Así lo denunció desde el Movimiento Jubilados Liberación, Pedro Waldo, quien sostuvo que la reciente visita de Milei a su provincia “fue para repartirse los negocios con el gobernador”. En simultáneo a las denuncias por los negocios privados que el clan Jalil realiza con la salud pública, se producía la entrega en bandeja de una reserva estratégica de litio a una corporación de capitales británicos y tropas militares realizaban ejercicios de guerra en localidades donde se asientan proyectos de megaminería. En respuesta a estos hechos, el Partido Comunista catamarqueño participó el último viernes del lanzamiento de un espacio multisectorial contra el ajuste y la entrega.
El fuerte operativo policial que se desarrolló la semana pasada en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca no pudo impedir que la presencia de Javier Milei fuera repudiada por diferentes colectivos que se dieron cita en las inmediaciones de la sede de la Secretaría de Minas y la Plaza 25 de Mayo. Como cada miércoles, ahí estuvieron los Jubilados Autoconvocados. Mientras, el presidente compartía un acto con el gobernador Raúl Jalil y con representantes de la corporación británica-australiana que se adjuicó dos proyectos mineros en la Puna catamarqueña, Río Tinto, beneficiada por el RIGI. Otra vez, se la llevan toda y dejan contaminación.
Viene al caso recordar que luego de haberle votado la aprobación del presupuesto de 2026 por medio de sus representantes parlamentarios, que llegaron a sus bancas diciendo representar intereses “nacionales y populares”, el gobierno de Jalil recibió a principios de año y a manos de Casa Rosada la recompensa de la cesión del 60 por ciento de las acciones de la mina de oro Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.
Por otra parte, este nuevo capítulo de entrega de soberanía y recursos naturales a la corporación minera británica-australiana, sucedía a la par de una denuncia periodística realizada por El Destape en la que se prueba que, desde enero, el Ministerio de Salud de Catamarca firmó 435 resoluciones que ordenan pagar 1.773,7 millones de pesos a tres empresas y una fundación vinculadas a la familia del gobernador Jalil. De la mano de este otro negociado, avanza el deterioro del sistema de salud pública universal y gratuito que debe prestar el Estado provincial, algo que se ejecuta en base al desfinanciamiento constante que impacta en el cierre de servicios y el recorte de personal profesional y administrativo, generando retrasos y suspensiones de turnos e internaciones.
El pormenorizado informe explica que su fuente es un relevamiento sobre los 85 boletines oficiales y sus anexos publicados en lo que va del año, donde se da cuenta de cada pago hecho con número de resolución, fecha y monto a favor de Sanatorio Pasteur S.A., Sanatorio Junín S.A., Instituto Médico Privado S.A. y la Fundación Dr. José Guido Jalil. A la vez, se especifica que la mayoría de esos pagos se destinó a presuntos pacientes sin cobertura de salud por 1.350,2 millones de pesos, en tanto que una porción de ese monto cubrió con fondos provinciales un plan nacional no ejecutado. En otros casos, directamente, aparecen pagos sin precisar la cobertura brindada a los presuntos pacientes beneficiados.
Lo que señala ese informe viene a corroborar algo que desde hace varios meses advertían los trabajadores nucleados en Jubilados Autoconvocados de Catamarca cuando, a raíz de las denuncias hechas por el recorte en la entrega de medicamentos del Pami, se posó la mirada sobre lo que estaba pasando en el universo de la salud pública de esta provincia. Así lo recordó desde ese colectivo el integrante del MJL, Pedro Waldo, quien como Secretario de Discapacidad de la CTA Autónoma provincial puntualizó que “desde hace bastante venimos insistiendo con los negociados de Jalil que afectan a la salud pública y en particular a los jubilados”. Con curros como estos a costa de la salud pública, el gobernador peronista y aliado incondicional de Milei “trata de dejar al sistema cada vez con menos médicos, porque les pagan miserias y los hacen trabajar en condiciones inapropiadas, en nosocomios y salitas donde faltan los remedios”, aseguró Waldo.
