Tras una semana de estar desaparecidos fueron encontrados los cadáveres calcinados de cuatro pibes de una barriada pobre de Guayaquil, que habían sido detenidos irregularmente por personal militar.
Ayer la Fiscalía de Ecuador confirmó que los restos calcinados que fueron encontrados el 24 de diciembre cerca a una base militar de Guayaquil, corresponden a cuatro niños que estaban desaparecidos desde el 8 de diciembre y en ese contexto pidió prisión preventiva para dieciséis militares a quienes imputa estar implicados en la desaparición forzada y el asesinato de estos pibes.
El hecho es de una gravedad extrema y excede las páginas policiales ya que encuadra en un clásico caso de terrorismo de Estado, tanto por la elección de las víctimas, como por la metodología que utilizaron sus victimarios, pero también por quiénes son los que aparecen prima facie implicados y por el contexto político que a todo esto le brinda el actual gobierno ecuatoriano encabezado por Daniel Noboa.
Josué Arroyo tenía catorce años, Ismael Arroyo y Saúl Arboleda quince, mientras que Steven Medina sólo contaba con once. Los cuatro vivían en Las Malvinas que es una barriada obrera, de trabajadores humildes, emplazada en la periferia de la ciudad de Guayaquil. Y ahí estaban jugando fútbol el 8 de diciembre cuando fueron detenidos por una partida de soldados que, según pudo establecerse, los trasladó a una base militar ubicada a unos cuarenta kilómetros, en cuyas proximidades aparecieron los cadáveres calcinados, el 24 de diciembre.
Las víctimas son pibes pobres que vivían en una barriada obrera, en tanto que los uniformados que actuaron, lo hicieron amparados por un gobierno que en línea con sus dos antecesores inmediatos, Guillermo Lasso y Lenin Moreno, está llevando a que Ecuador se convierta en un Estado fallido. Y con este telón de fondo, el 9 de febrero este país va a celebrar elecciones en las que Noboa aspira a ir por un nuevo mandato, mientras que día a día profundiza una matriz neoliberal que llevó a que Ecuador esté atravesando una crisis económica y social sumamente profunda.
Pero esto no es todo, ya que Noboa profundizó la normativa que se implementó durante la Presidencia Lasso, por la que se ampliaron las atribuciones de las Fuerzas Armadas para intervenir en seguridad interior, todo en un marco en el que en esos años, Ecuador y EE.UU. suscribieron un Memorando de Entendimiento por el que Washington se comprometió a fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas del país sudamericano.
Ante esto, el Partido Comunista del Ecuador, no dudó cuando denunció que el gobierno que encabeza Noboa “se lava las manos ante tan repudiable hecho de terrorismo de Estado”, tras lo que hizo hincapié en que “la política criminal militarista del gobierno de Noboa, tiene graves consecuencias contra el pueblo ecuatoriano, ejecuciones extrajudiciales, criminalización de la pobreza y entre otras violaciones que forman parte de la conducta represora de la burguesía”, algo que se verifica en este caso de una manera estremecedora.
Y, en este sentido, el PCE alertó que se asiste a “un claro intento de normalización de la violencia y el terrorismo de Estado, propiciando el terreno a futuros escenarios contra dirigentes sociales, activistas políticos y todo aquello que represente oposición a las injusticias”, por lo que el gobierno que lidera Noboa “y sus acólitos deben responder ante esta violación de los Derechos Humanos”.
