El martes se moviliza hacia el Palacio de Tribunales junto al Cecim La Plata y para el jueves 15 se prevé una jornada nacional para que el Congreso derogue el DNU 70/2023, convocada por las dos CTA.
El martes 6 y el jueves 15 de octubre son las dos citas convocadas para repudiar la decisión de la Corte Suprema de revocar el fallo que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23, que había derogado la Ley 26.737, de Protección al Dominio Nacional sobre Tierras Rurales, eliminando los límites a la adquisición de propiedades rurales por parte de personas físicas, empresas y hasta Estados extranjeros.
La Ley 26.737, sancionada el 22 de diciembre de 2011, estableció un marco regulatorio por el que se acotó a un quince por ciento la tenencia de tierras por parte de extranjeros tanto en el orden nacional, como en el provincial, municipal y departamental. Esa ley, no obstante, no tuvo efecto retroactivo y la concentración de la tierra preexistente en muchas zonas de nuestro país a manos de capitales extranjeros siguió estando por encima de esos topes regulatorios. Pero con la entrada en vigencia del DNU 70/2023, Javier Milei impuso alrededor de trescientas reformas entre las que aparece la derogación de la Ley 26.737.
Ante esto el Cecim (Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas) de La Plata presentó oportunamente una cautelar que fue aceptada por el juez Ernesto Kreplak, pero apelada por el gobierno nacional. Entonces, se pronunció la Cámara Federal de La Plata, que al aceptar la requisitoria de los ex combatientes configuró un escenario en el que, para que se modifique la normativa vigente, el Ejecutivo debía mandar un proyecto al Congreso.
Después de apelar esa decisión, Milei envió al Congreso su Proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y aunque la presión social del pueblo en la calle hizo que se retirara de él el capítulo completo con que se levantaban los controles para la compra de tierras por parte de extranjeros, la cosa continuó por la vía judicial hasta llegar a la Corte. La celeridad con la que se expidieron los tres cortesanos, luego del masivo rechazo a esta iniciativa expresado el 6 de agosto en las calles de todo el país, habla a las claras de una coordinación política al servicio de los intereses del imperialismo y del capital financiero transnacional sobre nuestro territorio y nuestros recursos, servidos en bandeja por este gobierno cipayo.
Las reacciones no tardaron en llegar. La primera tuvo lugar ayer jueves cuando Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti fueron escrachados en San Martín de los Andes, hasta donde viajaron los supremos para participar de un congreso que reunió a varios funcionarios judiciales. “Corte Suprema vendepatria” y “La tierra no se vende, no se quema, no se desaloja” fueron algunas de las consignas con las que una cantidad importante de vecinos sanmartinenses se plantaron convocados por ATE junto a otras organizaciones sociales y políticas.
En esa misma dirección, junto a un amplio arco de organizaciones entre las que está el Partido Comunista, el Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas de La Plata está convocando a movilizar el próximo martes para rechazar la decisión de la Corte Suprema, en una jornada que va a tener su epicentro con una movilización hacia el Palacio de Tribunales, pero que también se espera tenga réplicas en las principales ciudades del país.
Por su parte, las dos CTA se suman a esta convocatoria y preparan una conferencia de prensa previa para el lunes. Al cabo que también están organizando una jornada similar pero para el jueves 15 a Congreso, que es la fecha en la cual, en principio, se prevé que Diputados, después de dejarlo dormir por casi tres años, pueda dignarse a debatir si el DNU 70/2023 es o no es constitucional.
Sobre esta cuestión ya decidió el Senado, que oportunamente dijo que el Mega DNU de Milei no es constitucional. Pero, aunque sea tácitamente, Diputados le dio luz verde a su aplicación durante todo este período. Y es sobre este marco “legal” que el gobierno (anti) nacional viene profundizando su política entreguista.
El 15 los diputados deberán, además, debatir otras dos iniciativas de central importancia en esta coyuntura y para el futuro inmediato de nuestro pueblo: los proyectos sobre Endeudamiento Familiar y Emergencia Nacional en Discapacidad. Entre otras cosas, si ese DNU pasa a ser historia también lo haría el capítulo que permite la extranjerización de las tierras, así como el régimen que permite imponer condiciones leoninas en los contratos de alquiler, al tiempo que quedaría sin efecto la derogación de la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas, como asimismo las modificaciones regresivas que se impusieron al régimen de Compre Argentino.
Por otro lado, y aunque varios artículos inherentes a este terreno fueron judicializados, la reforma laboral que es una de las herramientas fundamentales de la Presidencia Milei quedaría al menos muy tocada con la caída del 70/2023, mientras que otros puntos relevantes que podrían quedar sin efecto son las modificaciones introducidas al Código Aduanero, así como los cambios introducidos en el régimen de las sociedades estatales que, entre otras cosas, permiten que sean transformadas en sociedades anónimas, lo que fomenta las privatizaciones. Ante esa hipótesis, también se pondría en cuestión la desregulación con la que avanzó el actual gobierno en materia de telecomunicaciones beneficiando, por ejemplo, a los conglomerados massmediáticos que encabezan el Grupo Clarin y el Vilas-Manzano.
