Qué y por qué votar

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publicó el Banco Central sobre el fin de la semana pasada, mejora la estimación previa sobre el crecimiento de la economía para este año y 2022, ya que la ubica en un 8,3 por ciento, esto es, casi un punto por encima de la previsión que había hecho en su informe del mes pasado.

Ese trabajo confeccionado a partir de la opinión de casi medio centenar de actores financieros, también señala que la inflación de 2021 va a cerrar en 50,3 por ciento, es decir, 2,1 puntos porcentuales por encima de lo que calculó en septiembre.

Por otra parte, estima que –en promedio- el tipo de cambio nominal al cierre del año va a ser de 105,1 pesos por dólar y doce meses más tarde, 158,9 pesos por unidad de la moneda estadounidense.

Con estos datos sobre la mesa, esta semana el Indec va a dar a conocer el índice de inflación de octubre, como así el correspondiente a los salarios y de producción industrial de septiembre.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor que lleva un acumulado del 37 por ciento en lo que va del año, el Gobierno y estimaciones de consultoras privadas, coinciden en señalar que se espera que octubre esté levemente por debajo del 3,5 registrado en septiembre, pero sin llegar a taladrar el piso del tres por ciento.

Por otra parte, la estimación de los mismos actores financieros, ubican al déficit fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero por debajo de la proyección anterior, mientras que en lo inherente a las exportaciones, plantean un incremento de más de veinte mil millones de dólares, respecto a las registradas durante 2020.

Casi en coincidencia, se hizo público un relevamiento del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres, que da cuenta de que durante septiembre hubo un crecimiento de la inversión del 20,4 por ciento respecto al mismo mes de 2020, lo que hace que el acumulado anual hasta esa medición sea del 26,2 por ciento, lo que muestra que “la inversión está mostrando una marcada recuperación, tanto al comparar con 2020  como con los dos años anteriores, marcados por la recesión económica”.

Así las cosas, con un tipo de cambio real competitivo y superávit comercial, a lo que puede sumarse el hecho de que con el ajuste que se viene haciendo a cuentagotas desde hace un año las cuentas fiscales están ordenadas, nada racional explica por qué la exigencia de una megadevaluación que se hace desde algunos lugares y que, conforme se acerca la fecha de las Legislativas, sube la presión sobre el precio del dólar ilegal (Ver ¿Cuánto tiempo más llevará?).

La semana pasada, el precio del blue fue catapultado hasta doscientos pesos, con lo que la brecha cambiaria se colocó en el orden del cien por cien. Ante este pustch especulativo, el Central decidió que los bancos mantengan hasta el 30 de noviembre su posición global en moneda extranjera, en el mismo nivel del promedio mensual de saldos diarios que tuvieron en octubre.

Pero más allá de las herramientas que disponga la autoridad monetaria a la hora de intervenir, aquí hay que volver a repetir que esto, por el volumen de las operaciones que involucran a este tipo de opción, no tiene demasiada incidencia en la economía.

Pero también que es evidente que entre quienes empujan al alza el precio del blue, están sectores oligopólicos y cartelizados que dolarizan los excedentes que obtienen inflando los precios de góndola y que, al mismo tiempo, la suba del precio del dólar ilegal, les da una escusa para remarcar, lo que acaba construyendo un círculo vicioso (Ver Comer, cada vez más caro).

Al respecto resulta revelador un reciente informe elaborado por los economistas Claudio Lozano y Javier Rameri, para el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP). El trabajo titulado “Una aproximación a la cúpula empresaria”, analiza los balances contables del panel de las empresas de más volumen que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en el que resalta que durante el Gobierno Cambiemos creció la preponderancia del negocio financiero y que después se mantuvo mediante la expansión del crédito, como herramienta para contener la crisis social y productiva derivada de la pandemia, así como merced a las utilidades provenientes del financiamiento al sector público.

Por otro lado, ahí se advierte que en el contexto de estancamiento y caída de los volúmenes físicos de producción, la apropiación de ganancias se explica por la remarcación de precios.

También explica que el panel de ochenta empresas que cotizan en la Bolsa, exhibe dentro de la cúspide del poder económico, la presencia de escasos actores que intervienen en muchos sectores de actividad.

