Conforme pretende avanzar en su proyecto de reforma laboral regresiva, el gobierno nacional decretó modificaciones en el esquema de la Side. El DNU fue repudiado por las dos CTA y la Corriente Nacional Agustín Tosco.
Junto con el intento de imponer una reforma laboral absolutamente regresiva, que si prospera va a retrotraer en un siglo la relación entre los universos del capital y el trabajo, Javier Milei reformó de manera integral el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) por medio del DNU 941/2025, que modifica la Ley 25.520 para otorgar a la Secretaría de Inteligencia de Estado (Side) facultades que consagran la creación de un Estado Policial.
Conforme este DNU, los agentes de Inteligencia tienen ahora la facultad de detener personas mientras estén llevando a cabo actividades de inteligencia, ante auxilios o requerimientos judiciales y en casos de delitos flagrantes ¿Pero quiénes son los que en tales escenarios decidirán si se está ante la comisión de un delito? La respuesta es tan clara como alarmante, ya que son los propios agentes los que van a tener la facultad de determinarlo y, recién después, deberán notificar a las fuerzas de seguridad competentes.
Nada de esto pasó desapercibido para las dos CTA que, por medio de un comunicado conjunto, advirtieron que nuevamente la Presidencia Milei dicta un decreto de necesidad y urgencia sobre algo que no es urgente ni necesario. Además, resaltaron en su repudio que, otra vez se hace “vulnerando al Congreso y el debate democrático”, ya que el gobierno esperó al día siguiente de que deje de sesionar el Poder Legislativo Nacional para publicar el DNU 941 que “constituye un retroceso gravísimo y un peligro extremo para las libertades individuales porque transforma a la Side en una policía secreta con poder de detener arbitrariamente”. A su vez, ambas centrales remarcaron la gravedad de que el decreto declara a todas las actividades como “encubiertas, para poder operar con total opacidad y centraliza el acceso de datos personales de toda la ciudadanía”.
Todo esto, indicaron, conforma “una arquitectura legal para la vigilancia masiva y la persecución política, sindical y social” y, asimismo, “fortalece el aparato de espionaje con facultades excepcionales, mientras se recortan derechos sociales”; algo que no dudaron en señalr que “evidencia el carácter represivo y autoritario de este gobierno”. En tanto que, sintetizaron, la iniciativa representa “un golpe a la Constitución y a las garantías republicanas”.
Con este telón de fondo, el secretario Sindical del Partido Comunista de la provincia de Buenos Aires y dirigente de la Corriente Nacional Agustín Tosco, Emanuel Ríos, hizo hincapié en que el DNU 941 que le da superpoderes a la Side “es un ataque directo a la democracia” y añadió que “con mucho cinismo lanzan este decreto cuando estamos por cumplir cincuenta años del golpe de Estado de 1976”, por lo que subrayó que “el próximo 24 de marzo vamos a volver a estar en las calles y una de las consignas va a ser la que exija que se deje sin efecto este decreto”.
Ríos añadió que “lo que quiere el actual gobierno es instalar un Estado policial que tenga atribuciones para perseguir a todos los que protestamos contra este modelo de hambre”. Así es que aspiran, aseguró, “poder preparar el terreno para profundizar las reformas estructurales del Estado y la única forma en que pueden hacerlo es con represión”.
