco por ciento, apenas un poco menos lo hizo lo inherente al rubro gastos operativos que es aquel que incluye los salarios de la administración pública y el funcionamiento de las universidades.
Con este telón de fondo, la economía real fue hecha añicos. Con los salarios pisados y una creciente destrucción de empleo estatal y privado, la desregulación del resto de los precios de la economía llevó a que en el mejor de los casos la inflación tienda a amesetarse en un rango similar al que tenía a mediados de 2023, pero después de hundir la demanda interna provocando un derrumbe de la actividad que de acuerdo al último dato publicado del Estimador Mensual de Actividad Económica, representa una caída de 8,4 por ciento en marzo respecto al mismo mes de 2023.
Esto deja en evidencia que no se logra un superávit porque esté aumentando la actividad económica que sería capaz de producir incremento de ingresos para las arcas estatales, sino porque el gobierno nacional no está cumpliendo con compromisos que debería honrar.
Jueces y curas
Pero la semana precedente también dejó dos datos que resultan interesantes, sobre todo, de cara a la decisión que en la sesión convocada para el miércoles que viene va a tener que tomar el Senado de la Nación respecto al Proyecto de Ley Bases 2 que ya tiene media sanción de Diputados.
Es que por primera vez en estos seis meses, una buena parte de la oposición parlamentaria, cerró filas frente a una pretensión de Javier Milei. En este caso fue en torno a un proyecto unificado que modifica la fórmula de actualización jubilatoria (Ver La unidad es el camino) que, más allá de lo escaso que plantea la iniciativa, deja en claro que si quiere, el Congreso tiene un camino para recorrer diferenciándose del ejecutivo nacional. Y, además, que para hacerlo podría contar con los dos tercios de Diputados, algo que puede servir en el caso del Proyecto de Ley Bases 2 sea vetado, pero también para declarar la inconstitucionalidad del DNU 70/2023.
Con este telón de fondo, la buena noticia para Milei es que, el viernes pasado, el FMI anunció que el jueves próximo prevé reunirse para decidir si aprueba la octava revisión del programa que impuso a Argentina, lo que habilitaría la entrega al gobierno de ochocientos millones de dólares, lo que representa el volumen más importante de divisas que hace el Fondo en el contexto de la refinanciación del Stand- By celebrado con la Presidencia Macri.
Está claro que Milei es el instrumento que, quizás inesperadamente, encontró lo peor de la clase capitalista para ejecutar desde el gobierno el plan que tiene para nuestro país, pero también que junto al DNU 70/2023, el Proyecto de Ley Bases 2 es la herramienta diseñada para darle sustentabilidad a ese plan. Y, casi en simultáneo con la reunión el Board del FMI, el Senado va a estar sesionando para decidir qué va a pasar con esa iniciativa en medio de un panorama en el que el frente financiero no es la única preocupación que por estas horas tiene La Rosada.
Es que después de que quedara en evidencia que está secuestrando alimentos que compró la gestión anterior, que se deben destinar para paliar la situación de personas que padecen hambre, el Ministerio de Capital Humano redobla la apuesta y retacea su entrega cuando su titular, Sandra Petovello, se encuentra en el medio del ojo de un huracán que se desató por casos de corrupción en la gestión de esa cartera. Y lo hace pese a que la decisión que adoptó en tal sentido el juez, Sebastián Casanello, fue ratificada por la Cámara federal que preside Martín Iurzun. Nadie puede dudar de la postura ideológica y política que tienen Irurzun y Eduardo Farah, quienes junto a Roberto Boico fueron muy duros con Petovello y por extensión con el propio Milei.
Dentro de la Estructura del Estado Liberal Burgués, el Poder Judicial está diseñado para utilizar el Código Civil y el Código Penal, como herramientas para garantizar los intereses de la minoría que compone la clase capitalista, pero asimismo para preservar su propia existencia por eso que, al menos en Argentina, sus principales actores desarrollaron una extraña capacidad que les permite olfatear la carroña a algunos kilómetros de distancia y actuar en consecuencia.
Sobre esto la semana anterior también dejó otros tres datos significativos que provinieron de la Iglesia Católica Apostólica Romana: “Es pecado social ser indiferentes al hambre”, disparó el Papa Francisco el miércoles pasado desde Plaza de San Pedro de la Ciudad del Vaticano. Sus dichos se suman a los que emitió por medio de un video que se hizo viral el presidente del Episcopado Argentino, Monseñor Oscar Ojea, quien demandó que los “cinco millones de kilos de alimentos guardados en depósitos” del Ministerio de Capital Humano “rápidamente tienen que ser entregados”. Y este contexto se completó con la postal que, a ochenta metros de Casa Rosada, brindó la Catedral Metropolitana cuando abrió sus puertas para entregar asistencia alimentaria a personas que padecen situación de calle.
