El Estado de Israel continúa asesinando periodistas palestinos y bloquea, junto a la asistencia humanitaria, el ingreso de corresponsales de prensa extranjeros a la Franja de Gaza para evitar que el mundo se entere del genocidio que comete.
“Este intento obstinado y continuo de impedir que los periodistas entren a Gaza muestra claramente una intención de ocultar los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad cometidos por los soldados de ocupación israelíes”, denunció desde Israel el presidente del frente Hadash-Taal, el diputado Ayman Odeh, al advertir sobre la prohibición del acceso de la prensa extranjera al enclave, dispuesta por el régimen encabezado por Benjamín Netanyahu desde octubre de 2023.
Como se recordará fue en ese momento cuando el Estado de Israel comenzó a profundizar el genocidio que desde entonces no cesa contra la población palestina de la Franja de Gaza donde, a partir de ese mes, sólo tienen autorización para ingresar algunos periodistas israelíes afines al gobierno, que lo hacen como reporteros integrados con las tropas de ocupación.
La semana pasada el Tribunal Superior de Justicia de Israel aceptó otra solicitud de prórroga presentada por el gobierno para bloquear coberturas periodísticas desde Gaza, algo que va en consonancia con el constante hostigamiento que reciben aquellos medios que pretenden contar lo que pasa dentro de la Franja como consecuencia de la ocupación sionista.
Vale recordar el antecedente inmediato del pasado 10 de noviembre cuando el Parlamento israelí avanzó hacia la aprobación de proyecto de ley que permite que, sin supervisión judicial, el gobierno pueda cerrar permanentemente las oficinas locales de los medios de comunicación extranjeros que considere que “socavan la seguridad nacional”. Ante esto, la Federación Internacional de Periodistas (FIP), hizo pública su preocupación, ya que consideró tal iniciativa acabaría por consagrar una plena restricción de la libertad de expresión y la libertad de prensa. E instó a las autoridades israelíes a dejar de usar la excusa de la “seguridad” para reprimir a los medios de comunicación críticos al régimen del criminal de guerra Benjamín Netanyahu.
Esta disposición tiene, a su vez, otro antecedente en una ley de aplicación temporal que fue aprobada en abril de 2024 conocida como “Ley Al Jazeera”, ya que habilitó a que Tel Aviv allanara y clausurara sus oficinas locales, dando de baja las emisiones que este conglomerado massmediático qatarí hacía desde Israel.
Al respecto, el titular de la FIP, Anthony Bellanger, fue claro al denunciar que “Israel está librando una batalla abierta contra los medios de comunicación, tanto locales como extranjeros, que critican la narrativa del gobierno en lo que es un comportamiento típico de los regímenes autoritarios” y añadió que si el Parlamento Israelí aprueba completamente el proyecto de ley “se le va a estar dando un duro golpe a la libertad de expresión y a la libertad de prensa”.
En este contexto, la FIP denunció que desde diciembre de 2023, al menos, 226 periodistas y trabajadores de medios de comunicación palestinos fueron asesinados por las tropas de ocupación, mientras que muchos más resultaron heridos y otros están desaparecidos. Junto con el Sindicato de Periodistas Palestinos, la FIT es uno de los organismos que condena los asesinatos y los continuos ataques contra periodistas y exige que se lleve a cabo una investigación inmediata e imparcial sobre estos crímenes.
Aunque hubo quienes tuvieron expectativas de que esta situación pudiera cambiar con la “tregua” establecida en octubre, la realidad indica que sólo durante diciembre Israel atacó a un centenar de periodistas palestinos y uno de ellos fue asesinado. Así lo subraya un reciente informe del Sindicato de Periodistas Palestinos en el que se da cuenta de que, también, el Estado de Israel realizó durante ese período numerosas detenciones de trabajadores de prensa, a quienes no se les presentaron cargos, y ejerció una férrea censura sobre los medios que pretenden mostrar los actos que comete dentro de las zonas palestinas que ocupa ilegal e ilegítimamente.
