Mientras en Diputados la Ley Bayer-Monsanto de Semillas lograba dictamen favorable, afuera se manifestaban en contra pequeños productores, voces académicas y ambientalistas, organizaciones sociales, campesinas y de comunidades originarias.
El plenario de las comisiones de Agricultura y Ganadería, Legislación General y Presupuesto y Hacienda de Diputados dio dictamen al proyecto de ley que, si prospera, va a establecer un nuevo régimen de semillas y creaciones fitogenéticas. Fue ayer y, así, la iniciativa que propone derogar la Ley 20.247, podría tratarse en el recinto el miércoles 21 de noviembre.
Desde el oficialismo y otras fuerzas que acompañaron el dictamen, destacan que el proyecto “protege a todos los pequeños productores de la Argentina”, pero la perspectiva es otra cuando se revisa la postura pública de más de un centenar de organizaciones nucleadas en la Multisectorial contra la Ley Bayer-Monsanto de Semillas que reúne a pequeños productores, voces académicas y ambientalistas, colectivos que se oponen a que se fumigue, organizaciones sociales, campesinas y de comunidades originarias.
Para denunciar que el Gobierno “busca imponer una nueva Ley de Semillas a espalda de todos”, algunas de ellas se manifestaron ayer en las inmediaciones del Congreso, entre ellas, el Movimiento Campesino Liberación e integrantes de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Nutrición UBA que coordina Miryam Gorban.
La Multisectorial denuncia que “corporaciones del agronegocio vienen negociando con el Poder Ejecutivo los lineamientos generales para una nueva ley de semillas”, por la que se le va otorgar a multinacionales como Bayer-Monsanto, Syngenta-Chemchina, Corteva (DowDuPont) y Basf “la posibilidad de terminar con el ‘derecho de uso propio’ de los agricultores”.
Así, podrán cobrar regalías cada vez que un agricultor utilice una semilla sujeta a derechos de obtentor, lo que transformaría “un derecho de todos en una excepción para algunos inscriptos en registros ad-hoc”.
Asimismo recuerda que este intento forma parte de una ofensiva que se da a escala global y que tiene un antecedente concreto en 2012, cuando fracasó una iniciativa similar.
“Desde 2012 en nuestro país las contradicciones entre los actores y la resistencia de las organizaciones los han hecho fracasar, pero estamos ante un nuevo embate que amenaza con dar un paso trascendental” alertan y añaden que, ante esta ofensiva, la Multisectorial rechaza “cualquier intento de imponer una modificación a la Ley de Semillas cocinada a espaldas de todos”.
Derecho básico
Si el proyecto se convierte en Ley se va a concretar el “sometimiento de productores a pagos de regalías por años, cuando deseen guardar semillas para volver a sembrar”, lo que implica “la violación de un derecho básico que da sentido a la agricultura”.
Este mecanismo va a permitir que se persiga a los productores, “tal como ocurre en otros países donde avanza en la criminalización de las semillas nativas y criollas, impidiendo el libre intercambio entre productores familiares, campesinos y pueblos originarios”.
Pero además, la iniciativa desconoce la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina que, “en contraposición, resguarda estas semillas y permite su libre intercambio y reproducción”.
Al tiempo que, destaca la Declaración, “se ha obviado la consulta previa libre e informada a los pueblos originarios que exige el Convenio 169 de la OIT del que la Argentina es Parte, ya que son ellos quienes han generado casi todo el conocimiento y la diversidad agrícola que hoy nos alimenta y quienes intercambian semillas con otros campesinos y pueblos originarios”.
Las patas de la mentira
Ayer el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, el radical Atilio Benedetti, aseveró que el plenario que dio dictamen positivo, fue “el corolario de una serie de exposiciones y de ponencias donde distintos actores vinculados al tema han podido exponer con absoluta libertad durante cuatro sesiones”.
¿Pero será verdad? Más de un centenar de organizaciones lo refutan cuando denuncian que la iniciativa fue negociada afuera de la Cámara por el ejecutivo, voceros de Bayer-Monsanto y grandes productores agrupados en la Sociedad Rural, tras lo que recalcan que “las reuniones de ‘consulta’ fueron una puesta en escena para permitir que ahora planteen un supuesto proyecto “unificado” que surge de una “acta de entendimiento” que expresa la voz de los semilleros y los grandes productores”.
Por lo que “excluye los intereses de los pueblos originarios, productores de la agricultura familiar, campesinos y consumidores”.
Por otra parte, advierten que un fallo de la Sala 3 de la Cámara Federal Civil y Comercial de la Ciudad de Buenos Aires, señala que Argentina reconoce los derechos de corporaciones biotecnológicas y semilleras.
“Un sistema de reconocimiento y protección de derechos que rige en nuestra agricultura desde hace cuarenta años y que, ahora, pretende ser profundizado gravemente y sin el debate adecuado, con todos las organizaciones de la agricultura familiar, campesinas e indígenas afectadas, mediante parches legislativos”, explican.
De ahí que hagan hincapié en que “lo que está en juego es absolutamente vital” ya que si las corporaciones imponen su ley de semillas, se perseguirá a agricultores, van a criminalizarse los intercambios de semillas a partir de los que los argentinos podemos comer sano y saludable, se destruirán cosechas y habrá más control corporativo sobre los alimentos y sus precios.
Todo esto, va a ir en detrimento de la soberanía alimentaria y tecnológica de nuestro país. Y señala que el proyecto de Ley de Semillas significa “entrega de nuestros bienes naturales y una amenaza a la Soberanía Alimentaria de nuestro pueblo”.
