Mientras Diputados debate una multitud se manifiesta contra el Presupuesto que el ejecutivo nacional intenta imponer.
El Presupuesto del Gobierno “significa destruir lo que todavía queda en pie”. Así se refirió el titular de la CTA, Hugo Yasky, al texto que hoy debate Diputados, después de que –a libro cerrado-, recibiera el dictamen con el voto oficialista y de cinco integrantes de otros bloques.
Los que se sumaron a Cambiemos son Norma Abdala, del Frente Cívico por Santiago del Estero, Jorge Franco del Frente de la Concordia de Misiones, el justicialista entrerriano Juan José Bahillo, su par de Chaco Elda Pertile, y el miembro de Córdoba Federal, Martín Llaryora.
Así las cosas, desde ayer, integrantes de movimientos sociales vienen haciendo un acampe ante un Congreso cercado por vallas y un fuerte operativo policial, en tanto que desde hoy por la mañana comenzaron a acercarse columnas de diferentes organizaciones políticas, sindicales y sociales.
Significativamente, ayer, antes de que el dictamen estuviera firmado, el oficialismo ya había convocado formalmente a la sesión especial de hoy que tiene como tema central al Proyecto de Presupuesto.
Pero el temario también incluye otras iniciativas que operan como anzuelos del espinel que Cambiemos arrojó entre el resto de bancadas.
La reforma del régimen impositivo de Bienes Personales, una adenda al Consenso Fiscal 2018, el revalúo de Ganancias conforme el índice de precios y el régimen de monotributo especial para pequeños productores cañeros y tabacaleros, explican algo de la rosca que llevó a sumar la firma de no oficialistas al dictamen.
Queda claro que, en un Congreso en el que nunca tuvo mayoría, el ejecutivo vuelve a encontrar espacios de oposición friendly y legisladores permeables a volver a creer que la palabra empeñada por Cambiemos, tiene validez después de la votación.
¿Se olvidan acaso que, tal como ocurre con éste, los dos presupuestos antes presentó el Gobierno Cambiemos le recorta a las provincias partidas en áreas muy sensibles, lo que pone a los gobernadores en un papel mendicante respecto al ejecutivo nacional?
¿Pero aún así, cumple con sus promesas el Gobierno Macri? Quizás, los gobernadores, deberían revisar lo que pasó no hace tanto con Santa Fe, antes de volver a instruir a los legisladores que les responden, para que acompañen una iniciativa como ésta que le da una vuelta más a la soga que estrangula a varias provincias.
Menos de un año atrás el ejecutivo consiguió la adhesión de Santa Fe al Pacto Fiscal, que el ejecutivo impuso acusado por un escenario financiero -autogenerado- que ya exhibía los serios problemas que estallaron poco después.
En ese momento, para que la provincia de Buenos Aires retirara la demanda por el Fondo del Conurbano, el ejecutivo nacional avanzó con el Pacto Fiscal y la gobernadora Vidal se hizo con una supercaja que ya dilapidó en menos de un año.
Y, para eso, contó entre otros con el voto de legisladores oficialistas de Santa Fe, a la que La Rosada le prometió que -a cambio- recibiría el pago de una deuda de 54 mil millones de pesos que, oportunamente, esta provincia judicializó en un reclamo que terminó en la Corte Suprema. Pero el ejecutivo nunca pagó.
Lo que está claro
Va quedando claro que, aún para quienes hagan una lectura pragmática, picar el anzuelo del Gobierno Cambiemos no asegura nada...al menos nada bueno.
Y, si para muestra alcanza con un botón, sólo basta con revisar cuáles son las áreas que pierden con este Proyecto de Presupuesto.
Conforme lo que dice el Indec, septiembre dejó una inflación de 6,5 por ciento lo que suma un acumulado -en lo que va de 2018- de 32,4, esto es, que se coloca por encima de la banda superior que el ejecutivo acordó con el FMI.
De acuerdo a esto, la inversión nacional va a caer casi un ocho por ciento. Así, si prospera el Presupuesto tal como está en el proyecto, durante el año próximo sólo el pago de servicios -esto es intereses- de deuda pública va a crecer por encima de la inflación.
Sin dudas, un negocio formidable para quienes armaron toda esta ingeniería de la toma de deuda que comenzó el mismo día en que Mauricio Macri se convirtió en presidente y que llevó a que, en poco más de dos años, Argentina volviera al FMI con una toma de deuda récord con ese organismo multilateral.
Pero además del negocio -algo que requiere un análisis penal- el Proyecto de Presupuesto vuelve a exhibir con crudeza el perfil ideológico y de clase de quienes lo confeccionaron y, por ende, cuál es el diseño socioeconómico que consolida y profundiza el Gobierno Cambiemos.
Más de 1.100.000 pesos por minuto le van a sacar del bolsillo a los argentinos para pagar interés de deuda.
El Instituto Economía Política para la Argentina (Eppa) confeccionó un informe en el que revela que lo que se prevé destinar a servicios de deuda, representa casi el quince por ciento del total del gasto agregado, esto es, la mayor proporción de lo que va del Gobierno Cambiemos y casi duplica lo que representaba en 2015.
Pero si esto le parece a usted una verdadera locura, agárrese para ver qué pasa con otras áreas.
Es que, en términos reales, si el Presupuesto sale como está, el resto de las áreas va a caer respecto a la inflación. Salud y Desarrollo Social algo más de dos puntos, en Educación el tijeretazo va a ser -en términos reales- de algo así como 8.500 millones, mientras que en Vivienda el recorte trepa a los 17.600 millones de pesos.
Y, en lo inherente a programas para la generación de empleo, un análisis del Instituto Pensamiento y Políticas Públicas, señala que, en términos reales, serán 66,8 por ciento inferiores a los de 2018, en tanto que regularización laboral se prevé destinar 42,8 por ciento menos.
