Diputados recibieron a una delegación de la CTA de los Trabajadores, que planteó el peligro que representan el DNU 70/2023 y la Ley Ómnibus, en particular para las mujeres, travestis y personas trans.
La semana pasada un grupo de diputados recibió a una delegación de la CTA de los Trabajadores, que entre otras, integró la referente de la Corriente Nacional Agustín Tosco, Antonella Bianco, que planteó el peligro que representan el DNU 70/2023 y la Ley Ómnibus, en particular para las mujeres, travestis y personas trans.
“Fuimos al Congreso junto a las compañeras de las centrales sindicales a debatir con los diputados acerca de cómo afectan el DNU y la Ley Ómnibus a la vida de las mujeres, travestis y trans, tanto de forma directa como indirectamente”, señaló y añadió que resulta “fundamental seguir la presión en todos los ámbitos para que ambos caigan”, por lo que “seguimos movilizadas de cara al paro del miércoles 24”.
Quienes recibieron a esta delegación de representantes sindicales y de diferentes organizaciones feministas, fueron diputadas del bloque de Unión por la Patria. Y ahí también se dieron cita la secretaria y subsecretaria de Género y Diversidad de la CTA, Yamile Socolovsky y Clarisa Spataro, junto a Silvia Almazán, Lilia López, Angélica Graciano, Victoria Ilarregui, Mónica Ameneiros, Silvana Scali, Georgina Orellano, Camila Lynn, Laura Fortini, Van Commiso y Viviana Lodos, así como la ministra del área en la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz.
El mensaje en el que se coincidió fue claro y tiene que ver con un rechazo al DNU y al proyecto de Ley Ómnibus, porque “estas iniciativas, así como otras medidas ya adoptadas por el actual gobierno, impactan de manera especialmente negativa en mujeres y diversidades trabajadoras”.
Y, al respecto, se hizo hincapié en el alarmante “deterioro de la situación económica por el aumento de precios de alimentos, medicamentos, transporte, alquileres y energía, que ya está llevando a miles de hogares a situaciones desesperantes”, que plantea una situación que amenaza con profundizarse si se aprueban ambos instrumentos normativos que ahora considera el Congreso, que apuntan a construir “un modelo de país inviable para la mayoría trabajadora a través de la desregulación de la economía, la reforma del Estado, la destrucción de instituciones fundamentales para la soberanía y la protección y promoción de derechos, la destrucción del sistema previsional solidario, una reforma laboral regresiva y un programa de represión de movilización social de protesta, que se enfoca especialmente en destruir la organización sindical”.
Asimismo, se advirtió que las dos iniciativas “agravian derechos conquistados en materia de políticas de igualdad de género, como la Ley de Mil Días y la Ley Micaela”, al tiempo que se coincidió en que es preciso reclamar que los legisladores de todos los bloques tengan “un posicionamiento claro frente a esta afrenta a la democracia y los derechos”, pero también que es necesario “el fortalecimiento de las acciones de unidad en el territorio a través de los encuentros multisectoriales y durante la movilización del 24”.