Como su vecino de Jujuy, el gobernador de Salta aprovecha la pandemia, para darle carta blanca a la policía provincial.
“Es preocupante el accionar del gobernador de Salta”, recalcó Bertha Cáceres, integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh), organismo que junto a otros exigió la derogación del Régimen Especial Sancionatorio que está en vigencia en esa provincia a instancias de un Decreto de Necesidad y Urgencia del gobernador Gustavo Sáenz que otorga facultades extraordinarias a las fuerzas policiales para actuar en el contexto de la pandemia del Covid-19.
Los organismos advierten sobre la peligrosidad que implica que el DNU le dé al jefe de la Policía de Salta la potestad de juzgar e imponer las penas que prevé el Régimen, algo que contemplaba el Código Contravencional que se dejó sin efecto durante 2015.
Asimismo, denuncian que el DNU es “violatorio de derechos y garantías constitucionales y contradictorio con los artículos 205 y 239 del Código Penal con respecto a la competencia que se le otorga al Jefe de Policía para resolver infracciones, toda vez que es facultad de un fiscal penal y del juez de Garantías a partir de la promulgación de la ley 7914”.
Por lo que instaron a que las autoridades políticas instruyan al personal policial para que “se evite el atropello y malos tratos que están sucediendo por parte de la Policía provincial”.
Además de la Ladh, suscriben la iniciativa la Mesa de Derechos Humanos que integran Familiares de Detenidos Desaparecidos por razones políticas y gremiales, Hijos, la Asociación Lucrecia Barquet, la Asociación Coca Gallardo y la Asociación Pensamiento Penal.
Entre los principales cuestionamientos que se hacen al Régimen Especial Sancionatorio, se señala que debió presentarse por medio de un proyecto que debata la legislatura, además que busca sancionar infracciones ya reguladas por el Código Penal y, en este sentido, se recalca que el ejecutivo provincial pretende avanzar en legislar en materia penal, lo que está prohibido por la Constitución.
Postura
Al respecto, Bertha Cáceres explicó que Sáenz “se pronuncia por encima de lo que ya fue dispuesto por el ejecutivo nacional en DNU 297/20, donde se indica claramente la aplicación del artículo 205 y 239 del Código Penal; atribuyéndose facultades propias de la legislatura y otorgando funciones a la Policía de la Provincia para llevar adelante procedimientos contravencionales cuando ya la norma de aplicación limitó a la sola intervención auxiliar, debiendo ser competente en la investigación y proceso el Fiscal Penal y el Juez de Garantías respectivamente”.
Y denunció “la permanente actitud de poner a la ciudadanía en control y castigo de la Policía, la misma que ya dio basta muestra de la inoperancia y abusos en el control del DNU nacional vigente, llevando adelante represiones de manera sistemática en éste contexto de aislamiento sobre la población”.
Tras lo que señaló que “nos encontramos frente a una pandemia que ya marcó profundamente las falencia en los sectores vulnerables que hoy son los sectores castigados por está policía que por otro lado estigmatiza”.
Por eso que solicitó la derogación del DNU 255/20. “por encontrarse fuera de la normas legales, ser inconstitucional y por el abuso institucional que promueve”.