Como en Bolivia el año pasado o como en Ecuador en 2010, el imperialismo en coordinación con las derechas locales recurre a la sedición policial como método de desestabilización. Al cierre de esta edición, pese a los anuncios, sectores radicalizados continúan con el levantamiento
En sintonía con los planes y métodos del imperialismo yanqui para América Latina, en Argentina la derecha puso en marcha un proto golpe de Estado contra el gobierno del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires y por extensión contra el gobierno nacional, con el propósito de cercenar, al igual que en gran parte de la región, cualquier proyecto político antineoliberal que cuestione los dictados económicos, sociales y de política exterior de los Estados Unidos. Como en Bolivia el año pasado o como en Ecuador en 2010, el imperialismo en coordinación con las derechas locales recurre a métodos de desestabilización, que ahora recaen en las fuerzas policiales, con el apoyo de los grandes medios de comunicación. Todo ello con el agravante del crecimiento exponencial de la pandemia por el Covid-19.
El asedio casi medieval ejercido por la Policía Bonaerense en la Quinta de Olivos, residencia presidencial, es un acto de amedrentamiento contra un símbolo de la democracia argentina como no se veía desde los levantamientos carapintadas y por ello puso blanco sobre negro la verdadera motivación de lo que se presenta como un reclamo “salarial” por parte de las fuerzas de seguridad, pero que en la realidad es un acto de sedición.
Frente a la gravedad de la situación, en el día de ayer el presidente Alberto Fernández, junto al gobernador Axel Kicillof e intendentes de la provincia de Buenos Aires, anunció la creación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la Provincia de Buenos Aires, que recupera uno de los dos puntos y medio de coparticipación que en 2017 y por decreto Mauricio Macri reorientó para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y que profundizó la brecha de ingresos per cápita entre la Ciudad y la provincia.
Pese al anuncio, que incluye una mejora en los ingresos de los agentes de la policía bonaerense, los efectivos mantuvieron las “protestas” en diferentes ciudades de la provincia, cuyo punto de concentración sigue siendo el Puente 12 de Richieri y Camino de Cintura. Entonces, resulta claro que no se trata de un reclamo, que los uniformados no pueden ejercer por fuera de la cadena de mando interna, sino que se está en presencia de un acto de sedición, a tono con las intentonas golpistas de similares características en América Latina en los últimos años.
La sombra de la Embajada norteamericana se evidencia en los promotores visibles de la avanzada policial, fogoneada por la oposición macrista, las declaraciones recientes de Eduardo Duhalde y los medios hegemónicos de comunicación.
Desarticular el golpe
La gravedad de la situación exige actuar con firmeza y con el apoyo popular, que deberá resolver con creatividad los problemas que impone la pandemia y expresarse de forma contundente contra el proceso de desestabilización en marcha.
Para ello, en primer lugar urge que el gobierno de la provincia de Buenos Aires retome la conducción política de la policía bonaerense, a la que renunció desde el momento en que el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, decidió otorgar mayor autonomía a los mandos medios, lo que agrava notablemente la situación. Los resultados de la gestión de Berni en términos de represión y violencia estatal están a la vista de todos. De ahí que sea necesarios aplicar cambios urgentes en la política que despliega el Ministerio de Seguridad de la Provincia, incluyendo la separación de todos los funcionarios macristas que aún continúan en sus cargos.
Por otro lado, no se puede permitir que las fuerzas policiales continúen con sus intenciones sediciosas, que además de ilegítimas son ilegales. También urge una fuerte intervención por parte del poder judicial, con la consecuente aplicación del Código Penal según se estipula para casos de extrema gravedad como el actual.
Sería un error grosero subestimar los acontecimientos de las últimas horas. Las organizaciones políticas democráticas, los sindicatos, el movimiento estudiantil y la sociedad toda deben mantenerse en estado de alerta. La única forma de desarticular los planes de la derecha, en un contexto que entrecruza crisis económica y sanitaria, es defendiendo los resultados de las últimas elecciones e impulsando un programa de medidas que mejore sustancialmente la situación de los sectores populares, que fueron los grandes perjudicados durante el gobierno de Macri y que verían aún más difícil su situación si prosperan los planes golpistas.
