A raíz del desfinanciamiento que está llevando al sistema sanitario público al borde del colapso, el Foro por el Derecho a la Salud convoca para el 20 de mayo a una movilización que concentrará los reclamos del sector en todo el país frente al ministerio que preside Mario Lugones.
A la semana siguiente de la Marcha Federal Universitaria, el Foro por el Derecho a la Salud, que agrupa a organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y ciudadanos para defender la salud pública y el acceso universal a ella, llama a movilizarse frente al ministerio del área que tiene a su cargo Mario Lugones. Entre los convocantes al próximo miércoles 20 está la Federación Sindical Nacional de Trabajadores de la Salud, desde donde se hizo hincapié en la peligrosidad del deterioro que padece el área y en el progresivo empobrecimiento que sufren sus trabajadores. En tal sentido se advirtió que “a raíz del desfinanciamiento el sistema de salud está al borde del colapso” y se repudió la política de ajuste y destrucción de un gobierno al que “no le interesa el sufrimiento de su pueblo”.
Otro de los actores que forman parte del Foro es la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop). El motivo central de la protesta, remarcó el sindicato bonaerense, se debe a “la permanente destrucción de nuestro sistema de salud y a un empeoramiento manifiesto de los problemas ya existentes que tiene lugar desde la asunción de Javier Milei a la Presidencia”.
En marzo pasado el Foro por el Derecho a la Salud hizo una asamblea en el Parque Lezama, en Ciudad de Buenos Aires, de la que participaron alrededor de 1500 personas en representación de organizaciones sociales, comunitarias, políticas, estudiantiles, de discapacitados, pacientes con VIH y tuberculosis, así como miembros de sindicatos de la salud, docentes, investigadores, diputados y trabajadores del sistema hospitalario.
Las razones para movilizar el próximo miércoles 20 de mayo sobran. El gobierno de Javier Milei ha amenazado con cierres de hospitales nacionales, como en el caso del Laura Bonaparte, especializado en salud mental; continúa desfinanciando sistemáticamente al Garrahan, se niega a aplicar la Ley de Emergencia Pediátrica por considerarla un “gasto irresponsable” y hace lo propio con la Ley de Emergencia en Discapacidad. Además, ha suspendido tratamientos oncológicos y aumentado con sus políticas de vaciamiento a la sanidad pública los índices de mortalidad entre los adultos mayores y de mortalidad infantil. Uno de sus últimos embates contra el derecho a la salud es el drástico recorte al programa Remediar, que ofrecía en sedes de todo el país un amplio vademécum a personas que no podían comprar sus remedios. Mientras que los jubilados, que siguen sin poder pagar sus medicamentos, padecen también el desguace del PAMI.
Frente a este panorama no es exagerado afirmar que el ajuste en marcha lleva a la muerte y que las políticas de la motosierra van configurando un genocidio social. La movilización popular resulta vital para evitarlo.
