El petrolero de la Corona Británica VS Promise recaló con autorización del gobierno nacional en el puerto de Ushuaia. El hecho representa otro caso emblemático de la claudicación mileísta en la causa Malvinas y otro capítulo más de entrega de soberanía. El PC adhirió al reclamo que ante esto formuló el gobierno de Tierra del Fuego, a cargo de Gustavo Melella.
Por medio de su cuenta en la red social X el Secretario General del Partido Comunista de la Argentina, Jorge Alberto Kreyness, hizo pública la adhesión de esa fuerza política a la postura adoptada por el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur ante el amarre del petrolero británico VS Promise en el puerto de Ushuaia que, desde no hace mucho, está intervenido por el gobierno nacional por medio de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.
Al respecto, Kreyness sostuvo que “el PCA adhiere a la posición del gobierno provncial de Tierra del Fuego”, al tiempo que denunció que “la entrega de la soberanía nacional es la madre de la política de Milei”, además de “la causa del deterioro de la calidad de vida del pueblo argentino”.
Cabe recordar que cuando se supo que el VS Promise, nave con capacidad para transportar alrededor de 73.800 toneladas de petróleo (algo así como unos 500.000 barriles), había recalado en el puerto de la capital fueguina, la gestión provincial a cargo de Gustavo Melella rechazó “enérgicamente la operación de un buque petrolero de bandera del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte” en dicha terminal portuaria que, recordó, fue sustraída de la administración provincial “como consecuencia de la intervención dispuesta por el gobierno nacional”. Además, acerca de esta medida, señaló que “su legalidad ha sido cuestionada por la Provincia ante la Justicia”.
En este sentido, el ejecutivo fueguino afirmó que “resulta inadmisible que, mientras el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de una parte integrante del territorio de Tierra del Fuego -las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes-, una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital de la Provincia a la que esos territorios pertenecen conforme a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial”; tras lo cual puntualizó que “la gravedad del hecho resulta aún mayor por las circunstancias en que se produce”.
Desde el gobierno fueguino se remarcó también que la Presidencia Milei justifica la intervención del puerto de Ushuaia invocando “su carácter de activo estratégico y la necesidad de resguardar la soberanía y los intereses nacionales en el Atlántico Sur”, pero ahora “los hechos dejan al descubierto la contradicción entre aquel argumento y la gestión que el Gobierno Nacional lleva adelante una vez desplazadas las autoridades provinciales”. En concreto, lo que queda en evidencia más allá de la inversosímil retórica patriótica mielísta es que desde la Casa Rosada “se adoptan decisiones incompatibles con la sensibilidad soberana que exige nuestro territorio y el puerto de Ushuaia en particular, región que constituye un punto estratégico de primer orden para la Argentina”.
Así las cosas, el gobierno de Tierra del Fuego hizo hincapié en que la defensa de los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares circundantes “no admite dobles discursos ni contradicciones” y constituye “un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, consagrado en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, y un mandato esencial para todo el pueblo argentino en general y para las autoridades de Tierra del Fuego conforme a la Constitución Provincial, en particular”.
Por todo esto el gobierno de Melella demandó que la Presidencia Milei informe públicamente bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos se autorizó la operación de una embarcación de bandera de la potencia que ocupa ilegalmente parte del territorio provincial en el puerto de Ushuaia y exigió que cese la intervención para que esa terminal portuaria sea restituida a la Provincia, que “continuará defendiendo, por todos los medios institucionales a su alcance, sus competencias y los derechos soberanos de la República Argentina en el Atlántico Sur”. Ya que, en definitiva, “la soberanía se ejerce en todos los ámbitos posibles y no se defiende desplazando a Tierra del Fuego del control de su puerto estratégico para después administrarlo de espaldas a los intereses soberanos que se invocaron para intervenirlo”.
