Antes de terminar de entregar la propiedad de Agua y Saneamientos Argentinos SA a manos de una corporación transnacional a la mitad del precio tasado, el gobierno de Javier Milei preprara un aumento tarifario en el agua que equivale a más de diez veces la inflación anunciada. De esta manera, el capital privado asumiría el control de la empresa en noviembre con un regalito cercano a los 150 mil millones de pesos extra de ganacia anual. A todo esto, sigue sin haber respuestas por el drama del endeudamiento para poder comer y pagar boletas atrasadas de servicios básicos.
Como para ponerle el moño a la entrega del noventa por ciento de la propiedad de Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA), el gobierno nacional avanza en un nuevo tarifazo en el servicio de agua potable que podría trepar hasta el veintidós por ciento, de acuerdo a lo que se deslizó recientemente en la audiencia pública virtual que hizo el Ente Regulador de Agua y Saneamiento para tratar la actualización de los coeficientes zonales y del régimen tarifario. Tomando la referencia del índice de inflación oficial del último mes, que se ubica en el 1.9 por ciento, esto significa una cifra algo más de diez veces superior a la de esa inflación que anuncia el relato oficialista y desmienten nuestros bolsillos. Lo que les representa de yapa una ganancia extra de más de 140 mil millones de dólares anuales a los privados que asumen las riendas de la empresa, siempre a priori, sin contemplar futuros y seguros aumentos.
Pocos días antes de dicha audiencia, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires presentó una medida cautelar ante la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata que, si prospera, podría demorar el traspaso de AySA al grupo que encabeza un fondo de inversión radicado en el paraíso fiscal de Curazao. Se trata de un consorcio conformado por las firmas Rowing SA, Transclor SA (liderada por el empresario Mauricio Filiberti), Arcos Saneamento e Participacoes SA (de Brasil) y PHX AQUA AR BV (fondo de Holanda).
Este conglomerado resultó beneficiado por el proceso de remate que la Presidencia Milei aceleró a fondo siguiendo el decálogo del ministro desregulador Federico Sturzenegger y con el impulso particular del “Messi de las Finanzas” Luis Caputo, que viene de timbear el oro del Banco Central en una operación que le significó al Estado una pérdida de más de mil vientrés millones de dólares. En este caso, la venta de AySA se realiza por unos 340,2 millones de dólares, menos de la mitad del precio tasado originalmente por el propio gobierno. En tanto que la fecha para rubricar oficialmente el traspaso ya anunciado por decreto está prevista para 13 de noviembre.
El holding al que el mileísmo pasa a servirle a AySA en bandeja está liderado por Rowing S.A., que se dedica a la ingeniería, construcción y servicios industriales, holding que se queda por treinta años con el noventa por ciento de las acciones, que estaban en poder del Estado. El proceso de privatización, a périda por donde se lo mire para el Estado, contó con el “asesoramiento” de la israelí Mekorot, la misma que se roba el agua del pueblo palestino y que está presente en 12 provincias argentinas luego de que el gobierno del Frente de Todos le abriera de par en par las puertas de nuestro país.
Quien a su vez se queda con una buena porción de la torta es el empresario Filiberti, de estrechos vínculos con el actual gobierno y especialmente cercano en tiempos no tan pasados a Sergio Massa también, quien ya venía siendo proveedor de cloro de la empresa de agua y que además es socio de José Luis Manzano y Daniel Vila en Edenor y Metrogas. El formidable negocio (para él) de la privatización de Aysa le garantiza un público cautivo de alrededor de catorce millones de usuarios que viven en la Ciudad de Buenos Aires y su conurbano.
Asimismo, hay que citar que a raíz del DNU 70/2023, cuyo tratamiento para declarar su carácter inconstitucional y su consecuente anulación viene siendo cajoneado por Diputados hace más de dos años y medio, el agua dejó de ser considerada un derecho humano. Esta empresa, ahora en manos privadas y sin ningún tipo de regulación estatal, va a poder cobrar lo que quiera y cortar el suministro cuando lo desee.
AySA presta servicio para alrededor de catorce millones de usuarios en CABA y 26 municipios del conurbano. Y fue precisamente la PBA a través de la Defensoría del Pueblo la que durante los últimos meses ha venido batallando judicialmente contra la entrega de una firma nacional estratégica para los intereses soberanos por medio de su Defensoría del Pueblo. A la par de ello, también en territorio bonerese viene desplegándose una fuerte campaña tendiente a evitar la privatización. Esta cuenta con el impulso de un colectivo multisectorial que está integrado, entre otros actores políticos, sociales y sindicales, por el Partido Comunista. Bajo la consigna “El agua no se vende”, alerta que “si se avanza con esto, el agua va a dejar de ser un derecho humano para pasar a convertirse en una mercancía”, tal como oportunamente lo advirtió Emanuel Ríos, quien es Secretario Sindical del PC de la Provincia y Subsecretario de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable de Suteba.
Al respecto, Ríos fue claro al recalcar en conversación con NP que AySA es “una empresa estratégica que fue recuperada en 2006, después de que durante los años 90 fuera privatizada por el gobierno de Menem, lo que la llevó a pasar todo un proceso de deterioro porque no se hicieron obras”. Y luego de subrayar que en este marco los deliberativos comunales de varios municipios ya se pronunciaron contra la privatización, Ríos destacó que la empresa tiene superávit, al tiempo que constituye un ejemplo “para refutar a los que nos quieren vender que lo privado es lo mejor”. Junto a lo cual denunció que si finalmente se concreta la entrega de AySA, el Estado “se estaría deshaciendo de una empresa que deja alrededor de un nueve a un diez por ciento de renta anual, lo que es muchísimo para una empresa de su tipo”.
En simultáneo a la venta de AySA a capitales privados, las políticas del gobierno siguen acentuando el drama social del endeudamiento doméstico, que alcanzó niveles récord en el último trimestre. Según reconocen hasta los mismos datos ofrecidos por el Indec y la Central de Deudores del Banco Central (que siempre se quedan cortos) existen ya más de 21 millones de personas endeudadas para cubrir gastos de subsistencia y de ese total, más de seis millones reconoce que les resulta imposible o muy difícil afrontar la morosidad que recae sobre ellos como un emergente puro y duro del ajuste en curso.
Por un lado, el gobierno propone como solución un proyecto de “educación financiaria” para la población y, por el otro, los proyectos de ley de la oposición para abordar esta problemática, trabados en discusiones técnicas en las comisiones legislativas, siguen durmiendo el sueño de los justos. Mientras tanto, el remate de la Patria y la concentración de la riqueza suma un nuevo capítulo con la privatización de AySA.
