La sanción favorable del proyecto que modifica regresivamente la Ley de Glaciares se consumó anoche gracias al poder de lobby de las multinacionales mineras que, como aseguró el Partido Comunista, cuentan con representantes no sólo entre el oficialismo y sus aliados reconocidos, sino también entre pseudo opositores que dicen defener intereses “nacionales y populares”. En la manifestación en Plaza Congreso, Claudio Cabrera, coordinador del Movimiento de Jubilados Liberación, recordó que “el agua no se vende” y llamó a seguir defendiendo todos nuestros recursos naturales. Se impulsa, a la vez, una campaña de firmas para denunciar la inconstitucionalidad de esta ley ecocida.
“La Reforma a la Ley de Glaciares en favor de las corporaciones mineras y en contra de la salud de nuestro pueblo y el medio ambiente es un crimen que tenemos que impedir” destacó ayer a través de sus redes sociales el Partido Comunista de la Argentina en la previa a la votación en Congreso y antes de sumarse a las manifestaciones que tuvieron lugar en distintos puntos del país como San Luis, Santa Rosa y Posadas, entre muchas otras ciudades, con una activa participación militante.
En Plaza Congreso, al reclamo de cada miércoles de lxs jubiladxs, se sumó la protesta contra la modificación regresiva a Ley de Glaciares, que pone en riesgo la salud de al memos siete millones de personas en doce provincias. Ahí Claudio Cabrera, dirigente del MJL, no anduvo con vueltas al afirmar que “el agua no se vende y mucho menos se regala”, en referencia a la entrega que queda prácticamente dispuesta en bandeja a partir del texto del proyecto aprobado. Asimismo, anticipándose a una votación que parecía definida de antemano, Cabrera dejó bien claro que “vamos a seguir defendiendo los glaciares y luchando por todos nuestros recursos naturales”.
En ese marco, junto al Movimiento de Jubilados Liberación, se volcó a la calle el PC y la FJC, a partir de una convocatoria conjunta realizada por un amplio abanico de organizaciones políticas y ambientalistas, con pancartas que expresaban consignas como “No a la reforma de la Ley de Glaciares”, “Sin agua no podemos vivir” y “Diputados: El pueblo no olvida a sus verdugos”.
“Los lobistas del extractivismo minero, con representantes en el oficialismo pero tambien en provincias cuyos gobiernos y legisladores dicen defender intereses ‘nacionales y populares’, ponen al lucro para unos pocos por delante del bien común”, señaló el PC dando cuenta de un hecho que ya se había constatado el 26 de febrero en la Cámara de Senadores y que se terminó repitiendo anoche en Diputados.
En una democracia cada vez más restringida y elitista, en la cual se vulneran mes a mes más garantías constitucionales, agregó que un debate tan neurálgico como este “no puede quedar delimitado al Congreso, donde se censuró a miles de voces en la audiencia pública”. E indicó que para que “no se consume esta entrega es necesario impulsar un plebiscito popular y coordinar todas las luchas en defensa de nuestra soberanía y nuestros derechos”.
La iniciativa aprobada contó con los votos favorables de los diputados de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo, Adelante Buenos Aires, Por Santa Cruz, Encuentro Federal y seis legisladores de Provincias Unidas: Gisela Scaglia, José Nuñez, Sergio Capozzi, Jorge Rizzotti, Alejandra Torres y Jorge Ávila; así como también con el apoyo de los diputados sanjuaninos de Unión por la Patria, Christian Andino y Jorge Chica.
Como ya es habitual en cada votación trascendente en el Palacio Legislativo, no faltó la represión en las calles. Sin embargo, y como lamentablemente también se ha vuelto costumbre, el Congreso continuó deliberando como si nada pasara, a espaldas de un pueblo hambreado y apaleado, que no se resigna y continúa peleando mientras los diputados y senadores miran por las ventanas de sus despachos.
“Acá no se rinde nadie”. El PC pamepeano en pie de lucha.
“Resulta imprescindible volver a las calles planteando la resistencia y que es precisa la unidad para acompañar políticamente a quienes presenten amparos a esta ley, porque esta es una lucha política”, puntualizó desde el PC de La Pampa, Carlos Urmente, quien participa también de la Asamblea en Defensa a la Ley de Glaciares, reformada anoche en favor del exctractivismo minero. Lo hizo luego de formar parte de la vigilia soberanista montada en Plaza San Martín, en el centro de Santa Rosa, a la espera de la votación parlamentaria en Buenos Aires, cuyo resultado marca sin dudas un punto de inflexión pero de ninguna manera un punto final en esta larga historia por la defensa de nuestros recursos naturales.
