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Sáb, Abr

Política

¿Qué tienen que ver grandes empresas y desarrolladores inmobiliarios en las inundaciones que afectan a buena parte del norte bonaerense? El Partido Comunista de Zárate y Cristian Poli, secretario político del PC bonaerense, aclaran esta pregunta y le exigen al intendente municipal, Marcelo Matzkin, que esté a la altura de las circunstancias.

Al cierre de esta edición y pese a que el agua comenzó a bajar, Zárate, Campana y San Antonio de Areco continúan siendo las localidades más perjudicadas por las inundaciones que provocó el temporal desatado el viernes pasado que anegó alrededor de siete millones de hectáreas en las que se llevaron a cabo unos mil rescates a personas con riesgo de muerte, dejando un saldo provisorio de cuatro personas fallecidas y dos desaparecidos.

En este contexto el Partido Comunista de Zárate viene llevando a cabo una intensa actividad solidaria para asistir a damnificados por las inundaciones, pero también para denunciar la actitud del intendente municipal, Marcelo Matzkin, quien ante la catástrofe, en lugar de buscar recursos mediante mecanismos como el cobro de tasas extraordinarias a multinacionales radicadas en el partido como Toyota o Quilmes, sale a pasar la gorra entre los vecinos de a pie.

Tanto es así que el jefe comunal creó la tasa voluntaria “Reconstrucción Zárate 2025”, para instar a que sean los propios vecinos quienes por medio de donaciones a una cuenta del Banco Provincia hagan frente al costo de las tareas que requiere el municipio para ir volviendo a la normalidad tras el temporal. Al mismo tiempo que Matzkin preparaba su colecta, su jefe político, Cristian Ritondo, era una de los diputados nacionales que, al no dar quórum, ayer hacía fracasar la sesión convocada en la Cámara Baja de la Nación para tratar entre otros proyectos, uno que prevé la instrumentación de asistencia a los municipios afectados por la reciente inundación, entre ellos, Zárate.

Ante esto, por medio de una declaración titulada “Matzkin dejá de flashear Maratea, ya sos intendente”, el PC zarateño fijo su postura y repudió la iniciativa del jefe comunal “de promocionar una cuenta sugiriendo a la población que aporte económicamente para asistir a la población que sufrió la catástrofe social y ambiental de la inundación” lo que configura “una acción más de un influencer como Maratea, que propia de un intendente”. 

Asimismo, destacó que “la solidaridad rápida, efectiva y audaz de la mayoría de la población, de las organizaciones civiles, sindicales y del sistema educativo público, fue la base fundamental de la intervención en el salvataje y la ayuda inmediata de los inundados” y en tal sentido destacó el papel que vienen jugando, entre otros, clubes como Defensores Unidos (Cadu), los comedores populares barriales, sindicatos de la CTA y CGT, y partidos políticos populares.

“Matzkin en su función de intendente, debería articular con sus socios políticos, el intendente de Campana, Abella, su madrina política, Bullrich, para que la multinacional de Paolo Rocca, el grupo Techint, libere el curso normal del Arroyo de la Cruz”, señala el PC y advierte que “la obstrucción ilegal del mismo, derivó las aguas de la inundación para las barriadas de la Ruta Provincial 6”.

Pero también recalcó que el intendente “podría impulsar un fondo de emergencia para la reconstrucción de las barriadas populares, imponiéndole una tasa extraordinaria a las multinacionales y a los extranjeros que poseen el veinticinco por ciento de las tierras del partido”. Y, “por si se pierde, le avisamos que no son los hermanos latinoamericanos los extranjeros, sino que debe buscarlos por el hemisferio norte”, aunque “prefiere ofrecerle la liberación de impuestos a Elon Musk, al explotador más grande del mundo, genocida del pueblo palestino, para que goce de impunidad impositiva, jurídica y de leyes laborales”.

En la misma línea, sostiene el PC de Zárate que Matzkin “debiera exigirle a su ministra de Crueldad a los Humanos (Sandra Petovello), que envíe asistencia alimentaria a las familias afectadas, pero no, decide aprobar que se pudran los alimentos en los galpones”. Y puntualiza que “el intendente representa los intereses de las multinacionales y de los ricachones de la zona”, por lo cual “responsabilizó a los inundados de la inundación, en especial, a las familias de trabajadores precarizados que se asentaron en las zonas bajas de la ciudad”.

Así, insiste el PC, “encubre a los verdaderos responsables:  empresas industriales, portuarias, agropecuarias y de especuladores inmobiliarios que ocupan humedales, impermeabilizan las tierras con la producción transgénica, bloquean arroyos y riachos, etc”. 