Por estos motivos la ofensiva política debe ser también una ofensiva económica, con el objetivo de efectuar una transferencia de recursos desde el capital al trabajo, es decir, en sentido claramente opuesto a la política económica del macrismo en el período 2015-2019. En este contexto y en sintonía con la creación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la Provincia de Buenos Aires, el impuesto a la riqueza, que aún debe ser debatido y sancionado por el Congreso Nacional, tendría que ser permanente en vez de extraordinario. Con la recaudación de un gravamen altamente progresivo sobre la propiedad y la riqueza se podría constituir un fondo de emergencia económico nacional y ofrecer así solución al atraso salarial de trabajadores estatales —entre los que se cuenta el personal de salud—, trabajadores no registrados, trabajadores desocupados y que permitiría impulsar la economía popular, la agricultura familiar y la pequeña y mediana empresa.
En síntesis, urge actuar para descabezar la autoconducción de facto de las fuerzas policiales en la provincia de Buenos Aires y desarticular, del mismo modo, los intentos por entrelazar los actos de sedición de las fuerzas de seguridad con las actitudes de sectores civiles de la sociedad que bajo la conducción de los grandes grupos económicos y Juntos por el Cambio pretenden desestabilizar al gobierno del Frente de Todos, con los mismos métodos que el imperialismo yanqui ya desplegó en América Latina.
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A media mañana el gobernador Axel kicillof anunció una serie de medidas importantes, con el objetivo de dar lugar a lo que se considera desde el gobierno provincial como “reclamos entendibles” por parte de los agentes de las fuerzas represivas y que se justifican, según esta óptica, por la erosión en los ingresos de los policías, a causa de la política económica del macrismo que redujo de 1230 dólares a 750 el ingreso promedio de un agente represivo.
Las medidas anunciadas por el gobernador fueron:
Equiparación de los salarios de la policía bonaerense con los de la Federal.
Casi cuarenta mil oficiales de policía, la mitad del total, pasará a percibir salario de bolsillo de 44.000 pesos.
Una porción similar del aumento se aplicará a toda la jerarquía mientras se calibra la estructura de la institución policial.
Aumentó a 5.000 pesos por mes en el monto para compra de uniforme, que Vidal había congelado en 1.130 pesos.
Se triplicará a 120 pesos el valor de las horas extras que también estaba congelada en 40 pesos.
La creación de dos hospitales exclusivos para la policía.
Las mejoras se aplicarán también a los agentes del Servicio Penitenciario provincial.
Pese al anuncio de las medidas, al cierre de esta edición en Puente 12 un grupo de la policía bonaerense, el más radicalizado y claramente vinculado a Juntos por el Cambio y que propuso como interlocutor a Juan Carlos Blumberg, continúa un alzamiento que debe ser desactivado inmediatamente, con las sanciones del caso.
El anuncio del gobernador contempla aumentos en el pago de las fuerzas represivas que no han sido considerados aún para ningún trabajador de la provincia, como docentes, judiciales, trabajadores de la salud, etc., cuya situación debe ser mejorada inmediatamente. Por ejemplo, el salario básico de un maestro de grado es de 31.058 pesos. Un enfermero ingresante, con un solo cargo, percibe un salario bruto de 47.270 pesos, pero con los descuentos queda en 37.700. Un médico que trabaja 36 horas semanales, sin antigüedad, percibe 46.400 pesos. Un residente de primer año cobra 45.000. En el Poder Judicial, la escala salarial fijada en septiembre de 2019 comienza con los auxiliares, que tienen un básico de 20 mil pesos.
¿Por qué aumentar de esta manera y tras una extorsión golpista los ingresos de los integrantes de una fuerza represiva, machista y antipopular como la bonaerense, que maneja cajas enormes provenientes de la administración del narcotráfico, la prostitución, el juego clandestino y la compra-venta de autopartes y no a los trabajadores de la administración pública provincial? Para desactivar los planes golpistas de la derecha es necesario mejorar los ingresos y condiciones de vida de los trabajadores.