“Lo que ha prevalecido es el dinero, que ha podido comprar voluntades”, aseguró. Y, en un mismo sentido, especificó que “se ha adelantado coparticipación y se han devuelto favores”. Todo esto en un escenario atravesado por la corrupción, en el que “muchos diputados y diputadas se han convertido en una mercancía que tiene un valor de cambio que es el dinero, amén del beneficio que fundamentalmente tienen las grandes mineras”, denunció Urmente al graficar lo que pasó ayer en la Cámara Baja con la sanción favorable al proyecto de modificación de la Ley de Glaciares que, entre otros retrocesos, permite la explotación de las áreas periglaciares, lo cual va a traer aparejado un impacto ambiental letal y graves consecuencias para la salud de la población.
“Las dos terceras partes del territorio argentino tiene problemas de humedad, son semiáridas o áridas, pero también unas siete millones de personas dependen del agua de la montaña, de glaciares y periglaciares”, recordó el dirigente comunista de La Pampa. Y explicó que en su provincia el agua que abastece a más de la mitad de la población depende del Río Colorado, que se alimenta, fundamentalmente, del Río Grande que nace en la Cordillera de Los Andes; es decir, es agua glaciar, que ahora quedará expuesta a la contaminación.
A la vez, contextualizó que la ley sancionada ayer “viene a profundizar un problema que es de larga data”, porque La Pampa tiene un litigio con Mendoza en torno al Río Atuel, “que se produjo en 1951 con la presidencia de Juan Domingo Perón, con el corte del recorrido de este curso, lo que ocasionó un ecocidio total que ha dejado prácticamente a la mitad del territorio de La Pampa en condición semidesértica y desértica”. A la descripta problemática histórica se le suma ahora “esta modificación que perjudica a la fuente de agua de la mayoría de la población de La Pampa”, que es el Río Colorado, que atraviesa Mendoza y recorre buena parte del territorio pampeano, por lo cual “se va a ver afectado seriamente el abastecimiento de agua dulce de Santa Rosa y de las localidades del sur de la provincia”.
Por su parte, hoy por la mañana el gobernador pampeano, Sergio Zilotto, confirmó que el Estado provincial, junto con autoridades de la Universidad Nacional de La Pampa, así como con la Fundación Chadileuvú y la Asociación por los Ríos Pampeanos, va a impulsar un amparo judicial ante el Juzgado Federal de Santa Rosa para declarar inconstitucional esta nueva ley ecocida y dejar sin efecto lo sancionado anoche en el Congreso.
“Esperamos que los argumentos de la presentación no sean sólo técnicos y administrativos, sino también políticos”, señaló Urmente y destacó que “acordamos con las diferentes organizaciones con la que venimos movilizándonos por este tema, en que cuando a través de la Fiscalía La Pampa presente el recurso de amparo, vamos a acompañar esa decisión política” porque, resaltó, “acá no se rinde nadie: la lucha sigue”.
Entretanto, reflexionó que “el capital ha demostrado en el mundo que no le interesa la seguridad jurídica y, con tal de saquear recursos naturales, ha perpetrado y perpetra masacres en diferentes puntos del planeta”. Junto a esto señaló que tanto el gobierno nacional como las corporaciones que impulsaron esta reforma “hubieran preferido que su tratamiento pasara desapercibido”, pero apuntó que eso no ocurrió y “se vieron desbordados”. Machacando en caliente, llamó a “seguir denunciando todos estos atropellos y a acompañar en las calles toda presentación que se haga en los estrados federales, como también habría que hacerlo si esto llegara hasta la Corte Suprema”.
En definitiva, enfatizó que “hay que seguir luchando porque en este mundo donde se demanda cada vez más energía vienen por el litio, el oro, el cobre y otros recursos y no van a tener ningún reparo en dar vuelta una montaña con proyectos mineros, aunque eso traiga graves consecuencias para la población”.
Para concluir reafirmó que “debemos tener claro quiénes son los legisladores que se decían del campo nacional y popular y que le dieron luz verde a esta ley, algo que habrá que tener presente cuando se forme un espacio electoral de cara a 2027, porque hay que recordar estas traiciones”. Pero aún antes que eso, volvió a sostener que lo que resulta impostergable es “estar en las calles planteando la resistencia y que se precisa de la unidad para acompañar políticamente a quienes presenten amparos a esta ley, porque esta es una lucha política”.
Desde el Partido Comunista de la Argentina y distintas organizaciones y personalidades políticas, juristas y ambientalistas se impulsa una campaña de firmas para denunciar la inconstitucionalidad de esta ley ecocida, que se inscribe en el plan de entrega de nuestra soberanía y nuestros recursos naturales llevado adelante por el gobierno de Javier Milei, para beneficio del imperialismo y el gran capital financiero y extractivista.
La adhesión se puede sumar ingresando a un formulario por medio del siguiente link: https://www.demandacolectivaglaciares.org