Y ejemplifica que una decena de empresarios, posee 27 de las firmas que más facturan en Argentina, lo que habla de un creciente proceso de concentración y centralización de capital que provoca efectos negativos en las condiciones de producción y precios en la economía. Por lo que recalca que “las ganancias empresarias le cuestan a los argentinos más de diez puntos de inflación”.

American Dream

El embajador de Argentina ante EE.UU., Jorge Argüello, dijo que hay condiciones para que durante 2022 Joseph Biden reciba a Alberto Fernández en Washington y celebró el “buen momento” que, desde su mirada, atraviesa la relación bilaretal entre ambos países.

Si se evita pensar en la denotación y connotación de las recientes declaraciones del designado embajador estadounidense ante Argentina, Marc Stanley, los dichos de Argüello hablan del moderado optimismo y ferviente deseo que tiene el Gobierno respecto a una resolución “favorable” a la negociación con el FMI que encabeza el ministro Martín Guzmán.

Un optimismo que se incrementó tras la participación del Presidente argentino en la Cumbre del G-20 y la de la Conferencia sobre el Cambio Climático en las que, respectivamente, cosechó el apoyo a su postura sobre las sobretasas del FMI (Ver Roma no cree en lágrimas) y la inversión por parte de la firma australiana Fortescue Metals Group, que prevé alcanzar los 8.400 millones de dólares y generar quince mil puestos de trabajo directo, así como cincuenta mil indirectos dentro del mediano plazo.

Así, aunque el G-20 le dio un espaldarazo a parte del reclamo argentino, el final de la negociación con el FMI parece estar bastante verde todavía, pese a que nuestro país va resignando su aspiración de máxima en lo inherente a los plazos, al tiempo que le prende velas a que se pueda cerrar, al menos, con una buena noticia sobre lo de los sobrecargos.

Con esto tuvo que ver la extensa reunión que, la semana pasada, tuvieron el ministro Guzmán y Gustavo Béliz con Julie Kozack y Geoffrey Okamoto, quienes en esta historia del Fondo parece que vienen a ser los policías malos.

De todos modos la posibilidad de mínima no es tan mala, ya que corregiría otra de las características terribles que tuvo el acuerdo ilegal e ilegítimo que hizo Mauricio Macri con el FMI.

Es que así como está la cosa, Argentina paga una tasa de 4,5 por ciento, que es la más elevada de las que dispone el Fondo y todo porque al tomar el crédito de 2018, se excedió de la cuota parte que le corresponde como miembro del organismo.

Lo significativo es que esto es así porque el préstamo que Christine Lagarde selló con Macri y su runfla, supera más de un 180 por ciento el monto que Argentina estaba habilitada a recibir, lo que eleva la tasa de penalidad en caso de incumplimiento de pagos.

Pero toda esta irregularidad quedó impune. Lagarde fue premiada con la Presidencia del Banco Central Europeo y Macri sigue liderando el bloque político que, muy probablemente, gane la elección legislativa del domingo venidero con el voto muchos argentinos que se tendrán que apretar el cinturón para que el Estado honre el pago de esa deuda que nada dejó para capitalizar al país en algún aspecto.

Está demostrada la participación de Donald Trump para que, en tiempo récord, se le otorgara a Macri el Stand-By por un monto que contraviene la propia normativa del Fondo. También por qué lo hizo, ya que el Gobierno Cambiemos dejó como lastre, una deuda externa de 227 mil millones de dólares de los que se documenta fehacientemente una fuga de, por lo menos, 86 mil millones (Ver ¿Y dónde están los dólares?).

Y, asimismo, de qué va esto del “repliegue” de la “progre” Kristalina Georgieva para dar paso a un endurecimiento del Fondo en la renegociación de la deuda con Argentina.

Es que además de bajarle la persiana al asunto de los plazos, con la irrupción de Kozack y Okamoto en la negociación, el FMI hizo saber que ahora pretende que los dos bloques que hegemonizan el esquema de representación política de Argentina, avalen el acuerdo que surja. En la coyuntura, esto tendría un impacto concreto, ya que le sube el precio a las acciones del bloque que encabeza el PRO, que tendría en sus manos la llave para que el acuerdo prospere, pero también para actuar todavía más abiertamente como quinta columna de los intereses globales que representa el FMI.

