El juez Aldo Alurralde les imputa haber perpetrado el delito de aprovechamiento indebido de beneficios fiscales por medio de maniobras realizadas por medio del uso de facturas apócrifas y proveedores inexistentes.
“Esto es como el caso de Al Capone a quien no metieron preso por todos los crímenes de la mafia pero lo agarraron por evasión de impuestos”, reflexionó con algo de sarcasmo el secretario del Partido Comunista de Rosario, Norberto Champa Gallioti, al referirse al reciente procesamiento de catorce ex directivos de Vicentin a quien el juez Aldo Alurralde, les imputa haber perpetrado el delito de aprovechamiento indebido de beneficios fiscales, a raíz de maniobras realizadas por medio del uso de facturas apócrifas y proveedores inexistentes, durante los años 2016 a 2019.
Como se recordará, este holding quedó en el ojo del huracán cuando se expuso el proceso de vaciamiento corporativo, financiero y comercial que derivó en la cesación de pagos anunciada el 4 de diciembre de 2019, por una deuda millonaria, tal como se desprende de un informe que confeccionó el Banco Nación en el que se da cuenta de las transformaciones de la estructura corporativa, la dinámica financiera y el intercambio comercial que sufrió.
La consecuencia de esta situación fue un concurso de acreedores que se corresponde con una deuda de 1.573 millones de dólares, de los cuales el 64 por ciento son con entidades financieras nacionales e internacionales. Entre las de mayor volumen aparecen las contraídas con el Banco Nación a quien la empresa le adeuda 340 millones de dólares.
Pese a esta situación, durante la Presidencia Macri, cuando Javier González Fraga presidía el Nación, este banco le dio a Vicentin casi ochocientos millones de dólares y más de dos mil millones de pesos. Y que lo hizo entre agosto y diciembre de 2019, esto es tras las Paso en las que se comenzó a advertir que el Gobierno Cambiemos estaba de salida.
La maniobra fue tan grosera que, por ejemplo y tal como está documentado, el 26 de noviembre de 2019 González Fraga habilitó en menos de una hora un pedido de los empresarios Herman Vicentin y Máximo Padoán, por un nuevo crédito por seis millones de dólares que pasaron a engordar el pagadiós que, ya por entonces, venía haciéndole esta empresa al Banco Nación.
Después la historia es más conocida. Alberto Fernández firmó el DNU 522/2020, pero pocas semanas más tarde reculó en chancletas, con lo que se resignó la posibilidad de que el Estado nacional se hiciera cargo de una herramienta que hubiera sido fundamental para garantizar la soberanía alimentaria y mejorar las reservas en divisas del Banco Central.
Así las cosas, todo el complejo Rosafé continuó siendo una suerte de Shangri-La para evasores, elusores, trianguladotes de cereales y para bandas narco que actúan con total impunidad ante un Estado que no quiere o no puede controlar la situación. “Si investigan en serio van a encontrar no sólo a Vicentín, porque todas las empresas evaden y cuanto más volumen tienen mayor es la evasión”, advirtió Galiotti y recalcó que “si el Estado se lo propone, va a seguir encontrando esto que llaman ‘irregularidades’, pero que en realidad son delitos”.
Y, en este sentido, hizo hincapié en que “la burguesía se enriquece a partir de la comisión de ilícitos, tal como es ilícito apropiarse de la plusvalía, pero como eso no les alcanza las empresa forman estos grandes equipos de abogados y contadores que trabajan para la evasión de impuestos, sobrefacturación o subfacturación dependiendo de lo que les convenga como en el caso de las importaciones”.
Pero asimismo, el dirigente del PC de Rosario recordó que se trata de un holding vinculado al comercio exterior, emplazado en el corazón de una red que maneja una de las
terminales portuarias más importantes de la región Rosafé. “De los puertos de Vicentín salieron 4,5 toneladas de cocaína y otra tonelada y media no pudo ser sacada porque
la encontraron antes de que llegara al puerto”, recordó Galiotti al poner en negro sobre blanco cuáles son las ramificaciones que tiene el Caso Vicentín.
Con este telón de fondo y ante el procesamiento dictaminado por el juez Alurralde, puntualizó que “queda mucho para investigar sobre el andar empresarial de Vicentín” porque lo que involucra a sus directivos, “es una causa menor ante todos los demás ilícitos que rodearon la ctividad de esta empresa”.
Y, en tal dirección, fue claro cuando remarcó que si el Poder Judicial no hinca el cuchillo a hueso para investigar a fondo, “el sistema va a seguir funcionando tal como lo viene haciendo hasta ahora y más aún con las señales que brinda el actual gobierno”.
De este modo, Galiotti encendió luces de alarma sobre lo que puede pasar si Presidencia Milei se sale con la suya y el Congreso aprueba el Proyecto de Ley Bases 2 que, entre otras cosas viene normativizar situaciones delictivas como la de Vicentín, por medio instrumentos como el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones.
“El Rigi viene a habilitar este tipo de maniobras”, lamentó tras lo que ironizó sobre “la mala suerte que tuvieron estos directivos inescrupulosos de Vicentín, porque se adelantaron a esta ley, porque ahora desde la particular mirada de Javier Milei serían tomado por próceres”.
Y, sin dudarlo sostuvo que “estamos a un paso de que el tratamiento legislativo del proyecto, avale o rechace el Proyecto de Ley Bases y de este modo, que se rechace o consolide este tipo de desfalcos, contrabando, lavado de dinero y evasión”, ya que esa iniciativa “busca habilitar que las multinacionales hagan lo que se les de la gana”.