Por otra parte, remarca que el titular del ejecutivo zarateño “debería exigirle a su gobierno nacional, del cual es parte, que deposite parte de los 2.5 billones de pesos que se recaudó por el Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono. El mismo, lo pagan todos los que cargan combustibles. Se podrían reconstruir viviendas, relocalización de los nuevos barrios, reconstrucción de las rutas nacionales 9 y 6, ampliación de túneles de descarga, las obras hídricas en la cuenca del Arroyo de la Cruz, el mejoramiento de la infraestructura barrial, etc”. Ya que “para todo eso y más sirve ese impuesto, pero su gobierno se lo encanutó, Caputo y Milei se la robaron toda, y el pueblo ahora sufrimos las consecuencias del desfinanciamiento estatal”.

Y también hace hincapié en que Matzkin “le debiera exigir a la represora Bullrich y al fascista de Milei, que dejen de negar el cambio climático, que no desfinancien el Inta, el Conicet y las universidades públicas. Pero no, juega al influencer devaluado”. Por eso es que, sin dudarlo, el PC de Zárate le dice al intendente “que la crisis la paguen tus amigos, no el pueblo trabajador”.

Por su parte, el Secretario Político del Partido Comunista de la provincia de Buenos Aires y vecino y militante de Zárate, Cristian Poli, señaló que “el Partido y los frentes de masas sindical, territorial y cultural, venimos impulsando la intervención en cada una de las barriadas populares, principalmente en las más afectadas, llevando adelante un trabajo constante de acción territorial y política, organizando a los vecinos, llevando asistencia, constituyendo ollas populares, articulando con organizaciones, clubes de barrio y sindicatos”. Todas estas iniciativas, comenta Poli, tuvieron  “han sido muy activas desde el primer día, en función de asistir a las familias y lograr la organización popular que permita poner de relieve cuáles son las causas fundamentales de esta inundación”.

Asimismo, puntualizó que entre los principales factores que coadyuvaron para que se diera esta situación, aparece “la actividad de grandes empresas, la hidrovía que utiliza el río Paraná, Tenaris Siderca que desvió un arroyo fundamental para la salida del agua de la inundación y el fuertísimo desarrollo de empresas inmobiliarias con el emplazamiento de barrios privados sin planificación urbana”. Como así también, agrega, “el desfinanciamiento de obras hídricas del río Areco y el arroyo de la Cruz”.

Por eso mismo el secretario del PC bonaerense sostuvo que es preciso “profundizar la discusión política en torno a cómo se vincula todo esto con el desarrollo propio del capitalismo que provoca y acelera el cambio climático”. 

Poli no dudó en afirmar que “estamos ante una tarea compleja y difícil”, ya que ahora mismo “lo urgente es la asistencia a los perjudicados por la inundación, pero no se debe dejar de presentar un enfoque político”, por lo cual “hay que construir un frente de organizaciones populares permanente para exigir a la gestión municipal y al resto de los gobiernos, tanto provincial como nacial, que se hagan las obras necesarias y se adopten las acciones concretas contra las grandes empresas y desarrolladores inmobiliarios, para evitar que en un futuro próximo suceda una nueva inundación”.

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Junto al colectivo que reúne a las personas con discapacidad, los jubilados y pensionados volvieron a marchar hacia la sede del Ministerio de Salud. “Precisamos una unidad más profunda y que abarque a más sectores de la sociedad que se ven afectados por las políticas gubernamentales” dijo Osvaldo Peula desde el MJL.

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El juez Adrián González Charvay frenó la eliminación de ese programa y el Ministerio de Capital Humano va a apelar tal decisión. “Vemos que la lucha sirve pero no podemos bajar los brazos”, alertó ante este fallo el coordinador del MTL bonaerense, Mario Miceli.

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A días de su informe en Diputados, nuevas pruebas sobre movimientos en efectivo, operaciones inmobiliarias irregulares y gastos incompatibles con sus ingresos declarados agravan la situación del jefe de Gabinete. El respaldo explícito de Javier Milei expone no solo complicidad política, sino la naturaleza orgánica de un régimen atravesado por prácticas de saqueo y opacidad.

La presentación de Manuel Adorni ante el Congreso, prevista para el próximo miércoles 29, se produce en un contexto político signado por la acumulación de evidencias que comprometen severamente su situación judicial y política. Lejos de tratarse de una instancia institucional rutinaria, el informe de gestión se transforma en un escenario de interpelación directa sobre un entramado de irregularidades que ya no puede ser reducido a meras inconsistencias administrativas, tal como pretende presentarlo el gobierno. La confirmación de que el propio Javier Milei estará presente en el recinto para acompañar al funcionario es la señal explícita de un respaldo político que, en las condiciones actuales, solo puede leerse como una forma de blindaje frente a denuncias que escalan en gravedad.

