Con el resultado de la segunda vuelta electoral que confirmó, más allá de las denuncias de fraude, el triunfo para Abelardo de la Espriella, la ultraderecha colombiana arrecia su campaña de desprestigio y amenazas contra la izquierda en general y, en particular, contra el Partido Comunista y la Juventud Comunista.
Con el resultado de la segunda vuelta electoral que le dio un ajustado triunfo, envuelto en denuncias de fraude, a Abelardo de la Espriella, la ultraderecha de Colombia se siente envalentonada. En este contexto se inscribe una campaña de desprestigio y persecución, montada especialmente contra la Juventud Comunista. Esto se enmarca en “la oleada de amenazas, estigmatización y odio que afloró en la campaña presidencial y que se agudizó luego de los comicios del 21 de junio de 2026” como parte “de una escalada de discursos impulsados desde sectores de ultraderecha dirigidos contra liderazgos sociales, organizaciones populares y dirigentes políticos de izquierda”, denunció el Partido Comunista Colombiano (PCC).
La escalada denunciada tiene lugar en medio de “un clima de creciente intolerancia y hostilidad hacia quienes defienden proyectos democráticos y de transformación social”, sostuvo el PCC. La campaña contra la Juventud Comunista se suma así a la ola de amenazas contra la vida de liderazgos regionales, además de a actos de “violencia física contra campesinos a quienes recientemente el Gobierno les entregó tierras para trabajar”. Entre estas agresiones, los comunistas colombianos señalaron los “ataques de odio a las comunidades por la orientación sexual, por su etnia y por la defensa al proyecto político del cambio”.
En este marco, el PCC recordó que “la estigmatización e incitación a la violencia, así como el anticomunismo, no son nuevos en la historia política colombiana”, ya que este tipo de prácticas nefastas “fueron utilizadas durante décadas para justificar la persecución y el exterminio contra militantes y dirigentes del Partido Comunista Colombiano y de la Unión Patriótica, en uno de los episodios más dolorosos de la violencia política en el país, que cobró la vida de más de 6.500 personas entre asesinados, desaparecidos y víctimas de otras formas de violencia”.
El resurgimiento de estas narrativas de odio fue promovido por el propio De la Espriella, cuando desde el inicio mismo de su campaña electoral dijo públicamente: “Sepan ustedes, señores de la izquierda, que en mí tendrán siempre un enemigo acérrimo que hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos como corresponde”, frase que tal como lo advirtió el PCC “pone en riesgo la vida, la integridad y el ejercicio de la actividad política de amplios sectores democráticos, pero en especial de la militancia comunista”.
Así las cosas, recalcó que se trata de discursos repudiables y peligrosos por los que “se busca deslegitimar las luchas por la vida, la paz, la justicia social y la profundización de la democracia”, pretendiendo crear condiciones para dirigir el poder bajo una lógica de coerción social que garantice los intereses políticos y económicos de los sectores dominantes.
Por ello es que el Partido Comunista Colombiano alertó que su país “estará navegando bajo el acecho contra quienes ejerzan la oposición política y social a las políticas regresivas, antiderechos y guerreristas del nuevo gobierno”. Ese camino no conduce a otro lugar que a la agudización de “la violencia política gubernamental, como históricamente se había hecho contra organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y populares que actúan en el marco de sus derechos”, subrayó el PCC en su denuncia pública. Pese al amedrentamiento buscado, el Partido Comunista Colombiano ratificó que se mantendrá firme en su “compromiso revolucionario con la defensa de las libertades democráticas, los derechos humanos, las reformas sociales, la paz y las conquistas alcanzadas por el Gobierno del cambio liderado por Gustavo Petro”.
De esta forma, dejó bien claro que “es momento de la unidad por la vida frente a este escenario de violencia mediática y persecución política” y llamó a que todos los sectores sociales se vuelquen a “exigir plenas garantías para el ejercicio de la oposición política democrática” y que se haga valer en unidad “el derecho a la organización, la movilización y la protesta social”. Porque la defensa de las garantías democráticas y del derecho a pensar diferente, reafirmó el PCC, “no es una causa exclusiva de los y las comunistas, sino una condición humana indispensable para la vigencia de la democracia colombiana”. En este sentido, reforzó “ahora más que nunca” su convocatoria a la “unidad para la movilización política y defensa de la vida, como principio de la paz”.