Todo esto en un marco en el que de acuerdo al último relevamiento dado a conocer por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, el 55 por ciento de las personas que viven en el país, lo hacen en situación de pobreza, pero asimismo el 18 por ciento subsiste en estado de indigencia.
Alguien es considerado indigente cuando no logra comer lo que un ser humano necesita para vivir adecuadamente. En apenas cinco meses, Milei duplicó la cantidad de personas que deben sobrevivir en esa espantosa situación, en medio de un escenario en el que el ajuste hizo que prácticamente desapareciera la posibilidad de hacer changas y en el que, encima, el gobierno decidió cortar de cuajo la asistencia alimentaria a comedores y merenderos. Y cabalgando sobre estos datos de la realidad, los peores desde el estallido de 2001, Milei se jacta de haber acumulado durante el primer cuatrimestre de este año, un superávit primario del 0,66 por ciento del PIB y uno financiero del 0,18.
Entonces, más allá de la polémica acerca del grado de gozo que todo esto le pueda provocar a Milei y a su séquito más cercano, lo cierto es que el hilo conductor entre ajuste, hambre y corrupción es absolutamente necesario y expresa cabalmente el carácter criminógeno que tiene inscripto en su ADN el sistema capitalista, algo que se hace más difícil de disimular en momentos como el del actual capítulo de su crisis de larga duración.
Por eso es que en medio de este escenario tenebroso, el gobierno vuelve a perpetrar un aumentazo sobre las tarifas de servicios públicos que, como son costos fijos, va a afectar a otros precios de la economía que abarcan un amplio abanico que va desde los productos de la canasta de alimentos hasta las expensas.
La Encuesta sobre Estructura Social y Políticas de Igualdad que realizó entre abril y mayo el Programa de Investigación Regional Comparada, que suma el trabajo de alrededor de 150 investigadores de trece universidades nacionales, da cuenta de que a raíz de la escalada de los precios de los alimentos que entre diciembre y abril acumuló casi el ochenta por ciento en promedio, la pobreza no para de crecer y en el cuarenta por ciento de los hogares se está comiendo menos que hace seis meses, en tanto que se incrementa a niveles alarmantes el endeudamiento de las familias como mecanismo destinado sólo para poder subsistir.
¿Pero todos estos datos permiten aventurar que la Presidencia Milei esté en vías de extinción? De ninguna manera, porque va a seguir teniendo cuerda mientras sea capaz de continuar perpetrando la criminal reformulación regresiva de la relación entre los universos del trabajo y el capital, en tanto pueda plasmar eso en leyes que la solidifiquen y e den carácter estructural e institucional que garantice su sustentabilidad. En ese recorrido, un capítulo relevante es el que se juega pasado mañana en debate que va a tener lugar en el Senado, pero también en la capacidad de movilización que lo rodee durante esa jornada.
La palabra clave es sustentabilidad. Y la sustentabilidad del ajuste y transferencia regresiva de riqueza, reclama cada día más ajuste y más transferencia regresiva de riqueza. Esto es así porque aunque venga haciendo una exhibición de fuerza, el capitalismo no puede disimular que afloren las crecientes dificultades y contradicciones que se le presentan a la hora de legitimarse pero también las que, en términos económicos, provoca la voracidad de la expansión del capital financiero. Y en este contexto, la Presidencia Milei es un instrumento al que echa mano la clase capitalista, ante la necesidad que tiene para superar los límites con que se encuentra a la hora de proseguir con sus ciclos de acumulación.
Es evidente que en alguna medida, la vista gorda que un sector de los legisladores no oficialistas viene haciendo respecto al DNU 70/2023 y el Proyecto de Ley Bases 2, tiene que ver con que están de acuerdo con buena parte de lo que esas iniciativas intentan imponer. Esto también habla de las dificultades que el propio sistema de representación política del Estado Liberal Burgués tiene para fidelizar, sobre todo, a los sectores oprimidos en el contexto de una dinámica en que se propone gestionar cambios regresivos en la relación entre capital y trabajo, lo que no quiere decir otra cosa que en la propia dinámica que rige la exclusión-inclusión y los propios procesos productivos.
Y esto esencialmente tiene que ver con la definición de cuáles son los límites que presenta la dinámica de apropiación del plusvalor, dentro de los marcos de la actual fase de desarrollo del sistema capitalista que enfrenta límites vinculados a la sobreproducción, el medio ambiente y la extrema financierización que sustituye capital por el dinero.
Pero que por sobre todas las cosas viene a reemplazar el trabajo humano por el mecanizado que en el contexto de la cuarta revolución industrial combina biogenética, robótica e informática.