Pero, según trascendió, la idea del organismo multilateral es que el acuerdo sea avalado también desde el universo empresarial y las centrales sindicales, algo que esmerila todavía más la capacidad de maniobra de un gobierno al que urge resolver la crítica situación que provoca la presencia de vencimientos impagables a la vuelta de la esquina.

En este sentido, la semana pasada en un video grabado para un encuentro del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, Sergio Massa volvió a insistir con su convocatoria a que –tras las Legislativas- se constituya una mesa de trabajo integrada por el Gobierno, la oposición, cámaras empresariales y centrales de trabajadores “para definir los pasos a seguir en materia de educación, ciencia y tecnología, reemplazo de planes sociales por planes de empleo y calidad institucional”.

La idea que cuenta con el apoyo abierto de las principales instancias de liderazgo del Frente de Todos (FdeT), habla de la participación de actores antagónicos en una tarea común tendiente a “definir acuerdos de largo plazo y transformar los recursos argentinos en un valor de crecimiento y desarrollo”.

Se trata de un diseño que pretende avanzar en un acuerdo policlasista que articule de forma armónica, los intereses de los universos del trabajo y el capital, que es parte medular del programa del FdeT ¿Pero puede ser viable?

Hoy por hoy, la negociación con el FMI, ronda alrededor de tres puntos propuestos por el actual gobierno de Argentina, ya que lo aceptado alegremente por su antecesor, ya es historia a raíz de la imposibilidad concreta de que se cumpla.

Como ya se dijo en este artículo, el Fondo le bajó el pulgar a lo de los plazos, pero sigue abierta la negociación vinculada al canje de deuda por acción climática que es algo que anduvo dando vueltas en la Cumbre del G-20 y, sobre todo, en la de Cambio Climático celebrada en Glasgow.

Pero donde en la coyuntura La Rosada pone sus fichas, es lograr que el FMI acceda a que el tema de las sobretasas tenga tratamiento similar al que consiguió para la deuda privada, lo que si prospera permitiría un ahorro de 2,5 puntos en la tasa que se paga actualmente.

En este punto hay que volver a recordar que tras los vencimientos que tienen lugar este mes y en diciembre, el año que viene hay otros por un total de 19.115 millones de dólares, mientras que para 2023, la cifra asciende a 19.367 millones.

Para pagar los correspondientes a este año, el gobierno tuvo que ajustar, algo que sin dudas contribuyó –entre otras cosas- a cargar más un mal humor social que ya venía denso como consecuencia de las restricciones que impuso la pandemia, lo que sin dudas le trae aparejado un costo en votos. Pero para saldar los de 2022 y 2023 no se llega ni con más ajuste.

Y esto abre un escenario peligroso que habla de la perversidad política que tiene la deuda contraída por el Gobierno Cambiemos. Porque, aunque Argentina entrara en default, el FMI seguiría siendo acreedor privilegiado y, por lo tanto, continuaría teniendo prioridad de cobro lo que perturbaría la posibilidad de que el Estado Nacional y los provinciales, pero también el sector privado, accedieran a líneas de crédito con otros organismos que habitualmente acompañan planes de infraestructura e inversión como Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina o el Banco Mundial. Y, asimismo, podría obturar acuerdos ya existentes del tipo Estado-Estado.

Así las cosas, el Stand-By de 2018 cumplió con su objetivo de coyuntura que fue permitir que la Presidencia Macri consiguiera los dólares que necesitaban los actores financieros globales que actuaron a su amparo, para poder fugarse del país mientras dejaban una formidable deuda que se licua fundamentalmente entre los trabajadores.

Y como para buen entendedor sobran palabras, ayer fue el propio ex presidente quien lo ratificó cuando en una entrevista con la CNN dijo que, aunque el acuerdo con el FMI se selló más un año antes de las elecciones, “la plata la usamos para pagar a los bancos comerciales que se querían ir porque temían que vuelva el kirchnerismo”.

