El Congreso boliviano avanzó en la restitución de derechos a militares y policías que habían sido sancionados por haber participado en el golpe de Estado perpetrado hacia fines de 2019 contra Evo Morales. Mientras tanto, en nuestro país, languidece la causa abierta contra Macri, Bullrich y Aguad por el contrabando de armas destinadas a los golpistas.
La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó el Proyecto de Ley para el Restablecimiento Integral y Restitución de Derechos de Militares y Policías, norma por la cual se restituyen derechos constitucionales, civiles, económicos, laborales y profesionales a los uniformados afectados por procesos, sanciones o medidas disciplinarias vinculadas a su participación en el golpe de Estado que hacia fines de 2019 dio paso a la dictadura racista de Jeanine Áñez.
Una vez aprobada, la iniciativa fue remitida a la Cámara de Senadores “para fines constitucionales de revisión”, tal como informó la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Daniela Cabrera, quien figura entre los autores del proyecto que contempla a efectivos de la Policía Boliviana que durante el gobierno de Luis Arce fueron sancionados, retirados temporalmente, dados de baja o reincorporados con afectaciones en su antigüedad, escalafón, evaluaciones, ascensos o registros institucionales, como consecuencia de su participación en el golpe contra Evo Morales y en la criminal represión desatada.
Para el caso de las Fuerzas Armadas, la iniciativa comprende al personal militar, cuya situación institucional y laboral fue afectada por actuaciones que desde la perspectiva de este proyecto regresivo fueron “irregulares y relacionadas con el objeto de la norma”, por medio de un diseño que establece mecanismos excepcionales para revisar sus casos y disponer la restitución de derechos.
“Este proyecto de ley va a devolverles la dignidad y los derechos que les han arrebatado a policías y militares”, sostuvo el diputado oficialista Alejandro Reyes antes de aseverar que los efectivos involucrados “cumplieron con su mandato constitucional de defender la democracia, contribuir a la pacificación del país y proteger a la ciudadanía”. En ese sentido, los representantes del gobierno derechista de Rodrigo Paz consideran que corresponde una respuesta institucional que permita reparar las “afectaciones” que, según su planteamiento, sufrieron los uniformados.
Como se recordará, durante noviembre de 2019 una asonada militar-policial obligó a dimitir a Morales, tras lo que asumió la hasta entonces legisladora Jeanine Áñez, cuyo gobierno desató una sangrienta cacería contra el pueblo que se manifestaba en defensa del gobierno depuesto. Luego del fin de la dictadura, Áñez fue condenada y pasó cinco años en prisión. Apenas dos semanas después de la victoria de Paz en las presidenciales, la golpista fue puesta en libertad. Mientras que actualmente Luis Arce se encuentra detenido y Evo Morales en la clandestinidad, como consecuencia de la contraofensiva de la derecha y de la persecución política que se realiza en ese marco.
De acuerdo a los relevamientos más conservadores, el saldo de aquellos episodios por los que se sancionó en 2022 a policías y militares fue de al menos 37 personas asesinadas por las fuerzas en la represión a las protestas, así como más de ochocientos heridos y lesionados de gravedad registrados en casi todo el país. Además de la detención de cientos de manifestantes, entre ellos la del militante comunista argentino Facundo Morales, que se encontraba trabajando como fotorreportero, asesinado luego de recuperar su libertad por la policía porteña de Horacio Rodríguez Larreta en 2023 en un acto político en el Obelisco porteño. En tanto que los principales dirigentes del MAS, entre ellos Morales y Arce y Álvaro García Linera, debieron exiliarse.
Entre los casos más emblemáticos de los crímenes de la dictadura de Áñez aparecen la Masacre de Sacaba, que tuvo lugar en Cochabamba el 15 de noviembre, así como también la Masacre de Senkata, que fue perpetrada en El Alto unos días después.
Si bien el brazo ejecutor de tales masacres fueron los efectivos militares y policiales que ahora la Legislatura dominada por el el esquema político que responde al presidente Rodrigo Paz (y con el MAS fragmentado), resulta insoslayable la participación que en la preparación del golpe de Estado tuvieron la OEA, Estados Unidos y el gobierno de Argentina, que por entonces ejercía Mauricio Macri.
Aquel gobierno de Juntos por el Cambio, entre otras cosas, suministró armamento que fue utilizado contra los manifestantes, al tiempo que también autorizó que viaje hacia La Paz una dotación del Grupo Alacrán de Gendarmería. A confesión de partes, relevo de pruebas. Todo esto consta en una carta de agradecimiento que el 13 de noviembre de 2019 envió el general de la Fuerza Aérea Boliviana Jorge Gonzalo Terceros Lara, en la que se detalla pormenorizadamente el arsenal proveniente de Argentina que recibió la dictadura boliviana.
Por este hecho fueron denunciados e imputados por la comisión de los delitos de contrabando agravado, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad, el propio Mauricio Macri, como así sus por entonces ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Oscar Aguad, junto a Normando Álvarez García, que era embajador en Bolivia.
La causa sigue cajoneada en los Tribunales de Comodoro Py, no casualmente rebautizados como “Comodoro Pro”. Todo parece indicar que este expediente va camino a su extinción. Otro de los tantos motivos por los que se vuelve imprescindible poner en agenda la prioridad de avanzar en una profunda reforma judicial, como tarea política-programática para un próximo gobierno que se precie de defender consecuentemente los intereses populares y soberanos en nuestro país.
