Avanza en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, un proyecto que establezca penas para negacionistas del terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad.
Sin la presencia de los representantes de las bancadas de derecha, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados avanza en el debate sobre la posibilidad de consensuar un proyecto que establezca penas para quienes hagan públicas o promuevan posiciones negacionistas del terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad.
El proyecto original fue firmado por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
Pero también hay otra iniciativa que fue confeccionada por integrantes del espacio político Soberanos, entre otros, por la ex diputada Alicia Castro, el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto y el periodista Jorge Elbaum, así como por los abogados Maximiliano Rusconi y Eduardo Barcesat.
El texto sobre el que se busca consenso para avanzar en el Congreso, sostiene que el negacionismo es incompatible con la función pública y las obligaciones de quienes son funcionarios del Estado en cualquiera de sus niveles. Por eso, si prospera, a quienes incurran en declaraciones o acciones de este estilo le corresponderán penas de inhabilitación especial que puede ir de tres meses a cuatro años.
Por otra parte, establece que después de cumplido el plazo de la inhabilitación, aquellos que hayan sido penados deberán hacer “al menos uno de los programas educativos sobre negacionismo de genocidios y crímenes contra la humanidad dictados por el Inadin” que es el nombre que adquiriría el Inadi si la iniciativa se convierte en ley.
Es que lo que se pretende, es que el actual Inadi pase a ser el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia, el Racismo y el Negacionismo que se encargue de certificar la calidad de las capacitaciones sobre Memoria, Verdad y Justicia realizada por los organismos públicos.
Pero también lo que se busca es prevenir y sancionar las conductas y discursos públicos que “niegan, minimizan, justifican, legitiman o reivindican los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado en la Argentina, y los genocidios y crímenes contra la humanidad”.
Al respecto Barcesat recalcó que la iniciativa “es muy razonable en la cuantía de las penas que establece, pero lo más importante es el proceso judiciario porque es el que desnuda a este sector político que se la pasa diciendo mentiras ante la opinión pública, creyendo que con eso captara votos y que dice que va a hacer un gobierno por el cambio, pero lo que va a hacer es destrozar la institucionalidad”.