Presupuesto 2019: Vivienda también sufrirá un ajuste atroz

Política
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Acceder al techo, propio o alquilado, es imposible en la Argentina macrista. El Proyecto de Presupuesto prevé ajustar en el área de Vivienda más de 17.600 millones de pesos. El presidente pidió cajonear el proyecto sobre alquileres y Cambiemos presentó uno para permitir “desalojos express”.

El ajuste que propone el FMI y que el gobierno impulsa sobre el Presupuesto que ahora espera sanción en el Senado para el 2019 es brutal, incluso comparado con el proyecto aprobado para el año en curso en el que los recortes fueron cuantiosos. En el marco del programa trazado por el Fondo, la inversión en hábitat y vivienda no escapa a las generales de la ley.

Del proyecto con media sanción en la Cámara Baja se desprende que la reducción de la inversión social será del seis por ciento en servicios sociales; del 23 en educación y cultura; del veinte en promoción y asistencia social; del ocho en salud; del 17 en ciencia y técnica; del veinte en agua potable y alcantarillado; y del 48 en vivienda y urbanismo.

En vivienda, los recursos para “Acciones de vivienda y Desarrollo Urbano” se verán disminuidos en un 36,3 por ciento, y  los fondos para “Acciones del programa Hábitat Nación”, en un 51,6. Vale aclarar que si se hubieran actualizado las partidas en el presupuesto en curso, sólo por el IPC proyectado para 2019 (casi treinta puntos), hubiera correspondido una financiación para ambos programas por más de 42 mil millones de pesos. En lugar de eso, se les asignarán 25 mil millones. Así, el ajuste real en el área Vivienda asciende a más de 17.600 millones de pesos.

El recorte en el área Vivienda no se produce en un contexto aislado. Por el contrario se inscriben, por un lado, en el marco de una política de ajuste brutal con tres años de recorrido y, por el otro, en el desarrollo de un modelo de ciudad que el PRO instaló en la Ciudad de Buenos Aires y que ahora pretende exportar a todo el país, especialmente al seno de los grandes conglomerados urbanos.

Así las cosas, el perfil liberal burgués que el macrismo le está imprimiendo al Estado nacional hace que el sueño de la casa propia sea cada vez más lejano. Como consecuencia de ello, se multiplican a pasos agigantados la cantidad de trabajadores que tienen que echar mano a impresionantes arquitecturas financieras para poder acceder a un alquiler y pagar los servicios públicos.

Como si fuera poco, en el caso en que estas arquitecturas a las que los trabajadores echan mano no sean suficientes para pagar servicios y alquileres, Cambiemos propone una solución acorde a su estirpe de clase: desalojos express de inquilinos en treinta días.

Así se desprende de un proyecto que ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación, en el que la legisladora macrista Anabella Hers propone reformar el Código Civil y Comercial para “agilizar” el proceso de desalojo de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires, y dejar a una familia en la calle en menos de treinta días, con el objetivo de “ampliar” la oferta de departamentos para alquilar. 

 

Lógica del capitalismo

 

En momentos de profunda crisis económica, el déficit habitacional crece, las condiciones de acceso al alquiler se dificultan cada vez más y la posibilidad de contar con un techo disminuyen para una porción cada vez más grande de la población. En la actualidad, más de 3.5 millones de personas viven bajo serios problemas de acceso a la vivienda digna.

Dentro de este esquema, una porción cada vez mayor de asalariados tiene dificultades para ahorrar o acceder a créditos hipotecarios para comprar vivienda, por lo que el alquiler pasa a ser la alternativa más viable para sostener un proyecto familiar. ¿Pero cómo alquilar en este contexto de tarifazos y de pérdida del poder adquisitivo? Sólo en lo que va del año, los alquileres ya subieron más de un cuarenta por ciento, mientras que las paritarias promedio, para aquellos trabajadores registrados, apenas alcanza el veinte.

Pero ya no sólo son los trabajadores precarizados, los que cobran el salario mínimo y los desocupados, los que están “condenados” a vivir como sea, en condiciones indignas de hacinamiento y sin acceso a los servicios públicos.

Estas dificultades alcanzan a los trabajadores registrados y a una parte cada vez más grande de la “clase media” –desde profesionales a trabajadores calificados y pequeños comerciantes-, que ven derrumbarse ante sus ojos el sueño de la casa propia. Para estos últimos, pero también en menor medida para los primeros, el macrismo ofrece un modelo de ciudad, ahora a todo el país, en el que los inquilinos se reproducen al ritmo del crecimiento del negocio inmobiliario.

En Argentina, las 3.5 millones de personas que sufren el déficit habitacional viven en condiciones inhumanas, hacinadas, en zonas no aptas para el hábitat -donde escasea el acceso a los servicios públicos básicos como red cloacal, agua, luz, gas- y en viviendas precarias que ponen en peligro la integridad física de sus residentes. En su gran mayoría, se trata de viviendas que son alquiladas u ocupadas por trabajadores de bajos ingresos, trabajadores informales, estudiantes e incluso jóvenes profesionales.

Estas condiciones permitieron que con el paso de los años se produjera un crecimiento exponencial de los grandes conglomerados urbanos. En las zonas periféricas a las principales ciudades del país, se multiplicaron los barrios y asentamientos que fueron testigo del encuentro entre trabajadores rurales, expulsados de las zonas agrarias por la expansión del monocultivo y la extensión de los latifundios, y trabajadores urbanos a los que cada vez se les hace más difícil sostener el costo de vida, primero por las dificultades para acceder a la casa propia y, luego, por los altos precios de los alquileres y los tarifazos.

Este proceso es, en parte, consecuencia del boom del negocio inmobiliario y la concentración en la propiedad de la tierra. Ambos están relacionados y existen fenómenos coyunturales que los acentúan, como la fragilidad del sistema financiero mundial, que hizo que una porción muy grande de las cuantiosas ganancias de los sectores agroexportadores se trasladen al negocio inmobiliario. 

Así, la valorización inmobiliaria de la renta financiera es un fenómeno creciente que explica, en gran parte, la cantidad de viviendas ociosas que hay en la actualidad. San Miguel de Tucumán, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Rosario e incluso Esquel, Bariloche y Ushuaia son conglomerados urbanos más allá del Amba que pueden dar cuenta de ello.

Por un lado, viviendas ociosas, timba financiera e inmobiliaria y negocios para las grandes constructoras aliadas del gobierno. Por el otro, déficit habitacional, alquileres impagables y tarifazos insoportables. Ante este panorama, Cambiemos propone ajuste presupuestario en el sector y desalojo express para cuidar el bolsillo de los propietarios. Una fotografía que explica la Argentina de la desigualdad.