En San Luis aumentaron el cuadro tarifario del servicio de energía eléctrica por medio de una audiencia pública que, en la práctica, no fue ni audiencia ni pública.
“El gobierno provincial y el Ente Regulador olvidan recurrentemente los compromisos contraídos con los usuarios basados en el contrato de transferencia”, lamentó desde el Partido Comunista de San Luis, Juan Larrea a la hora de analizar el nuevo incremento en el precio de la tarifa de energía eléctrica, que la firma distribuidora solicitó sea actualizado en un 28 por ciento y con modificaciones en el esquema de ajuste, con la inclusión de una cláusula gatillo.
Por tal motivo, la Comisión Reguladora Provincial de Energía Eléctrica (Crpee) llevó a cabo una audiencia pública virtual en la que se discutió el aumento en el cuadro tarifario. Entre otras cosas, el mecanismo elegido fue criticado porque varios de los inscriptos tuvieron dificultades para ingresar en la plataforma, por lo que no pudieron participar en la audiencia pesar a que habían presentado las ponencias exigidas en la inscripción que cerró el 19 de julio.
“El Ente Regulador no convoca la revisión tarifaria integral desde 2012 y no ignora que ésta debe realizarse cada cinco años, no conociéndose estudio de carga alguno ya que el último debió estar completado en 2016”, recordó Larrea y fue contundente cuando indicó que no se puede pretenden actualizar la tarifa “sin disponer de estos últimos estudios básicos que resultan imprescindibles”.
Por lo que hizo hincapié en que “nos encontramos frente a una situación en la que todos pierden, salvo la distribuidora”, tras lo que advirtió que ante este escenario “quien tiene la obligación de poner las cosas en orden es la Comisión Provincial de Energía Eléctrica”.
Asimismo, denunció que “se le niega al público general la libre participación en algo que se anuncia como una audiencia pública”, pero que en la práctica “no se trata de otra cosa que de un encuentro virtual de quienes cuenten con los medios y capacidades para participar”.
De ahí que sin dudarlo, el dirigente del PC puntano resaltó que “se trata en definitiva de cumplir con la formalidad de conceder el aumento reclamado cumpliendo, en apariencia, con el compromiso contraído en el contrato de transferencia que concesiona el servicio por un período cuya duración es de 99 años”.
Por eso “el presente estado de cosas y a partir de una sana política de administración de la cosa publica, debería hacer reflexionar a las autoridades provinciales que justifica tal concesión, cuando no se cumplen con los estándares mínimos en el rubro inversiones, la calidad de servicio está muy por debajo de lo necesario y no existe la justificación de aumentar la tarifa”.
Y, en este sentido, remarcó que “tal nivel de desprotección de los usuarios, exige que se retome la misión del la Comisión Reguladora como veedora de un trato justo, sobre todo hacia los consumidores y cumpla con su cometido, que no es conceder aumentos automáticos de la tarifa como lo vienen haciendo, sino brindar un servicio a precio justo para los habitantes de la provincia de la que se sirven”.