En las últimas horas el gobierno nacional y el poder judicial, en contraposición a la tesitura que mostró Larreta las semanas previas, ofrecieron un principio de solución a 160 familias que habían tomado un predio ferroviario en Barracas, reclamando acceso a la vivienda digna.
Mientras Larreta sigue de campaña en la provincia de Buenos Aires promoviendo la candidatura en ese distrito de su amigo y delfín político, Diego Santilli, que por demás es también vicejefe de gobierno porteño, en la Ciudad de Buenos Aires recrudece el déficit habitacional. En más de 14 años de gestión, el PRO no generó ninguna política habitacional destinada a los sectores populares y la denominada “clase media” porteña. Los resultados están a la vista: en las últimas semanas creció la toma “Tierra Amarilla” en el barrio 21-24 de Barracas. Allí, 160 familias tomaron un predio ferroviario que está abandonado hace más de 30 años.
Pese a las graves problemas habitacionales que tiene la Ciudad, que solo se ha concentrado en promover los negocios inmobiliarios y la gentrificación de los barrios porteños, la tesitura del macrismo es clara: amenazar con la Policía de la Ciudad a los vecinos que, obligados por la falta de políticas públicas de vivienda, recurren a la toma de tierras. En ese sentido, un participante de la toma declaró: “acá hay un déficit habitacional que se agudiza, atrás se ven edificios nuevos con solo un 3 por ciento de ocupación. De este lado, a sólo 4 cuadras, tenés un barrio que crece hacinado. Ya pedimos a Nación y a Ciudad poder ingresar al Procrear pero nos piden cifras imposibles de cubrir. Sabemos que hay una orden de desalojo pero seguimos reclamando, el Gobierno porteño debe atender nuestros derechos a la vivienda”.
En sintonía, Nahuel Arrieta, delegado de la Villa 21-24, manifestó que “tierras cercanas ya fueron usadas, como el Procrear, con departamentos vacíos, o los galpones que ocupó la empresa de la Línea 59 para su beneficio. Pero sólo apuntan a nosotros. Estamos sitiados por las Fuerzas de Seguridad, que ni siquiera tienen la identificación a la vista”. De acuerdo a una orden judicial firmada por Daniel Rafecas, los trabajadores que se encuentran asentados en las tierras no pueden ingresar alimentos, agua, frazadas, pañales o medicamentos. En otras palabras, sufren un asedio medieval. “La policía, armada hasta los dientes, nos prohíbe traer meriendas para las más de 40 niñas y niños que están con nosotros”, reforzó Arrieta.
La semana pasada los trabajadores asentados en “Tierra Amarilla” junto a vecinos del barrio 21-24 se movilizaron hacia la sede de la Jefatura de Gobierno porteño para reclamar contra las amenazas de desalojo de la Policía de la Ciudad y para reclamar una solución a su situación habitacional. Vale recordar que el titular de la Dirección General de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal, Julián Axat, presentó una petición ante Rafecas para requerir que “se disponga el cese del desalojo”, al igual que “de toda medida que pueda implicar violencia sobre las personas y las cosas”. Axat, que encabeza el dispositivo de atención territorial del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación, solicitó además que “se fomente un espacio de resolución alternativa del conflicto, con intervención de la Defensa Pública, y los organismos de protección que el juez considere pertinente”.
Al cierre de esta edición, gracias a la mediación del MPF y la intervención del gobierno nacional, los vecinos autoconvocados de “Tierra Amarilla” alcanzaron un acuerdo con autoridades nacionales, porteñas y judiciales y se disponían a levantar la toma. “Se arribó a un buen acuerdo, con un subsidio de 15.000 pesos por mes por un año y ahora, lo más importante, es que en la mesa de diálogo de todos los sectores, se comenzará a discutir un plan para la construcción de viviendas”. Un plan de construcción de viviendas que debería ser replicado en toda la Ciudad de Buenos Aires y que, mientras gobierne el PRO, será incompatible con el modelo de ciudad que impulsa el macrismo desde hace década y media.