Asimismo cumplió con su objetivo táctico, ya que aunque Macri se quedó varado en la primera vuelta de 2019, el gobierno que lo sucedió tiene una Espada de Damocles que le obtura la posibilidad de avanzar en un proceso sostenible de estabilización política, asociada a una reanudación del ciclo de acumulación y derrame.

Pero también lo hizo con su finalidad estratégica, que es la de condicionar en el mediano y largo plazo, a una formación estatal capitalista periférica como Argentina, que queda encorsetada y empujada a delegar soberanía económica, política y nacional hacia una instancia supranacional que actúa en función de los intereses del sistema financiero global.

En este marco, La Rosada confía en que si la mano de Washington fue clave para que se perpetrara el Stand-By de 2018, también puede serlo para que de destrabe la actual negociación en línea con alguna de las solicitudes argentinas.

No deja de ser una expresión de excesivo optimismo, querer ver algún dato positivamente firme en el estrechón de manos que se dieron Fernández y Biden en Roma o en la reciente carta en la que Francisco pide al FMI y al Banco Mundial una “reducción significativa de la deuda”.

En este sentido, la designación de Stanley como embajador yanqui ante nuestro país no es una buena señal. “Argentina aún no se ha unido a los esfuerzos de EE.UU. y otros países para presionar por la protección de los derechos humanos y otras reformas”, dijo el diplomático al referirse a la relación que su país espera imponer a nuestra región respecto a Nicaragua, Cuba y Venezuela.

Y, amenazante recalcó que el liderazgo de Argentina “aún no lo han hecho, pero dicen que lo harán pronto”, tras lo que habló de que nuestro país debe avanzar hacia “un plan macroeconómico que otorgue estabilidad para poder cerrar un acuerdo sobre la deuda con el FMI”. De esto va lo de la finalidad estratégica del Stand-By.

Cosas del capital

Así las cosas, el Gobierno confía en que con las Paso ya haya pasado lo peor y en que el domingo pueda sacar “un buen resultado”. De ahí que mientras negocia una deuda impagable, transita la recta final hacia las Legislativas y sobre todo hacia el día después, con un plan de contingencia -que tiene mucho de control de daños-, basado en contener a quienes presionan para ampliar la brecha del dólar y garantizar que el congelamiento de precios de artículos de la canasta y medicamentos tengan una sustentabilidad aceptable.

Con esto confían en que se puede relanzar un Gobierno que, durante la segunda parte de su mandato, va a tener que enfrentar a lo más concentrado de la clase capitalista -y su expresión política- que en tándem esperan que cargue con el costo de hacer el hiperajuste que reclaman (Ver ¿Cuánto tiempo más llevará?).

Es que una economía que crece al 8,3 por ciento significa mucha plata y aunque como lo demuestra el informe del IPyPP, incluso en lo peor de la pandemia siguieron ganando, estos patriotas van ahora por la parte del león, aunque eso implique profundizar todavía más la obscena brecha existente entre los que más y menos tienen en Argentina.

Porque desde las más grotescas hasta la que enarbolan al “serio y moderado” Horacio Rodríguez Larreta, todas las expresiones que integran el bloque de representación política que encabeza el PRO, se presentan como la herramienta elegida por la Embajada de EE.UU. y la clase capitalista que actúa en el país, para garantizar que la línea histórica, política y económica, que tiene sus hitos más recientes en la dictadura de 1976, el menemato, la Alianza y el Gobierno Cambiemos, pueda culminar su obra.

Esto es, llevar a cabo y consolidar las reformas regresivas que modifiquen drásticamente la estructura social y la matriz económica y productiva de Argentina.

Por eso, la elección del domingo es un capítulo dentro de un proceso de resistencia más complejo que habla de una situación grave en el orden local, que viene atado a un contexto global caracterizado por un momento en el que al sistema capitalista le cuesta, cada vez más, encontrar respuestas paliativas, por lo que su crisis abarca las dimensiones económica, cultural y social.

Y, como en esencia, el capital es un tipo de relación social, es que el sistema exhibe de forma creciente su cara más totalitaria y criminógena que invade cada ámbito de la vida humana, al tiempo que fomenta una suerte de automatismo de respuestas reformistas que muestran su insuficiencia a la hora de contrarrestar los efectos de esta crisis civilizatoria.

