El Observatorio del Derecho a la Ciudad convoca a movilizar a favor del derecho humano al acceso al agua y contra su mercantilización. Se lanzó una campaña de recolección de firmas para rechazar los decretos que habilitan esas maniobras.
“Sí al derecho humano al agua, no a su mercantilización”, es la consigna con la que el Observatorio del Derecho a la Ciudad convoca “a todas las personas, organizaciones sociales, ambientales, académicas y de derechos humanos” a adherir a una declaración que pretende sumar voluntades para “sostener con firmeza la defensa del agua como bien común”.
Por lo tanto lanzó una campaña de recolección de firmas para rechazar el DNU 493/2025 y el Decreto 494/2025 que habilitan la privatización de Aysa y que regulan el acceso al agua potable como un negocio, ya que permiten los cortes de servicio por demoras en el pago de las tarifas. Por eso es que quienes consideren que “el agua no es una mercancía, es vida” y que por lo tanto no debe venderse ni cortarse, pero tampoco privatizarse ni negociarse, pueden hacerlo saber firmando el formulario de adhesión que se encuentra en el siguiente enlace: https://forms.gle/9oRcnikDYSGLYPF97
En tal sentido, la campaña hizo pública una declaración en la que se sintetiza la demanda, que señala que quienes adhieren al petitorio “profesionales, académicos/as, investigadores/as, docentes, especialistas en gestión del agua, organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos, militantes ambientales, ecologistas, entre otros”, manifiestan su “enérgico rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia 493/2025 y al Decreto 494/2025, recientemente dictados por el Poder Ejecutivo Nacional”.
Al respecto, el texto, recuerda que esos decretos “modifican las condiciones regulatorias del servicio público de agua potable y desagües cloacales prestado por Aysa para permitir el ingreso de capitales privados a la empresa”, al tiempo que “se inicia el procedimiento de privatización total de Aysa”. Y también que previamente, durante 2024, la Ley 27.742, más conocida como Ley Bases, incluyó a Aysa dentro de las empresas sujetas a privatización.
Asimismo, resalta que “la provisión de agua potable no puede, bajo ningún aspecto, ser tratada como una mercancía”, ya que se trata de “un derecho humano esencial, reconocido por la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, numerosos tratados internacionales, fallos de la Corte Suprema y nuestra Carta Magna”. Por eso es que, como tal, “debe garantizarse bajo principios de acceso universal, equidad, asequibilidad, continuidad y calidad, en el marco de una gestión pública, transparente y participativa” pero, lamenta, “el nuevo marco regulatorio permite cortar el suministro de agua por falta de pago, una medida que es inconstitucional, inhumana e inaceptable, y que viola los compromisos internacionales de derechos humanos que nuestro país ha firmado”.
En tanto que advierte que “el acceso mínimo al agua potable no puede ser condicionado al pago”, al tiempo que remarca que “su restricción debe contemplar umbrales de garantía vital conforme a los estándares internacionales adoptados por la Nación y jerarquizados constitucionalmente”.
Frente a este panorama denuncia que “además la utilización del mecanismo excepcional de un decreto de necesidad y urgencia (donde no se observa una “necesidad” ni una “urgencia” en la medida tomada), y sin debate parlamentario ni participación ciudadana en un tema de esta magnitud, lesiona gravemente el principio republicano de división de poderes”, algo que “vacía de contenido la democracia representativa y viola la democracia participativa ambiental reconocida en el Acuerdo de Escazú”. En este mismo orden, destaca que “la modificación de un régimen que afecta la vida, la salud y la dignidad de millones de personas no debe realizarse sin un amplio debate social, científico y legislativo”. Así como también, que estos decretos “pretenden avanzar con una lógica de mercado en la prestación de un servicio público que debe estar regido por el principio de interés común y desde la perspectiva de los derechos humanos”. A la vez, recuerda que “la experiencia internacional y la propia historia argentina en los años 90 nos muestran que la privatización de los servicios de agua potable y saneamiento ha significado incrementos tarifarios desproporcionados, deterioro del acceso en sectores vulnerables, conflictos contractuales crónicos, doce años en un juicio internacional en el Ciadi y 405 millones de dólares perdidos en indemnizaciones en dicho arbitraje que significó casi la mitad de los montos pagados por la recuperación de la gestión pública en el sector”. Y, finalmente, “la reestatización forzada debido al fracaso del modelo”.
Por último, el documento puntualiza que “el caso de Aguas Argentinas SA es emblemático porque fue la privatización más grande del mundo en el sector y, luego de años de incumplimientos y desinversiones, el Estado debió recuperar el control del servicio para asegurar el acceso a millones de habitantes, tras haberse puesto en peligro la salud de la población por una distribución de agua con altos niveles de nitrato y arsénico por encima de los aceptables, especialmente en la Zona Sur del Amba”.
Entre quienes ya brindaron su adhesión al petitorio están el secretario general del Partido Comunista de la Argentina, Jorge Kreyness, el secretario político del PCA de la CABA, Ariel Elger y su par de la provincia de Buenos Aires, Cristian Poli, la doctora en Ciencias Sociales Verónica Cáceres, Guillermo Celaya quien es magíster en Gestión del Agua, el doctor en Derecho Javier Echaide, la docente e investigadora de la Facultad de Ingeniería de la UBA María Eva Koutsovitis, Melina Tobías quien es doctora en Ciencias Sociales y su par Leonardo Fernández, así como el doctor en ciencias sociales José María Regueira, el abogado ambientalista Jonatan Baldiviezo y la investigadora y docente Karina Forcinito.