“Aquí en Catamarca todo es de los Jalil y la salud pública les molesta porque tienen clínicas”, agregó el dirigente del MJL catamarqueño. En su denuncia, no pasó por alto que el mandatario y su familia “también se apropian de la minería, los fletes de camiones, las concesionarias de autos y ahora hasta las panaderías: más casta es difícil de conseguir”. Por eso es que afirmó que Catamarca “se parece cada vez más a un feudo de los Jalil y esto se viene diseñando para que sea así con el apoyo político de Milei”. De tal manera, remarcó que en su provincia “se sigue enajenando todo” y que la reciente visita presidencial no fue para otra cosa que “para repartirse los negocios con el gobernador, porque para nada les interesa lo que pasa con el pueblo catamarqueño”.
En este contexto, Pedro Waldo resaltó la validez que tiene la resistencia y organización en la que avanzan sectores que no se resignan, algo que, a partir de estos negociados que quedaron a la vista, volvió a ponerse en práctica el viernes pasado. En la capital provincial se dio el paso inicial hacia la construcción de un espacio multisectorial en el que participa el Partido Comunista, junto a otras organizaciones políticas, sociales de izquierda y del movimiento popular y a organismos de derechos humanos. De este conjunto de organizaciones forman parte además, los Jubilados Autoconvocados, sindicatos y colectivos ambientalistas como los de las asambleas de Andalgalá y Fiambalá.
El dirigente del MJL y la CTA-A explicó que el lanzamiento de este espacio se hace “con la perspectiva de que se vaya ampliando cada vez más porque queremos construir una suerte de observatorio que pueda monitorear qué es lo que se hace en Catamarca con los dineros públicos que favorecen siempre a la casta del gobernador, mientras que crece entre el pueblo una pobreza que es cada vez más abismal”.
El ajuste y la entrega se profundizan de la mano de la represión y de la intimidación que el gobierno nacional y sus aliados persiguen con ella. Esa intimidación también se expresa en proyectos como el de una nueva “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional”, que incluye la creación de un “Consejo de Seguridad Nacional”, y que va en sintonía a lo ordenado por imperialismo yanqui en la materia, buscando involucrar en tareas de seguridad a las Fuerzas Armadas.
Si bien esta iniciativa oficialista, que hace parte del repentino e inverosímil guión “malvinero y patriótico” de Milei, aún sigue sin fecha de tratamiento en el Congreso, puede considerarse un adelanto de ella lo visto la semana pasada en Catamarca.
En esta oportunidad, mientras le servían en bandeja nuestro litio a la compañía británica-australiana Río Tinto, ahí cerca jugaban a la guerra soldados de la IV Brigada Aerotransportada del Ejército Argentino sin ninguna comunicación oficial previa ni de parte del gobierno nacional ni de parte del gobierno provincial. El denominado operativo “Pegaso 6” se hizo en zonas pobladas, donde no casualmente se asientan proyectos de megaminería que cuentan con un alto rechazo social. O sea, digamos, por si acaso.
Pomán y Bolsón de Pipanaco fueron las localidades catamarqueñas elegidas para su despliegue, que se extendió además a la vecina provincia de La Rioja, gobernada por el también peronista Ricardo Quintela, en Anillaco y Castro Barros. Según testimonios de varios vecinos, irrumpieron en la cotidianidad de sus localidades tropas de guerra que efectuaron simulacros de combate, con presencia de vehículos pesados y helicópteros.
Nada de esto puede ser leído al margen de la incorporación de nuestro país al Escudo de las Américas, un acuerdo político-militar con el que Washington acentúa su dominio en el continente bajo el paraguas de la Doctrina de Seguridad Nacional para combatir al “narcotráfico y al terrorismo”. Esa misma doctrina que el régimen de Donald Trump puso en marcha con el bombardeo a Caracas y el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y su compañera y diputada Cilia Flores. La misma también en la que se apoyó en la década del setenta el criminal Plan Cóndor en nuestro país y la región.
