Junto al Foro por el Derecho a la Salud, ambas CTA y la Corriente Nacional Agustín Tosco, los trabajadores del Garrahan participaron ayer de la Marcha Federal y llevaron sus reclamos ante el Ministerio a cargo de Mario Lugones. A su vez, la Asociación de Profesionales y Técnicos de este hospital pediátrico modelo denunció penalmente a María Fernanda Marino, interventora designada por el gobierno nacional en el nosocomio.
Ayer miércoles, y con movilizaciones en diferentes puntos del país, se llevó a cabo una jornada nacional en defensa del sistema sanitario público, universal y gratuito. En la Ciudad de Buenos Aires, junto a ambas CTA, ATE, la CICOP y distintos sindicatos, profesionales y usuarios de hospitales nucleados en el Foro por el Derecho a la Salud, estuvieron los trabajadores del Garrahan, quienes desde hace varios meses vienen desarrollando un plan de lucha contra el vaciamiento del nosocomio dispuesto por la Presidencia de Milei.
Esta nueva edición de la Marcha Federal de la Salud tuvo lugar a pocos días de que la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) denunciara penalmente a la abogada María Fernanda Marino, quien es instructora sumariante de la intervención que el gobierno nacional impuso sobre el nosocomio pediátrico, por los delitos de “desobediencia a la Justicia, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público”.
Tal presentación fue radicada en el Juzgado Federal N.º 1 en lo Criminal y Correccional, que está a cargo de la jueza María Romilda Servini, que ahora deberá establecer si, tal como denuncia la querella, Marino “avanzó sobre un procedimiento cuya suspensión judicial estaba plenamente vigente”, dictando resoluciones que “exceden sus atribuciones como instructora sumariante”.
Lo que remarca la denuncia de la APyT es que la interventora fijó plazos de descargo antes de que venciera el tiempo para recurrir la sentencia de Cámara, lo que representa una vulneración del debido proceso y de la defensa en juicio. Desde esta asociación sindical se exige que el Poder Ejecutivo haga efectivo el cumplimiento de la Ley de Emergencia Pediátrica y se la acusa a Marino de formar parte de un dispositivo montado para hostigar a los trabajadores de la salud del Garrahan, especialmente a quienes fueron sumariados por protagonizar protestas contra el ajuste que padece el hospital.
En relación a este conflicto, el técnico en el área de Patología del Garrahan y miembro de la Corriente Nacional Agustín Tosco, Víctor Pichihua, aseveró que “al parecer la decisión de las autoridades del hospital, puestas por el gobierno, es continuar amedrentando con medidas persecutorias e intimidatorias hacia el conjunto de los trabajadores del Garrahan” y, tras recordar que algunas semanas atrás fue contra el personal de limpieza, puntualizó que la gestión que está llevando a cabo Marino “busca meter miedo para desalentar los legítimos reclamos”.
La denuncia de la APyT apunta contra las decisiones de Marino, pero recalca que sus procedimientos arbitrarios “no son hechos aislados”, ya que forman parte de un patrón sistemático de hostigamiento a la conducción sindical; lo que incluye, por ejemplo, “el adelantamiento público del resultado de los sumarios” por parte del vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Salud, Mario Lugones, el 3 de febrero de 2026, “antes de que los sumariados pudieran siquiera presentar descargos”.
La CoNAT uniendo las luchas en la calle
La Marcha Federal de la Salud dejó expuesto el creciente rechazo a las políticas de ajuste que pocos días antes ya había sido confirmado por el movimiento universitario en todo el país. La Corriente Nacional Agustín Tosco se sumó a la convocatoria de ayer con la consigna “No al ajuste en Salud. No a la Reforma de la Ley en Salud Mental”. Y denunció que a los 3 billones de pesos recortados en distintas áreas del Estado se suman otros 63.000 millones de pesos menos para Salud, a partir de lo cual, resaltó que el “gobierno de Milei continúa profundizando un brutal ajuste contra la clase trabajadora”.
“Mientras crecen la pobreza, la precarización laboral y el sufrimiento social, el gobierno avanza además con una reforma regresiva de la Ley Nacional de Salud Mental”, indicó la CoNAT y agregó que “lo hace en el peor momento de la crisis de salud mental que atraviesa nuestro país”, alertando que “entre 2023 y 2025 se notificaron más de 22.000 intentos de suicidio, casi 24 por día”.
En tal contexto, afirmó que “para este sistema, la salud no es un derecho: es un negocio. El ajuste no es un error ni una consecuencia secundaria: es una decisión política para beneficiar a quienes lucran con nuestra enfermedad”. Por todo esto planteó que la lucha plantea hoy una disyuntiva cardinal: “Nuestra salud o su riqueza”.
Con vistas a seguir uniendo y fortaleciendo las demandas de todos los sectores atacados por las medidas del gobierno, y encauzándolas hacia la liberación nacional y social, la Corriente Nacional Agustín Tosco realizará el viernes 29 de mayo, en un nuevo aniversario del Cordobazo, un acto en el Espacio Tacheles de la Ciudad de Buenos Aires.