Entre las últimas revelaciones, adquiere centralidad el testimonio judicial que ubica en el centro de la investigación la existencia de 65 mil dólares no documentados vinculados a refacciones en el inmueble del barrio de Caballito, en la calle Miró. Según la declaración realizada bajo juramento en Comodoro Py, dichas obras habrían sido financiadas mediante un esquema de pago “por fuera” de los canales formales, con un compromiso de cancelación posterior atado a la venta de otra propiedad del funcionario. Este mecanismo no solo sugiere la existencia de ingresos no declarados, sino que revela una operatoria deliberada de opacidad, donde el diferimiento del pago funciona como instrumento para evitar trazabilidad financiera.

La operatoria inmobiliaria bajo investigación refuerza este cuadro. El inmueble en cuestión fue adquirido inicialmente por dos jubiladas por 200 mil dólares y posteriormente transferido a Adorni por 230 mil dólares bajo condiciones altamente irregulares: un anticipo de apenas 30 mil dólares y una financiación del 87 por ciento restante a un año, sin intereses—ni precedentes—. Este esquema, completamente atípico en el mercado, se combina con un precio final inferior al valor estimado de la propiedad, lo que abre interrogantes sobre posibles mecanismos de triangulación, subvaluación o encubrimiento de flujos de dinero no registrados. No se trata, por lo tanto, de una simple transacción inmobiliaria, sino de una pieza más dentro de una arquitectura financiera que apunta a disimular el origen y la magnitud de los recursos movilizados.

A ello se suman las evidencias sobre gastos personales que exceden de manera ostensible los ingresos declarados del funcionario. La confirmación de pagos en efectivo por cerca de 9.000 dólares en hoteles de lujo en Aruba, sumados a los 5.800 dólares abonados en pasajes en clase preferencial, resulta incompatible con un salario mensual que, al momento de dichos gastos, rondaba los tres millones de pesos. El uso de efectivo en este tipo de operaciones no es un dato secundario. Constituye, más allá de la evasión impositiva que va de suyo, en términos de investigación financiera, un indicador clásico de intentos de eludir controles y evitar la generación de registros bancarios que permitan reconstruir el origen de los fondos.

En este contexto, la sesión en Diputados —organizada bajo un esquema de seis horas acordado por Martín Menem— se perfila como un momento de alta tensión política. La oposición ha adelantado que no limitará sus preguntas al caso de enriquecimiento ilícito, sino que buscará articular estas denuncias con el cuadro general de deterioro social: la situación del PAMI, el ajuste sobre jubilados y personas con discapacidad, el aumento del desempleo y el impacto de las tarifas. Sin embargo, es evidente que el eje estructurante de la interpelación girará en torno a la legitimidad misma de un funcionario cuya trayectoria reciente aparece atravesada por prácticas que contradicen abiertamente los principios de transparencia que el propio gobierno declama.

El respaldo de Milei, en este escenario, no puede interpretarse como una mera defensa política de un colaborador cercano. Se trata, más bien, de la expresión de una comunidad de intereses y prácticas que compromete al núcleo mismo del gobierno. Como ya se ha señalado en análisis previos, no estamos ante episodios aislados de corrupción, sino frente a la consolidación de una forma de gestión estatal en la que la frontera entre lo público y lo privado se diluye sistemáticamente. La figura de Adorni no es una anomalía dentro del oficialismo, sino un emergente coherente de su lógica de funcionamiento.

Desde esta perspectiva, el caso adquiere un carácter paradigmático. La combinación de operaciones inmobiliarias opacas, por no decir turbias, uso intensivo de efectivo y niveles de gasto incompatibles con los ingresos formales configura un patrón típico de acumulación parasitaria con dinero proveniente de actividades ilícitas. No se trata solo de la eventual apropiación de recursos públicos, sino de la inserción del aparato estatal dentro de circuitos de valorización que operan al margen —y en muchos casos en contra— de la legalidad vigente. En este sentido, la defensa cerrada del presidente refuerza la hipótesis de que estas prácticas no son desviaciones individuales, sino componentes vertebradores de un proyecto político.

