Rabat utiliza a migrantes para presionar a Madrid por la presencia en territorio español del presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Gali, quien fue internado con Covid-19.
Ayer en la ciudad marroquí de Castillejos, la policía reprimió brutalmente a cientos de personas, entre las que había muchas que esperaban su oportunidad para sortear la delgada línea que separa Ceuta de Marruecos, y otros que forman parte de los alrededor de seis mil que fueron expulsados de ese territorio español, después de que lograran pasar la frontera durante los últimos días.
Se trata de una delgada línea que separa Africa de la Unión Europea (UE) que es una de las fronteras más desiguales del planeta, ya que el PIB de España supera quince veces al marroquí, una brecha que se ensancha mucho más si se lo compara con el de países subsaharianos cuyos migrantes suelen pasar por el Magreb en su intento por ingresar a Europa.
Desde hace dos hace dos décadas, Ceuta y Melilla son ciudades amuralladas y protegidas por dispositivos tecnológicos de punta, con lo que se busca evitar el ingreso de inmigrantes.
Esto es algo que la dinastía alauí sabe aprovechar y que, habitualmente, le sirve para lograr prebendas por parte de Europa, a cambio de hacer las veces de primera valla de contención de la migración subsahariana.
Pero hace pocos días Marruecos decidió abrir la puerta y, más aún, se hizo correr la voz de que el paso fronterizo iba a quedar liberado durante dos días. La respuesta fue inmediata e incluyó a quienes por sus propios medios pasaron la línea y a organizaciones ilegales que sacan tajada del tráfico de personas.
¿Pero qué es lo que pasó? “No vamos a aceptar chantajes, la integridad de España no es negociable y vamos a usar todos los medios necesarios para garantizar la integridad territorial y vigilar las fronteras”, advirtió la ministra de Defensa española, Margarita Robles y calificó la actitud de Rabat como una “agresión por parte de Marruecos a España y la UE”.
Lo cierto es que esta situación responde a la reacción marroquí a la decisión de Madrid de brindar acogida humanitaria al líder del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (Rasd), Brahim Gali, quien tiene 71 años y fue internado con Covid-19 en un hospital de Logroño. Su cuadro se complicó ya que padece un cáncer digestivo.
Así las cosas, la Monarquía Alauí puede permitirse este tipo de desafíos, porque sabe que cuenta con la vista gorda de EE.UU., sobre todo desde que se convirtió en una pieza de peso para el apoyo de de parte del mundo islámico a Israel, después de que ambos países normalizaran sus relaciones en diciembre de 2020.
Queda claro la UE tiembla cada vez que se ve ante una de las cada vez más recurrentes oleadas de la crisis migratoria, que empuja hacia el centro capitalista a miles de personas provenientes de países empobrecidos por la propia crisis que provoca el sistema capitalista.
En este contexto, las acciones de Marruecos se valorizan y Rabat cobra los dividendos, cada vez que la UE mira para otro lado ante la ocupación que perpetra sobre el territorio de la Rasd y las violaciones a los Derechos Humanos que perpetra contra su pueblo.
Protesta
Así las cosas y casi en coincidencia con la tensión creciente en la zona de Ceuta y Melilla, ayer en Madrid, organizaciones sociales se manifestaron para exigir que España paralice la trasferencia de armas al régimen marroquí.
“No se puede rearmar un socio que no es confiable y que es capaz de promover -aprovechándose de una precariedad y pobreza que él mismo provoca- que mujeres con bebés se lancen al mar arriesgando su vida”, recalcaron los convocantes.
Tras lo que hicieron hincapié en que “el régimen marroquí utiliza el chantaje y la amenaza para conseguir sus propósitos espurios, arriesgando la vida incluso de sus propios nacionales”, al tiempo que destacaron que lo hace para intentar imponer “una nueva política internacional comprometida con la legalidad”.
Por eso “utiliza la diplomacia de la amenaza, el soborno y el chantaje para poner sus condiciones a los países vecinos y reordenar el tablero de la legalidad internacional”.
De ahí que “no podemos seguir armando a un país que amenaza la estabilidad de la región, incluido el territorio español, e incluso más allá como en el caso de la guerra de Yemen y su acuerdo tripartito con Trump y Netanyahu”, pero que asimismo “desvía sus recursos a la compra de armamento mientras su población se muere de hambre y está dispuesta a una emigración masiva y peligrosa”.