Desde Ctera se celebró la decisión de los fiscales que actúan en la causa que busca esclarecer el asesinato de los hermanos Isauro y Arturo Arancibia.
El secretario de Derechos Humanos de Ctera, Rogelio De Leonardi, junto Sonia Alesso y Roberto Baradel coincidieron en destacar la decisión de los fiscales que actúan en la causa abierta para esclarecer el asesinato de los hermanos Isauro y Arturo Arancibia, que fueron perpetrados en el marco de la dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976, que durante la semana pasada pidieron que la causa se eleve a juicio oral.
Vale señalar que Ctera es querellante, papel que lleva a cabo junto a la familia Arancibia, en esta causa que tiene como imputados a los agentes de la Policía de Tucumán, Mario Escalada, Jorge Ragonese y José Sánchez, pero también al ex juez Manlio Martínez. Concretamente el pedido para que la causa vaya a juicio la hicieron, conjuntamente, el titular de la Fiscalía Federal 1 de Tucumán, Carlos Brito, y el fiscal coordinador de la Oficina Tucumán de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Pablo Camuña.
Y en este punto resulta interesante repasar el papel que tuvo Martínez en el crimen de los hermanos Arancibia, ya que los fiscales Brito y Camuña coinciden en que el entonces juez federal Martínez “ocupó una posición relevante y ejerció un rol central dentro del aparato clandestino e ilegal montado sobre el Estado, con el propósito de perseguir y exterminar opositores políticos
por medio de la comisión masiva de crímenes lesivos de la humanidad en la provincia asegurando la impunidad de los perpetradores”.
Y, por eso, piden que se lo juzgue como autor del delito de incumplimiento de deberes al “haber omitido promover la persecución penal de los autores materiales” de los homicidios de los Arancibia, pero asimismo como partícipe necesario de sus homicidios y de la violación que se perpetró sobre sus domicilios.
Algunos meses antes del golpe de Estado, Isauro Arancibia había sido amenazado por la Alianza Anticomunista Argentina, cuando era secretario general adjunto de Ctera y titular de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales. Lo asesinaron durante la noche del 24 de marzo de 1976 en la sede del sindicato docente tucumano.
La causa que busca establecer las responsabilidades penales de quienes ultimaron a Isauro Arancibia comenzó a sustanciarse en 2003 y durante los veinte años transcurridos, la impunidad biológica selló el destino de buena parte de los policías que fueron identificados como integrantes de la patota que lo ultimó. Durante 2007 la Fiscalía pidió que se indague a los integrantes de la patota que acribilló a los hermanos Arancibia, al tiempo que solicitó que se haga lo propio con Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Bussi. Dos años después, la mayoría de los policías que estaban procesados
fueron beneficiados por la falta de mérito. Y ya durante 2021, el titular del Juzgado Federal 2 de Tucumán, Fernando Poviña, procesó a quienes aún quedaban con vida.