“Es la Corte Suprema de Justicia la responsable de las escuchas telefónicas y por lo tanto la directa responsable de estas acciones espurias y su utilización descarada”, denuncia.
“Repudiamos el espionaje a los presos políticos, exigimos que la Corte Suprema intervenga para frenar la escalada de operaciones que difunden ‘falsas noticias’ que justifican ‘fraudes judiciales’”, señala una declaración de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh), ante la divulgación de supuestos diálogos extraídos de grabaciones que se habrían realizado a conversaciones telefónicas en las que participarían -entre otros- Roberto Baratta, Juan Pablo Schiavi y Luis D’Elía.
“Con desfachatada impunidad, los operadores comunicacionales de Clarín, La Nación y sus acólitos difunden supuestas escuchas telefónicas a los presos políticos encerrados en los penales de Marcos Paz y Ezeiza como si fuera natural espiar a los presos, como si las escuchas autorizadas judicialmente no tuvieran resguardo alguno ni control de nadie”, denuncia la Ladh.
Asimismo, recalca que “nos vemos obligados a recordar que la privación de libertad preserva todos los otros derechos humanos y que ni siquiera este gobierno está autorizado para realizar tareas de espionaje en las cárceles y mucho menos a difundir provocadoramente sus ‘productos’”.
Y que, “el escándalo Stornelli/D’Alessio que investiga el Juez Ramos Padilla revela sin lugar a dudas la trama de relaciones entre las agencias estatales de espionaje, el Poder Judicial, el Poder Mediático y el Gobierno; ahora se revela que el Servicio Penitenciario Federal es parte de esta red de instituciones estatales dedicadas a la estigmatización, persecución, judicialización y castigo de sus opositores políticos”.
También recuerda que “por la legislación vigente, es la Corte Suprema de Justicia la responsable de las escuchas telefónicas y por lo tanto la directa responsable de estas acciones espurias y su utilización descarada que al revelar el secreto de las conversaciones de los presos políticos con sus abogados, vulnera el derecho a la defensa. Como ocurrió desde el comienzo de estas causas judiciales”.
Por lo que, al ser un organismo de derechos humanos que cada semana organiza visitas a los penales de Ezeiza y Marcos Paz “nos sentimos objeto de estas escuchas y reclamamos el respeto de nuestra lucha inclaudicable (desde 1937) por la vigencia de las garantías constitucionales y el derecho de todas y todos a luchar por los derechos populares del modo que estimen adecuado”.