Bajo este lema se espera que mañana se movilice en las principales ciudades españolas para condenar la especulación inmobiliaria y exigir respuestas público-estatales al problema de la vivienda.
“¡Vivienda por derecho, pública y social! ¡No se especula con el hogar!”, son las consignas que mañana sábado van a recorrer las principales ciudades de España para demandar que se respete el derecho que asiste a todos los ciudadanos a poder acceder a una vivienda digna.
Entre los diferentes colectivos que convocan está el Partido Comunista de España (PCE) que recientemente dio a conocer un documento titulado “¿Qué está pasando con la vivienda? ¿Qué soluciones proponemos?”, en el que hace un pormenorizado resumen de los análisis y las propuestas que formula para resolver el problema que surge de aquello que denomina “la segunda crisis de vivienda en lo que va de siglo”, en cuyo contexto “varios millones de personas sufren la carestía del alquiler sin apenas escapatoria, miles de jóvenes no pueden emanciparse y cada vez son más los sectores de la población adulta que deben compartir piso sin desearlo”, al tiempo que “continúan los desahucios de quienes menos pueden defenderse, a manos de jueces que se saltan la ley”. Y, en este marco, “en muchos barrios repunta el hacinamiento y la infravivienda”.
Ante este panorama, el PCE denuncia que “se aceleran cambios estructurales en el modelo de vivienda guiados por el interés del capital”, por lo que un número creciente de hogares “viven de alquiler y cada vez más gente sólo puede acceder a la vivienda a través del alquiler” lo que constituye “un indicador de que aumenta el número de multipropietarios, los cuales destinan sus viviendas al ciclo del capital para extraer beneficios, incluyendo el alquiler turístico”, algo que a su vez impone “un desequilibrio que provoca carestía de la vivienda”.
Asimismo, recuerda que ese proceso de acaparamiento de viviendas tuvo un impulso después de la crisis del 2008 con el estallido de lo que entonces se denominó en España “la burbuja inmobiliaria”. Y añade que “más de un millón de viviendas están en manos de grandes tenedores y más de un tercio de las viviendas en alquiler están en manos de grandes o medianos capitalistas”.
Tras lo que el documento del PCE hace hincapié en que “el capital va a por las viviendas, igual que va a por la privatización de las pensiones sembrando dudas sobre el futuro las pensiones públicas, a por la privatización de la sanidad o a hacer negocio con las residencias de la tercera edad” y recalca que “la vivienda debe ser una infraestructura pública para atender las necesidades sociales de forma justa y democrática, no una mercancía que se compra y se vende”.
Por lo que propone “ampliar el parque público de vivienda para alquiler social por todas las vías posibles y para su gestión crear un sistema de asignación según criterios sociales y ecológicos, mediante procesos democráticos y participativos, con el objetivo de la ciudad de los quince minutos”. Todo en base a un esquema de planificación pública y democrática que apueste a seguir un camino opuesto a las megaciudades que resulta “insostenible desde el punto de vista medioambiental, de salud y de cuidados”.