La presencia de Milei en el recinto durante el informe de Adorni, lejos de aportar institucionalidad, tiende a reforzar la percepción de un gobierno que se repliega sobre sí mismo frente a la evidencia acumulada. En lugar de propiciar mecanismos de esclarecimiento, el oficialismo opta por la lógica del cerrojo político, apostando a la disciplina interna y al desgaste de la oposición. Pero esta estrategia tiene límites evidentes: a medida que se profundizan las investigaciones judiciales y se multiplican los indicios de irregularidades, el costo político de sostener este esquema se incrementa.

En última instancia, lo que está en juego en la comparecencia de Adorni no es solo su continuidad en el cargo, sino la viabilidad de un modelo de gobierno que ha hecho de la corrupción y la captura del Estado sus rasgos distintivos. La insistencia en una retórica anti-“casta” contrasta cada vez más con prácticas que reproducen e intensifican las formas más degradadas de la dominación burguesa. En este marco, el caso Adorni funciona como un punto de condensación donde se hacen visibles las contradicciones de un proyecto que, en su despliegue, revela su verdadera naturaleza.

La dirigente de UTE-Ctera, Antonella Bianco, analizó el aumento de situaciones de violencia en escuelas, el rol de los discursos públicos y el avance de respuestas punitivistas. Advirtió sobre la falta de recursos, la crisis social que atraviesa a las juventudes y la necesidad de reconstruir redes entre escuela, familias y comunidad.(*)

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En los últimos dos años más de ochocientas empresas bajaron sus persianas en la provincia. “Esto es la consecuencia lógica del modelo nacional que implementa Javier Milei, pero también del que en la provincia aplican el radicalismo y sus aliados desde 2001, cuando llegaron al gobierno tras la intervención federal”, puntualizó el Secretario Político del Partido Comunista de Corrientes, Diego Silva.

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La abogada y criminóloga Claudia Cesaroni analizó los recientes episodios de violencia vinculados a escuelas y advirtió sobre los riesgos de la criminalización juvenil. Señaló el acceso a armas, los discursos políticos violentos, el factor miedo y la falta de políticas de acompañamiento como factores clave, y propuso fortalecer los espacios de convivencia antes que profundizar respuestas punitivas.

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Hoy, en todo el país, es otro miércoles de movilización para los trabajadores jubilados y pensionados que vuelven a ganar las calles en momentos en los que se conocen más datos que confirman la gravísima situación que se vive: desde que Milei es presidente crecieron los porcentajes de mortalidad entre las infancias y los adultos mayores.

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La Federación Juvenil Comunista celebró sus 105 años de vida con un evento político-cultural. Su coordinadora nacional, Guadalupe Viñuela Flores, subrayó ante los desafíos planteados por este contexto adveso “la necesidad de una FJC que este ahí, en cada frente, espalda con espalda con cada trabajador despedido, con los jubilados, con cada estudiante, para librar cada batalla por la liberación nacional y social”.

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Mientras desde los medios de comunicación masiva oficialistas se milita a favor del consumo de la carne de burro, los argentinos comen cada vez menos carne de vaca y los frigoríficos entran en crisis, con el consecuente impacto que esto trae aparejado para miles de trabajadores.

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Por DNU el presidente autorizó el ingreso al país de tropas estadounidenses para participar en ejercicios militares, algó que como  aseguró Jorge Kreyness “pone en riesgo la soberanía”. Todo esto representa para el Estado argentino un gasto de 895 millones de pesos, lo que equivale, por ejemplo, a la mitad de los fondos que el Ejecutivo se niega a disponer para garantizar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

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Rogelio de Leonardi, Secretario Político del Partido Comunista de La Rioja, alertó sobre la mirada del gobierno de Ricardo Quintela sobre la explotación minera. “Mientras no se resuelven problemas básicos, se avanza en estos negocios que no garantizan beneficios reales para la población”, aseguró.

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Milei se arrodilló una vez más ante sus jefes de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina. Para el Secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista, Marcelo Rodríguez, esta nueva exhibición neocolonial “deja un panorama de la  crisis que atraviesa el gobierno, del desgaste que enfrenta ante el creciente malestar social y demuestra que la única alternativa que propone es seguir firme con la motosierra y el ajuste, causando peores condiciones de vida para los argentinos y favoreciendo el negocio de unos pocos”.

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La semana pasada participaron de una audiencia pública convocada por Diputados después de que el gobierno diera de baja el Volver al Trabajo. Ahí estuvo el coordinador del MTL bonaerense, Mario Miceli, quien repudió esa decisión, tal como lo hizo Flavia Guardia desde su banca de concejal en Cañuelas. Mañana tendrá lugar un Congreso de la UTEP. 

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