Todo esto estaría en juego el 15 de octubre cuando, en simultáneo, se desarrolle la Quinta Marcha Federal Universitaria.
La rosca o las calles
“Mi mensaje hoy es que los Estados Unidos está aquí, está presente, está comprometido y apuesta con fuerza al futuro de Argentina y al gobierno de Milei”, remarcó ayer jueves el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, durante su participación en la segunda edición del Foro Argentina Andina, que fue desarrollado en Tucumán con la organización de la Fundación Federalismo y Libertad y la Fundación Friedrich Naumann, y que contó con el apoyo del Instituto Republicano Internacional.
Ahí se reunieron referentes políticos, empresariales y académicos de la región, entre los que estuvo el gobernador peronista y cómplice de esta tragedia nacional, Osvaldo Jaldo.
¿Puede creerse acaso que la ocasión elegida por Lamelas para reiterar un mensaje tan contundente haya sido una mera casualidad? Es evidente que el DNU 70/2023, que salió de la pluma de Federico Sturzenegger, está en el ADN del esquema político-financiero que gobierna por medio de Milei y que, por lo tanto, resulta fundamental para los intereses del imperialismo yanqui.
Mientras Milei invita a que los “inversores” extranjeros vengan a nuestro país “para llenarse los bolsillos”, Lamelas mete mano al cuentaganado y le dice a Jaldo lo que espera que hagan los tres diputados del “Bloque Independencia”. El mensaje, claro está, no es sólo para el gobernador tucumano, sino también para los propios y entenados que ahora mismo pasean junto a Milei por las calles parisinas.
Es que de acuerdo a los poroteos que comenzaron a trascender en estos días, todavía falta sumar catorce voluntades si es que se quiere que la Cámara de Diputados firme el certificado de defunción del DNU 70/2023. Algo que, hasta ahora, nunca pudo hacerse pese a algunas grandilocuentes expresiones que se hicieron a lo largo de dos años en tal sentido pero que siempre acabaron apenas en tibios intentos y sugerencias.
No queda del todo claro si fue descoordinación con La Rosada, si se debió a algún frío cálculo político, si se hizo para responder a algún negocio urgente o simplemente porque están demasiado cebados, pero lo cierto es que Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti abrieron una Caja de Pandora porque transformaron lo que era un reclamo judicial que apuntaba sólo a un artículo, en la posibilidad de que de una vez por todas se voltee el DNU 70/2023, lo que pondría en cuestión toda su saga posterior, donde se encuentran instrumentos como la Ley de Bases, el Rigi y el Súper Rigi; con el pueblo unido empujando en las calles y cuestionando al mismo tiempo los cimientos de “legalidad republicana” de esta democracia burguesa.
Quizás sea por eso que, ni lerdo ni perezoso, hoy viernes Miguel Ángel Pichetto acompañado por su par de bancada Nicolás Massot, presentó una medida cautelar en contra del artículo 154 del DNU 70/2023. Se trata de Pichetto, el viejo consiglieri del poder real y la política burguesa en Argentina, el mismo que allá por febrero de 2024 y en pleno debate sobre el inicial Proyecto de Ley Bases, le dijo al oficialismo: “Aprendan el reglamento”. Y que, candidatura a vice de Macri de por medio, ahora es considerado como un serio estadista por buena parte del PJ.
Esa vez la iniciativa con que debutaba la Era Milei no prosperó, pero le hicieron caso a Pichetto, el poder real, aprendió el reglamento, rosqueó y poco después consiguió sacar la Ley ¿Será que ahora está intentando lo mismo?
Es que a la hora de hacer control de daños, promediando la semana, los cortesanos se vieron forzados a hacer una declaración pública que fue prolijamente difundida por las propaladoras massmediáticas que posee el Poder Real y ahí se aclaraba que, en realidad, no se expidieron sobre el fondo de la cuestión, sino que sólo dijeron que el Cecim no reunía las condiciones para hacer el pedido que formuló. Pero recalcaron que con su pronunciamiento dejaban abierta la puerta para que ese pedido lo hiciera alguien “que tenga la entidad jurídica necesaria”. Y ahí apareció Pichetto.
Así las cosas, el camino que queda desde ahora hasta que se pueda tratar en Diputados el tema del DNU es largo y como se vé está plagado de obstáculos pero también de trampas, adentro y afuera del Palacio. Sin dudas la chance que existe de voltear el 70/2023 es la que se va a definir afuera del Palacio, en las calles, con movilización, organización y rebeldía. Para empezar a contarle las horas a este proyecto hambreador y vendepatria.
