Al cierre de esta edición se está llevando a cabo una concentración de diferentes organizaciones en Plaza de Mayo para exigir la liberación de todos los detenidos el miércoles pasado en el marco de la represión perpetrada contra quienes manifestaban contra la Ley Bases 2.
Convocados por organizaciones sociales, políticas, sindicales y de Derechos Humanos, al cierre de esta edición comenzaba la concentración que en Plaza de Mayo que exige la liberación de los dieciséis presos políticos que continúan detenidos desde el miércoles pasado, cuando fueron capturados ilegalmente por las fuerzas Federales y dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que perpetraron una brutal represión contra quienes se manifestaban contra la Ley Bases 2.
Cabe citar que la realización de este acto fue acordado, ayer lunes, en una asamblea que contó con una amplia participación que fue realizada en la sede del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj). La convocatoria es clara ya que exige la libertad de los presos políticos y que se cierren las causas que con gravísimas imputaciones penales se les iniciaron, pero también para recalcar que la protesta no configura un delito y para demandar que la Presidencia Milei cese con las persecuciones que sistemáticamente perpetra contra quienes se oponen a sus medidas.
Cada uno de estos reclamos es tan pertinente como necesario, tal como quedó demostrado cuando apenas comenzada la desconcentración de la movilización del pasado miércoles, policías de la Ciudad y la Federal, junto a personal de Gendarmería y Prefectura, desataron una siniestra cacería en la que se detuvo arbitraria e ilegalmente a 35 personas. Entre los detenidos, por supuesto, no aparece ninguno de los individuos que prácticamente en las narices de los uniformados quemaron un móvil de Cadena 3 ni aquellos que las transmisiones televisivas de la jornada, exhibieron arrojando piedras para después perderse entre las filas policiales.
Así las cosas, durante el jueves comenzó a circular un petitorio que recibió adhesiones locales e internacionales. Ahí se reclama que “la inmediata e irrestricta libertad de todas y todos los detenidos” que recuerda estaban “ejerciendo su derecho democrático y constitucional a la protesta”, tras lo que puntualiza que la mayoría de las detenciones se produjo a más de diez cuadras de Plaza Congreso “en un momento en el que las personas se estaban desconcentrando luego de recibir una andanada de gases lacrimógenos y balas de goma por parte de las fuerzas federales y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”. Y denuncia que quienes fueron detenidos “han recibido durante su detención malos tratos”.
Y, asimismo, exige “el cese de la criminalización de las organizaciones políticas, sociales y sindicales que por haber participado de dicha movilización para el poder Ejecutivo se convierten en ‘terroristas’ que actuaron en un ‘intento de golpe de Estado’, imputaciones totalmente absurdas e infundadas”.
De los 35 detenidos el miércoles, diecisiete fueron liberadas horas después de que organismos de Derechos Humanos hicieran llegar sus reclamos a la jueza interviniente, María Servini, en una nota que fue acompañada por las primeras firmas que sumó el petitorio.
Pero durante el fin de semana, el fiscal federal Carlos Stornelli redobló su apuesta y apeló el fallo de la magistrada por lo que insistió con que vuelva a encarcelarse a catorce de los que habían obtenido la excarcelación, ya que sostiene que “incitaron a la violencia colectiva contra las instituciones” y se alzaron “contra el orden constitucional”. Es decir, Stornelli le dio aire, nuevamente, a la argumentación que viene planteando el gobierno de Javier Milei, que consideró “terroristas” a quienes participaron de la manifestación contra la Ley Bases 2 y los acusó de haber querido dar un golpe de Estado.
La UnSaM se planta
Durante la semana pasada, la propia Universidad Nacional de San Martín (UmSaM), manifestó por medio de un comunicado el rechazo a la detención ilegal de los manifestantes, entre los que se encuentran estudiantes de la propia institución. “Nos produce tristeza y estupor vivir escenas de represión que repudiamos y constituyen un doloroso retroceso que intenta acallar voces disidentes”, señaló esa declaración pública.
Vale mencionar que el sábado se realizó un ruidazo ante las puertas del Campus de la UnSaM, que continuó con una movilización que se dirigió hasta la plaza central del municipio, donde se hizo una radio abierta con la participación de los familiares de tres de los 35 detenidos.
Actualmente quedan diecinueve personas encarceladas en los penales de Marcos Paz y Ezeiza, entre ellos tres alumnos de la UnSaM: Sasha Lyardet, quien es estudiante de la licenciatura en Comunicación, Nicolás Mayorga que cursa la licenciatura en Relaciones Internacionales y Camila Juárez que estudia sociología.
Por eso a nadie puede sorprender la fuerte participación que durante esa jornada tuvieron centros de estudiantes, docentes y no docentes, junto a miembros de organizaciones sociales y políticas para exigir la liberación de todos los detenidos durante la brutal represión de la marcha contra de la Ley Bases 2.
Los familiares de las víctimas, contaron que a Sasha y a Camila las tuvieron toda la noche del miércoles dando vueltas dentro de un camión celular de la Policía de la Ciudad, después las llevaron a la comisaría 15 de Chacarita donde debieron permanecer esposadas, paradas e incomunicadas junto a otras cinco chicas. Recién pudieron ver a sus familiares durante la noche siguiente. Y Nicolás no la pasó mejor, ya que lo llevaron a la comisaría 4 de Zavaleta, después de haber recibido golpes y balazos de goma, desde donde lo trasladaron al penal federal de Marcos Paz, donde hasta ayer no había podido recibir visitas ni atención a las heridas que le provocó la represión.
Al respecto, desde La Fede, el consejero de la Escuela de Humanidades de la UnSaM, Leonel Galateo Mariani, advirtió que el gobierno que encabeza Milei, “busca cercenar el derecho a la protesta, porque sabe que su modelo político de hambre y pobreza no cierra sin represión”. Y, en este sentido, denunció “el procedimiento del fiscal Stornelli”, tras lo que hizo hincapié en que “seguimos exigiendo que liberen a todos los detenidos y lo seguiremos haciendo cuantas veces haga falta”, por lo que “nos encontramos en Plaza de Mayo para exigir la liberación de todos los compañeros”.
Asimismo, destacó el papel de las autoridades de la UnSaM, cuyo rector Carlos Greco fue de la partida de la reunión llevada a cabo en el Serpaj, en la que ayer se decidió convocar a la marcha de hoy. “La misma universidad se ha pronunciado y se ha movido” destacó y sin dudarlo remarcó que “esto que hace el gobierno es un atropello a las garantías civiles y democráticas”.
Pero también insistió en que “las detenciones ilegales y prisiones preventivas, no se condicen con ninguna de las acciones que se estaban llevando a cabo ese día ya que cuando fueron apresados, la mayoría estaba desconcentrando y a otros los agarraron solamente porque pasaban por ahí”. Y finalizó alertando que “este amedrentamiento judicial contra los que están en contra de las medidas de gobierno, es la herramienta que tienen para generar miedo y para intentar que el pueblo no se movilice para plantarse contra todas las políticas que gesta y que pretende seguir gestando Milei, en detrimento de la clase trabajadora”.