Si todo esto le puede parecer a alguien como sacado de un delirio de conspiranoico, sólo alcanza con repasar el reciente anuncio que hizo Milei, cuando declaró que va a buscar hacer “más eficiente” al Estado con ayuda de los sistemas de inteligencia artificial (IA) de Google ¿Qué quiere decir todo esto? Un camino que conduce a menos trabajadores insertos en el proceso productivo, lo que representa menor plusvalía y menos salarios puestos al servicio de la adquisición de bienes y, por lo tanto, de la amortización de la producción de esos bienes. Esto es menos consumo interno en un escenario en el que la palabra inversión, de ninguna manera aparece asociada a generación de nueva riqueza ni de valor social.
De esto va el cambio cultural que viene a consolidar la clase capitalista por medio de la Presidencia Milei, que puede resumirse en la transformación de Argentina en una suerte de factoría, en la que el precariado sea la alternativa excluyente para los trabajadores, lo que entre otras cosas representa una forma de escape de la esfera cultural de la producción y, por lo tanto, de la lucha de clases y la resistencia proletaria a la explotación y la alienación.
Por eso es que con la mirada que se construye desde el antagonismo inexorablemente existente entre clase trabajadora y capital, resulta prudente reflexionar sobre el carácter que debe adquirir la reorganización de la lucha de clases, instrumentada a partir del abordaje de la problemática que plantea la forma que adquiere la explotación que hoy por hoy se profundiza y agrede a los trabajadores.
Ya que además en un momento como el actual, es cuando resulta más fácil señalar dónde están aquellos -o una parte de aquellos- elementos de la explotación. Porque como pocas veces antes, es evidente de qué va aquello que la clase capitalista le está robando a los trabajadores y el pueblo: trabajo, salario, vacaciones, convenio, jubilación, la posibilidad de ahorrar, la de llenar el changuito en el súper, la de pagar el alquiler y dormir bajo un techo, la tener derecho a la salud, la de poder construir un presente y un futuro feliz. Y hasta la de hacer cuatro comidas diarias.
Porque en épocas de una hambruna intencionalmente infringida por el gobierno, lo estructural y lo cotidiano, todo junto aparece en superficie, exhibiéndose en la epidermis de la clase trabajadora con toda crueldad. Y, entonces, en cada causa que se identifique habrá un detonante de lucha que pueda articular fuerza y aportar a la construcción de masa crítica.
Así las cosas, queda claro que si es momento de reorganización de la lucha de clases, también es preciso hablar de otras maneras en que el capitalismo explota todas las dimensiones de la persona. Por eso es tiempo de profundizar la propia conciencia de clase que permita romper, también, con la seducción que propone el mito del eterno retorno a una nueva promesa de remozada fase keynesiana del sistema capitalista, en la que las regulaciones del Estado social serían capaces, finalmente, de saciar reivindicaciones e instalar un ciclo de aumento de trabajo y salario, así como de distribución de la riqueza.
Y con este telón de fondo, la coyuntura impone una agenda en la que se expresa la necesidad urgente de que Diputados debata y declare la inconstitucionalidad del DNU 70/2023, y también de que la Cámara Alta le baje el pulgar al Proyecto de Ley Bases 2. Pero en la que fundamentalmente se vuelve imperioso conseguir que los millones de personas que por decisión gubernamental padecen hambre, vuelvan a tener alimento diario y para eso es preciso trabajar de forma urgente en la consolidación de un espacio de unidad lo más amplio posible, que pueda articular las luchas se libran de forma dispersa, para construir masa crítica pero también un programa de mínima que sirva para derrotar lo que la clase capitalista impone por medio de la Presidencia Milei y que seguirá intentando hacer cuando decida que el actual gobierno ya no sirve para ese propósito.
Pero todo esto sin perder de vista el carácter que cada uno de estos pasos debe tener, en pos de la posibilidad de construir herramientas que sean capaces de permitir alcanzar un objetivo estratégico. Para eso es preciso pensar respuestas y, sobre todo, pensarnos a partir de relaciones no capitalistas, porque como comunistas tenemos que asumir la responsabilidad histórica de construir soluciones diferentes a las del sistema capitalista, pero también la de sostener una clara postura moral y ética que nos impone continuar estando en la primera línea de resistencia frente al proyecto crimonógeno que la clase capitalista expresa por medio de la Presidencia Milei.
Y entonces, por encima de los acuerdos y desacuerdos existentes entre facciones de la clase capitalista que puedan expresarse en la bendición o no de los mercados, pero también de los cuadros intermedios al servicio del capital que ocasionalmente fungen como gobernantes, se vuelve preciso encarar la doble tarea que conlleva trabajar desde la coyuntura, sin perder de vista la mirada táctica y estratégica. Porque lo que estamos librando, no es otra cosa que un nuevo capítulo de la lucha de clases.