El problema reside en que, por sus propias contradicciones, el sistema ya es incapaz de garantizar que el capital pueda sostener armónicamente sus ciclos de acumulación, y esto hace que los picos de crisis y sus consecuentes vías de escape temporales sean cada vez más recurrentes.

Por eso en esto de las crisis cíclicas, el momento de la fase expansiva del capital es cada vez más breve y menos generoso, mientras que el de la reestructuración es cada vez más recurrente, prolongado, agresivo y profundo.

Esto pasa en las formaciones estatales centrales y en la periferia, pero las centrales todavía tienen el recurso estabilizador de exportar la crisis lo más lejos posible vía deslocalización y financierización. Y en este esquema la deuda es un mecanismo medular.

Con este telón de fondo, defender a la coalición de Gobierno es reconocer que –pese a todas las contradicciones- existe una línea divisoria que es muy clara.

Como en pocas cosas, esto se manifiesta en la deuda. De un lado están aquellos que la tomaron y se la fumaron, mientras que del otro está un gobierno que con todos los límites que implica moverse dentro de la estructura del Estado Liberal Burgués y con una correlación de fuerzas desfavorable, pretende encontrar una reestructuración que sea la menos mala de todas las opciones posibles, aunque seguramente va a ser terrible.

Y esa correlación de fuerzas es horrible porque, además de todo lo dicho aquí, queda claro que en tanto relación social que infecta todas las esferas del desarrollo humano, el capitalismo suele inhibir la capacidad de los sujetos sociales agredidos de autoanalizarse y de advertir la naturaleza de la propia dominación, al tiempo que recrea el mito del capitalismo bueno, lo que sostiene la fe en que se puede gestionar el capital de una manera virtuosa.

¿Entonces qué hacer? La internalización y naturalización de un discurso que interpela la frustración y ausencia de horizonte que el propio capitalismo provoca, aportó a la construcción de una masa crítica que posee sentido identitario y hasta una marcada épica.

Desde ahí la radicalización de la derecha construye una masa de maniobra que le da sustento. Y lo hace a partir de la objetivación del otro cercano como factor amenazante y diferente, una suerte de chivo expiatorio en que depositar toda la carga negativa que surgen de las fantasías más rocambolescas con las que se pueda representar lo opuesto al orden que el sistema vende como bueno, correcto y apropiado que, aunque en forma confusa, expresa en valores centrales del universo capitalista como la propiedad privada individual, el consumismo, la autocomplacencia, la frivolidad, lo efímero y el propio individualismo.

Todo esto coadyuva a construir un colchón social diseñado para proteger y servir a las necesidades de la clase capitalista, pero también para establecer un modelo totalitario que vacía de contenido conceptos como “democracia” y “libertad”, al tiempo que restringe derechos consagrados, incluso, por la tradición liberal burguesa.

Va quedando claro que es tiempo de resistir, pero también de que existen razones claras para que los comunistas estemos donde estamos y votemos lo que votamos, porque tenemos una posición moral y ética que nos impone sumar a un bloque de representación política que –aquí y ahora- se presenta como un dique para algunas de las expresiones más horribles del capitalismo.

Pero también tenemos que asumir la necesidad histórica de construir soluciones de otro tipo, lo que no es otra cosa que enfrentar la doble tarea que implica trabajar desde la coyuntura, sin perder la mirada táctica y estratégica.

Y esto es aprovechar cada hendija que deja la democracia política, para seguir avanzando en la construcción –a la escala que sea posible- de formas de democracia económica, que son esas ligadas a la autogestión y el cooperativismo, esto es, a la posibilidad de que desde una mirada de clase, sean los propios productores quienes decidan qué, para qué y cómo se produce. Es decir, un proceso de desmercantilización y empoderamiento de los trabajadores que se convierten en protagonistas de la generación de la riqueza social, su distribución y comercialización.

Como se ve, se trata de variables que difícilmente sean consideradas por el REM y que, por supuesto, escapan a la consideración de la mirada neoliberal, al tiempo que rompen con los límites cosmovisionales de cualquier alternativa keynesiana. Y que, sobre todo, se plantan desde un lugar que antagoniza con la naturalización del capitalismo.